Si abril se hizo cuesta arriba para los inquilinos y las inquilinas que perdieron una parte o la totalidad de sus ingresos laborales producto de la cuarentena, mayo arribó como una parada imposible en el sentido de poder afrontar obligaciones como el pago de los alquileres. Algunos sondeos dieron cuenta de esta dificultad en todo el territorio del país, dado que -según la Federación de Inquilinos Nacional- el 41,9% de éstos no pudo abonar el alquiler de abril por falta de dinero. En cuanto a la CABA, el Colegio Profesional de los Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) planteó en un informe que el 82% de los inquilinos pagó su alquiler de vivienda en abril, y que el 25% lo hizo con diferimiento.
Sin embargo, a medida que transcurren las semanas la situación económica se va agravando aún más para la mayoría de los inquilinos y la creciente preocupación se hizo sentir con llamados desesperados a diferentes organizaciones que se ocupan de la problemática de la vivienda. El Programa de Atención de Inquilinos, correspondiente a la Defensoría del Pueblo de CABA, dio cuenta ayer que entre el 20 y el 30 de abril recibieron 620 consultas (más de 60 por día) y que “prácticamente la mitad estuvo vinculada a dificultades para afrontar el pago y al incumplimiento del decreto que protege el acceso a la vivienda durante la emergencia sanitaria”.
De acuerdo con el reporte de la Defensoría, el 25% de los llamados tuvo que ver con inquilinos que terminan su contrato y se les exige firmar uno nuevo, con aumentos de entre el 50 y el 100%, lo cual viola la prórroga de 180 días establecida por el Decreto 320/20. Otro 20% de las consultas estuvo relacionado con dificultades para pagar el alquiler: “Inquilinos que pidieron préstamos para pagar abril, que hicieron abonos parciales, o bien que sufrieron una caída de hasta el 50% de sus ingresos o que directamente perdieron su trabajo y, ante la imposibilidad de pago, piden a las inmobiliarias terminar los contratos”.
En el marco de estas dificultades que acucian no sólo a la Ciudad de Buenos Aires sino también a otros lugares del país, la Federación de Inquilinos Nacional (FIN) tuvo una reunión online el pasado fin de semana con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, para transmitirle propuestas concretas del sector y pedir al Estado que pague los alquileres adeudados. “Es urgente que -declaraciones juradas y cuenta bancaria mediante- el Estado abra un registro de personas que impagan alquileres con causa y transfiera directamente al locador el monto correspondiente. Alquiler que no se paga es otra familia en la calle”, expresó Gervasio Muñoz, presidente de la Federación que nuclea a agrupaciones de inquilinos en todo el país.
Entre las problemáticas mencionadas, también se encuentra el tema de los vencimientos de contratos de alquileres. En la Ciudad se estima que existen cerca de 17 mil y, por esta razón, la Federación de Inquilinos Nacional presentó un protocolo para mudanzas contemplando situaciones de violencia de género y riesgos de salud. “Hay que ser muy cautelosos con lo que se permite, porque el mercado inmobiliario quiere que se habiliten las mudanzas a mansalva, para que quede nulo el cumplimiento del Decreto 320, y empezar a desalojar de forma ilegal a millones de inquilinos”, advirtieron.
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