Setenta días después

Barrios populares: un protocolo que llega tarde y deja muchas dudas

La Ciudad presentó finalmente un protocolo sanitario para las villas. Lo hizo este viernes, en cumplimiento de una cautelar, y 70 días después de declarada la emergencia por el COVID-19. El texto deja aún más expuesto al Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta: referencias generales, ausencia de datos concretos en la implementación de las medidas y mentiras en cuanto a la participación de las organizaciones y el servicio de agua potable.

La administración de Horacio Rodríguez Larreta presentó finalmente un protocolo de acción y prevención del coronavirus para los barrios populares. Fue este viernes, sobre el filo del plazo que el juez en lo Contencioso Administrativo Darío Reynoso le había impuesto como límite para hacerlo, bajo amenaza de multas para los ministerios de Salud y Desarrollo Humano, y 70 días después de haberse declarado la emergencia sanitaria en todo el país.

Más que a un protocolo, el texto -de 11 páginas- se asemeja a un repaso de las distintas acciones y medidas que se fueron tomando sobre la marcha, a medida que los focos iban apareciendo y los problemas se iban acumulando. Algunos de los programas citados como parte de un plan de acción premeditado fueron en realidad organizados en pleno crecimiento de los contagios, como el Operativo Detectar, que comenzó a implementarse a principios de mayo y en coordinación con funcionarios del Gobierno nacional.

Otras de las medidas citadas, como la instalación de cámaras térmicas, “para agilizar el chequeo de síntomas compatibles con COVID-19”, según detalla el documento, recién empezarán a aplicarse a partir de este fin de semana, tal como adelantó este viernes el propio jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

En ningún tramo del documento se especifican las fechas de la entrada en vigencia de las medidas. El aislamiento de los contactos estrechos y la detección de los casos sospechosos, por ejemplo, se demoraron al menos dos semanas desde que se confirmó el primer caso, a fines de marzo. Ese era, de hecho, uno de los puntos que criticaban con más énfasis la oposición porteña y las organizaciones sociales. Así se lo plantearon en las reuniones que mantuvieron la semana pasada distintos referentes, encabezados por Nacho Levy de La Poderosa, al propio presidente Alberto Fernández.

A inicios de esta semana, el juez Reynoso había ampliado una medida cautelar, que ya estaba vigente para las villas de las Comunas 4 y 8, hacia el resto de las barrios. El fallo, durísimo, explicitaba que “no existe un protocolo específico de acción y prevención en materia de COVID-19 en las villas de la Ciudad”. De esta forma obligaba al Gobierno porteño a diseñar y presentar uno con fecha límite de este viernes, bajo amenaza de sanciones y multas para las carteras que conducen Fernán Quirós y María Migliore. También le exigía, mientras tanto, reforzar la entrega de elementos preventivos de higiene y garantizar el agua potable para las viviendas de todos los barrios y asentamientos.

El problema de la falta de agua es otro de los puntos flacos del “protocolo”. El texto enumera la “ampliación y refuerzo de la provisión del servicio de emergencia” y la presencia de “un camión por barrio para los barrios 31, 21-24, 20, 15 y Padre Rodolfo Ricciardelli” y de otros “tres camiones para reforzar los demás barrios populares”. También, la “provisión, en caso de requerirse, de bidones de agua de 3 lts por parte del GCBA”. Pero no cita en ningún tramo las obras que debió haber terminado la Ciudad para la Villa 31, que estuvo sin agua durante doce críticos días, entre el 25 de abril y el 6 de mayo.

Por estos días, además, se espera que llegue a los tribunales de Cámara la insólita apelación del Ejecutivo porteño a otra cautelar, semejante en cuanto a la urgencia, que le exige diseñar un plan de contingencia para brindar agua potable a las manzanas no urbanizadas donde escasea o falta el servicio. La medida había sido solicitada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que además le presentó a la ministra Migliore un documento detallado sobre los distintos puntos de las villas porteñas donde falta el servicio.

Finalmente, otro de los puntos que despertará polémica es el apartado sobre la “coordinación interministerial y barrial”. Allí se sostiene que los funcionarios coordinaron cada una de las medidas con las organizaciones de base, curas villeros y agrupaciones políticas de los barrios, las mismas que desde el primer día denuncian que el Ejecutivo les dio la espalda.