El ocaso de Diego Fernández, responsable de la urbanización en la 31

Poca agua, mucha interna

Los días en que la Villa 31 estuvo sin agua dejaron al descubierto internas políticas en la Ciudad y expusieron como nunca al titular de la Secretaría de Integración Social y Urbana, Diego Fernández. Reproches de todos lados hacia el responsable de la urbanización por las obras inconclusas y el tiempo perdido.

Cuando se desató la crisis por la falta de agua en la Villa 31 durante los diez críticos días en los que el coronavirus comenzó a circular por el barrio, la titular de Aysa, Malena Galmarini, hizo malabares para no cruzar a Horacio Rodríguez Larreta. Si bien la poca presión en las canillas se originó en un problema técnico en la planta de Aysa de “San Martín”, estuvo claro desde el principio que el mayor peso lo cargaba la Ciudad, responsable en última instancia de las redes internas del servicio y, sobre todo, de dar respuestas a los reclamos de vecinos y organizaciones sociales, que por esos días denunciaban a viva voz el abandono del Estado. Desde un primer momento, Galmarini se cuidó de no señalar al Jefe de Gobierno, con quien ella y su marido, Sergio Massa, cultivan desde hace años una muy buena relación política, reforzada ahora por la concordia “oficialismo-oposición-que-gobierna”. Y se ocupó de mostrar una gestión colaborativa del problema, agilizando las obras inconclusas.

Sin entrar en demasiados detalles técnicos, Aysa y la Secretaría de Integración Social y Urbana -órgano encargado de invertir los millones del BID y el Banco Mundial para la urbanización- coincidieron en la explicación sobre el origen y la solución del conflicto. Fue a través de un comunicado conjunto, tras una primera reunión el 6 de mayo. “Mañana mismo, desde el Gobierno de la Ciudad comenzamos a hacer las conexiones que quedaban pendientes entre los caños troncales de la red de agua y los caños internos de la red de distribución del barrio”, afirmó el secretario de Integración, Diego Fernández, asumiendo la responsabilidad, en un tono que sonó a disciplinamiento.

Ahora que las obras están en marcha y los vecinos tienen agua, provenga de las canillas o de los miles de sachets que se repartieron, el foco de las críticas está puesto en esos diez días perdidos, que de haber sido afrontados con las condiciones mínimas de higiene, hubieran tal vez morigerado la implosión de contagios, más de 700 al día de hoy. Incluso, en el entorno de Galmarini recuerdan que la Navidad pasada, cuando el coronavirus no era más que una ficción, en la Villa 31 tampoco hubo agua, lo que debería haber funcionado como una advertencia. “Dejaron pasar el tiempo, jugaron mal, como si buscaran a alguien de afuera para responsabilizar”, conjeturan.

La ministra Maria Migliore y el secretario Diego Fernández, esta semana en la 31.

Depende quién lo diga, ese tiempo crítico se perdió por distintas razones. En el entorno de Galmarini le apuntan a al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, por priorizar su interna con Diego Santilli. Otras voces del propio Ejecutivo de la Ciudad le restan peso a esa afirmación y, en cambio, reconocen que hay una historia de no muy buenos resultados en la urbanización del barrio, cuyas consecuencias se ven hoy. Esos dardos apuntan, sin querer queriendo, a Diego Fernández.

El funcionario responsable de la urbanización está en la mira desde que Juntos por el Cambio perdiera por paliza las elecciones en el barrio. Pese a los millones invertidos, la boleta de Macri-Rodríguez Larreta no superó el 20 por ciento de los votos, en las mismas escuelas donde el Frente de Todos arrasó. En las cabezas del Pro se iluminó una comparación de los resultados de la urbanización en la 31 con la que encaró el Instituto de la Vivienda (IVC) en la Rodrigo Bueno. Y operaron cambios.

Allí se produjo el nombramiento de María Migliore, entonces funcionaria del IVC, como ministra de Desarrollo Humano y Hábitat. Migliore, junto a Juan Maquieyra, uno de los referentes de la juventud Pro, había consolidado una buena relación con los movimientos sociales, e incluso logrado elogios del dirigente del MTE, Juan Grabois. No se puede decir lo mismo de Fernández, cuya gestión terminó por dividir a la 31 en dos bandos fuertemente encontrados, entre quienes lo apoyan y quienes no. Incluso al día de hoy, las organizaciones le reprochan por darle la espalda al comité de crisis creado para afrontar la pandemia, compuesto por curas villeros, comedores populares, organizaciones de base y políticas.

Desde el 10 de diciembre, la Secretaría de Integración Social y Urbana pasó de depender de la Jefatura de Gabinete a funcionar bajo la órbita de Migliore. Perdió autonomía. Sin pelos en la lengua, en el entorno de Migliore hablan de un “cambio cultural” que iba a darse en las formas de operar de la Secretaría y también en el modo de relacionarse con los vecinos. Ese proceso se vio truncado -según dicen- por la emergencia, que obligó a priorizar la gestión.

También con Fernández hay diferencias de historia política. Ex Ceo de una cadena de Sushi, Fernández proviene del “G-25”, uno de los think thank del Pro, diseñado para acercar empresarios a la gestión pública. Uno de sus directores y fundadores es Guillermo Dietrich, que se mantiene como fiel ladero de Mauricio Macri. Nada más lejos de lo que aspira a construir el larretismo.

“María tiene, en muchas cuestiones, más puntos de acuerdo con algunos legisladores de la oposición que con algunos miembros del ala dura de Juntos por el Cambio”, explican cerca de la ministra para graficar las diferencias.

Por ahora, en el Gobierno porteño niegan que Fernández vaya a renunciar o sea separado de su cargo. Esta semana fue el encargado de recibir todas las facturas de la oposición, durante la sesión virtual de la comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. Allí, volvió a cargar contra Aysa y dejó una frase para enmarcar: «La 31 tiene la mejor red de agua potable entre los barrios vulnerables de Argentina».