A 33 años de la Masacre de Budge, en la que tres suboficiales de la policía bonaerense asesinaron a Oscar Aredes (19), Willy Argañaraz (24) y Agustín Olivera (26), tres jóvenes que se encontraban conversando mientras tomaban una cerveza en la esquina de Guaminí y Figueredo, en la localidad de Ingeniero Budge, El Grito del Sur dialogó con María del Carmen Verdú, referenta de CORREPI, acerca de la situación que atraviesa la Argentina en un contexto en el que son las fuerzas de seguridad quienes han sido las designadas para hacer cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio. «El mismo día en que se conoció el DNU 297 de este año y se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio y con ello se anunció que los encargados de implementarlo eran las fuerzas de seguridad, desde CORREPI dijimos que esto iba a potenciar como toda situación de excepción lo que ya existe y vamos a estar ante una avalancha de hechos represivos a lo largo y ancho del país«, explica Verdú.
Desde el inicio de la cuarentena, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) viene realizando reportes diarios que dan cuenta de los diversos hechos de violencia y abusos de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad. Detenciones arbitrarias, imposición de tormentos, golpizas, represión a los sectores más organizados y un incremento de la presencia policial en las barriadas populares son algunas de las cuestiones que identifican desde la organización. Asimismo, denuncian que las fuerzas de seguridad intervienen y actúan de forma diferenciada dependiendo el barrio del que se trata, adoptando «prácticas arbitrarias» que perjudican mayoritariamente a los sectores más humildes.
Para brindar herramientas que sirvan para sortear esta situación, la organización antirrepresiva efectuó recomendaciones al momento de circular por la vía pública y abrió sus canales de difusión para recibir denuncias de distintas partes del país sobre el accionar de los uniformados. Las mismas fueron publicadas en la página web de la Coordinadora y tienen por objetivo proveer de información a las personas para evitar las irregularidades antes mencionadas.
Esta iniciativa parte también para dar respuesta a las dificultades que se presentan, por ejemplo, en San Juan y distintas jurisdicciones del país donde trabajadores y trabajadoras han sido condenados por realizar protestas para exigir el cumplimiento de los derechos y las garantías laborales que les están siendo vulneradas. En el caso de la provincia gobernada por Sergio Uñac -cuenta la referente de Correpi-, se institucionalizó un sistema aplicando el procedimiento de flagrancia y se empezaron a dictar condenas con juicios abreviados, llegando a acumular al día de hoy un total de 500. El reporte número 37 incluso, correspondiente al día de ayer, menciona también lo sucedido en las provincias de Córdoba, Chaco y Santa Fe, donde las policías provinciales reprimieron y detuvieron a trabajadores que se encontraban reclamando en la vía pública.
Por otra parte, en Salta se emitió un DNU provincial que aplica un «régimen sancionatorio excepcional» donde la policía es quien detiene, juzga y condena, «sin posibilidad de defensa técnica y sin intervención del Poder Judicial«.
Consultada por el debate abierto con agresividad en los grandes medios de comunicación sobre la situación de las personas que permanecen privadas de su libertad en nuestro país, María del Carmen Verdú ofrece algunos datos para analizar la cuestión de manera integral: en el año 1999 había unas 34 mil personas detenidas en las cárceles argentinas, cinco años después -luego de la enorme crisis política y social del 2001- el número asciende a más del doble (aproximadamente unas 70.000), y una década y media después la cifra llega a los 120 mil, un valor al que se le suman entre 12 y 14 mil más que se encuentran en comisarías y distintos dispositivos de detención.
A esto Verdú le agrega que el común de los penales registra un nivel de sobrepoblación que oscila entre el 20 y el 40 por ciento, y datos que revelan que el 70% de las personas no están detenidas por delitos graves. «No están acusadas de gravísimos hechos, aberrantes violaciones, femicidios, homicidios, masacres multitudinarias, sino que están acusadas por delitos contra la propiedad y en la mayoría de los casos sin violencia sobre las cosas», explica. Y agrega: «O las causas caratuladas como narcotráfico donde sistemáticamente lo que tenés es el narcomenudeo, porque por ejemplo en las muchísimas causas que hay con la imputación de transporte para comercialización lo que tenés del otro lado es una mula, no un cartel. Ese está muy tranquilo viviendo en Nordelta».
En un contexto en el que -según Correpi- más del 50 por ciento de las personas en cárceles presentan factores de riesgo y donde hace dos meses los propios detenidos y detenidas pidieron la suspensión de las visitas para evitar la elevada circulación de gente y el posible contagio del COVID-19, distintas organizaciones denuncian irregularidades, falta de condiciones de higiene, salud y alimentación básica y una doble vara para la concesión de prisiones domiciliarias. «En lugar de vaciar los pabellones hacinados en Mendoza largaron 12 genocidas, que tienen médico particular que los va a haber una vez por semana», denuncia Verdú.
En contracara, la activista denuncia una situación alarmante en la Ciudad de Buenos Aires que involucra a tres oficiales de la fuerza policial creada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta: «A raíz de la pandemia nos enteramos que los tres policías de la Ciudad que fusilaron el 1º de octubre a Carlos Romano, el remisero de Villa Crespo, -que ya veníamos denunciando que no estaban presos, a pesar de que van a juicio dentro de muy poquito apenas se levante la feria por homicidio doblemente calificado- no sólo están libres sino que siguen trabajando en la Policía de la Ciudad. Es decir, no los echaron y cualquiera de ellos puede ser el tipo que te pare en una esquina de Villa Crespo para preguntarte a dónde vas y detenerte».
«Acá no hay ninguna polémica; por el contrario, lo que hay en todo caso es mucha hijayutez de gente que utiliza esta situación para salir a hacer una campaña llena de mentiras y falsedades», sentencia Verdú.
