Abrís el celular, bajás la aplicación, ingresás tus datos personales, aceptás los términos y condiciones, permitís que la App acceda a tu ubicación, al micrófono y a tu galería. A continuación y en forma inmediata, alguien en cualquier lugar del mundo dispone de esos datos personales y tiene en sus manos la posibilidad de prevenir una pandemia o de controlar tus conversaciones privadas.
La pregunta por los dispositivos de control, el acceso a los datos personales y su posterior uso político, sanitario o de seguridad revivió al calor de la pandemia. Y las primeras alertas llegaron de oriente. Una de las principales herramientas sanitarias que utilizó el gobierno chino para el combate del COVID-19 fue un sistema de entrecruzamiento de datos biométricos, de posición y de movilidad que se intercambiaban entre el Ministerio de Transporte, el de Salud y las fuerzas del orden.
Claramente, el sistema no fue una creación heroica y espontánea: China ha venido desarrollando una arquitectura digital desde hace más de 25 años que le permitió contar con la capacidad instalada necesaria para poner en marcha la aplicación del “semáforo” que alertaba en el propio teléfono móvil sobre la posibilidad de contagio por medio de un código de colores delimitado en verde, amarillo y rojo.
Toda tecnología es social y, por ende, está ligada a un modo de producción y sus instituciones. En el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, este modo de producción es aún más asimétrico que en otros sectores. El mercado de las tecnologías es altamente concentrado, multinacional, integrado verticalmente y convergente, se posiciona por encima de las normas estatales y se mueve impulsado por un afán de lucro y expansión comercial.
Las preguntas por la gobernanza de Internet, el uso de datos personales, los mecanismos de control social y la utilización de tecnologías de cibervigilancia, abren la posibilidad de pensar las posibilidades y restricciones que tienen los Estados para desarrollar políticas en la materia. ¿Es posible pensar políticas de datos soberanas para los países de América Latina?
Mientras que en China el Estado diseñaba políticas públicas con el acumulado de una constante e incisiva recolección de datos, fue la multinacional Google quien facilitó en nuestra región la información de los ciudadanos y las ciudadanas a distintos gobiernos. En otras latitudes se repetía el mismo esquema. En Austria, por ejemplo, el operador móvil más grande del país, A1, se vio obligado a poner a disposición los datos de sus más de cinco millones de usuarios. Y los gigantes de Internet, Google y Facebook, negocian con el gobierno de Donald Trump la posibilidad de brindar los datos de millones de usuarios.
La situación nos introduce en una temática abordada por la economía política de la comunicación. ¿Quiénes son (y quienes deberían ser) los dueños de esos datos de vital importancia? ¿Es posible desarrollar un plan a mediano plazo que permita construir una arquitectura sólida y soberana a nivel regional? ¿Existen mecanismos que posibiliten el acceso comunitario a los datos personales?
¿De quiénes son los datos?
Actualmente, mutinacionales transfronterizas realizan una vigilancia permanente del consumo a través del uso de datos. Ejercen la censura previa, no están sujetas a leyes nacionales, tienen un comportamiento monopólico y se valen de una arquitectura secreta para limitar y normativizar los intercambios. Hoy Google decide lo que podés leer, Instagram a quién vas a mirar y Netflix la oferta de película que vas a ver a la noche. Todo eso en base a la acumulación de información personal de los ciudadanos. Esta situación nos lleva casi a una pregunta obligada: si la vulnerabilidad de los datos es inevitable, ¿en manos de quién debiera estar la regulación y el uso de esa información?
La Coalición Just Net (JNC – por una Internet Justa y Equitativa) apunta a responder este interrogante en su reciente «Manifiesto por la Justicia Digital», presentado en noviembre pasado en el Foro de Gobernanza de Internet realizado en Berlín. La organización aborda el debate y propone la propiedad comunitaria de los datos. Entrevistado por la periodista Sally Burch, el director ejecutivo de IT for Change (India) y miembro fundador de la JNC, Parminder Jeet Singh, señaló que “el debate público suele centrarse en los derechos individuales, la privacidad y la seguridad” pero también resaltó el peso central de la economía de los datos. Parminder destacó que vivimos atravesados por “una economía digital en la que la riqueza y el poder empresarial se construyen precisamente en base a la acumulación, el procesamiento y la monetización ilimitada de todo tipo de datos”.
«La clave estará en cómo replegar el avance de las tecnologías de vigilancia»
Ninguna tecnología es inocente, por lo que la pregunta por el control de los saberes y la infraestructura material vuelve a aparecer sobre el tapete al calor de la pandemia. Si nuestra libertad de acción y elección no es libre de restricciones, el debate debería girar en torno a quién controla esos mecanismos y la posibilidad de disputa de los mismos.
Las tecnologías de datos reproducen la idea central del capitalismo: la tensión entre el capital y el trabajo, el derecho a arrogarse la propiedad privada de los datos por parte de las empresas, fundado en el privilegio que otorga la inversión inicial, el riesgo y el capital invertido. Todo esto en una maniobra que encubre las desigualdades estructurales, las brechas de acceso, uso y apropiación, y las diferencias abismales entre el desarrollo y la arquitectura tecnológica de los países centrales y los periféricos.
Las consecuencias de la pandemia abren y amplifican algunos debates ya presentes: ¿es posible pensar una regulación nacional e internacional de Internet? ¿Argentina y el resto de los países de la región están preparados para implementar la utilización de grandes volúmenes de datos para aplicar en políticas públicas? Las preguntas son varias y todas atravesadas por la necesidad de achicar las brechas digitales existentes en nuestras latitudes y orientadas a pensar el desarrollo de la capacidad productiva nacional y regional. Y, para todo ello, hay una única premisa básica: la inversión en ciencia y tecnología como piedra angular del desarrollo de sistemas nacionales justos, eficaces y transparentes en la utilización de datos. El resto, sino, será la condena a las restricciones que imponga el mercado.
