“Seis meses más”. Los funcionarios del Gobierno porteño le dijeron por teléfono, la última semana de abril, que ése era el tiempo probable de espera. Ramona Medina no estaba conforme con la última oferta que le habían hecho, y seguía exigiendo que la vivienda que le fuera asignada tuviera el espacio suficiente y una adaptación de los ambientes acorde a las necesidades de una de sus hijas, Guadalupe, con más de una discapacidad severa. Ya no podía seguir esperando: llevaba dos años insistiendo en el mismo reclamo, no tenía agua en su casa y ya se habían confirmado los primeros casos de coronavirus en la Villa 31.
La militante y comunicadora de La Poderosa, por esos días, se había convertido en la portavoz del reclamo colectivo del barrio por mejores condiciones para cuidarse de la pandemia. El problema no sólo era la poca o nula presión de agua en las canillas, sino tener un lugar donde hacer la cuarentena que no fuera una habitación de 26 metros cuadrados con baño compartido para varios grupos familiares, como era su caso y sigue siendo el de muchos otros.
Recién cuando la voz de Ramona se viralizó y la crisis sanitaria en la 31 tomó estado público, esos seis meses se redujeron, por arte de magia, a una semana. Los mismos funcionarios que pateaban el problema hacia adelante aparecieron con la oferta de la vivienda que ella y su familia necesitaban después de verla y oírla en la televisión. Luego que mediara, además, un oficio del Ministerio Público de la Defensa, agilizaron los trámites y cerraron un acuerdo el 6 de mayo.
Pero ya era tarde: la última reunión entre la familia y la Secretaría de Integración Social y urbana, en la que se ultimaron los detalles del plano del baño, que debía ser reacondicionado para Guadalupe, fue el 11 de mayo. Esa misma noche Ramona fue internada con problemas respiratorios en el Muñiz, donde falleció una semana después. Los títulos de propiedad todavía están sin firmar, porque el resto de los adultos de la familia siguen hospitalizados con coronavirus.
“Lo que más nos duele de todo ese proceso es que la trataron como si tuviera un capricho, no un derecho. La trataron de forma inhumana”, describieron desde La Poderosa a El Grito del Sur.
En uno de los textos que Ramona escribió para las redes de La Garganta, titulado “Así no se puede vivir”, el 29 de abril, cuenta cómo vivió ella misma esos días de negociaciones con el Gobierno porteño. “Desde el censo de 2016, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conoce mi situación y hace dos años les vengo implorando una solución habitacional dentro del marco de la urbanización, y no toman como prioridad a las personas con discapacidad. Vimos una de las casas donde la silla de ruedas no pasaba por la puerta, no había rampa, el baño no estaba acondicionado para que entrara la silla, ya que no la podemos bañar parada. Como si esto fuera poco, me dijeron que los arreglos correrían por mi cuenta y que perdería la garantía de la vivienda en caso de remodelar. Después de que salí en Televisión Pública contando mi situación, me llamaron inmediatamente desde la Secretaría de Integración Social y Urbana para hacerme una nueva oferta, pero al coordinador de las relocalizaciones le expliqué que no cumplía las necesidades de mi hija y comenzó a tratarme mal: «Vos no estás para pensar», «sos una mala madre porque no te interesa, ya que seguís esperando» y lo último que me dijo fue «con vos, histérica, no puedo hablar». Y me cortó”.
DEL BAJO AUTOPISTA A LAS VIVIENDAS DE YPF
Ramona vivía en una de las manzanas bajo la Autopista Illia, cuyo tramo sobre la 31 abarca unos 800 metros. La Secretaría de Integración, que conduce Diego Fernández, tenía previsto terminar el año pasado con la relocalización de unas 800 familias de ese sector hacia las nuevas viviendas construidas sobre los ex terrenos de YPF, a pocos metros del nuevo Ministerio de Educación porteño, uno de los símbolos de la urbanización. Pero incluso hoy, que sigue realizando mudanzas a contrarreloj, no lo consiguió. Más de la mitad están vacías. Pese a que costaron 1100 millones de pesos en deuda pública, buena parte de los supuestos beneficiarios las miran con recelo y no están convencidos de habitarlas. Los reparos son muchos, y abarcan desde la letra chica de la hipoteca, que puede dejarlos en la calle en tres meses, hasta la falta de contemplación del desglose familiar. Algunas familias en particular, a su vez, necesitan arreglos específicos para personas con discapacidad o enfermedades severas.
Entre ellas se encontraba la familia de Ramona. Además de Guada, que tiene los síndromes de West y de Aicardi, patologías que le generan convulsiones y no le permiten hablar ni caminar, convivían en la misma casa Alexis, su marido, su otra hija, Maia, y dos de sus sobrinos, Damián y Soledad. También, en otra unidad, su suegro, que tiene problemas coronarios.
El baño lo compartían doce personas. Desde el primer censo para los reasentamientos, de 2016, a Ramona le correspondían dos viviendas para sus dos grupos familiares, y por lo tanto, debía hacer dos mudanzas. La primera de las dos ya estaba lista para habitar; la segunda, que debía adaptarse todavía para que pudiera habitarla Guada, podía demorar. Ramona y el Ministerio Público de la Defensa inistieron, a fines de abril, en hacer una primera mudanza hacia la casa habitable, para descomprimir el hacinamiento de la familia en plena pandemia. Pero el Gobierno de la Ciudad también ponía resistencia en ese proceso: pedía esperar, entre 30 y 60 días, para que se mudara todo el grupo familiar, más interesado en tomar posesión de la casilla del bajo atuposita, obsesionado con su control territorial, que en la salud de la familia.
“Intervinimos a fin de que se remuevan los obstáculos administrativos para separar a ese grupo familiar en dos e iniciar cuanto antes la relocalización de alguno de los dos “subgrupos” familiares, actividad necesaria para descomprimir el hacinamiento de la familia, pero sobre la que se había registrado resistencia del Gobierno de la Ciudad”, explicaron desde el Ministerio Público.
“Los argumentos que exponía el GCBA era que debían mudar a todo el grupo familiar junto a las dos viviendas que les correspondían, para poder ellos disponer de la vivienda de la familia de Ramona situada en el Bajo Autopista. Sin embargo, luego de la actuación de la Defensa, accedieron a mudar a un grupo familiar para descomprimir el hacinamiento de forma inmediata, aunque el otro grupo familiar tuviera que esperar un poco más por cuestiones administrativas”, detallaron.
En el medio, se perdieron días valiosos que terminaron en el desenlace conocido.
EL CONFLICTO DEL BAJO AUTOPISTA
Uno de los argumentos que usó el Gobierno porteño para negarse a la mudanza de la familia de Ramona era tener el control de la casilla que habitaba bajo la autopista, territorio sobre cuyo control recela desde que empezaron los reasentamientos. De hecho, en el contrato que firman las familias antes de mudarse figura la entrega a la Ciudad del terreno que se abandona. En ese punto se encuentra una de las trabas que hasta ahora dificulta el proceso: muchos vecinos creen que el valor de las nuevas viviendas no supera el de las casillas que ocupan. Muchos, incluso, ni siquiera se sientan a negociar con los funcionarios.
“En 2016, cuando empezaron a construir, nos prometieron que las viviendas nuevas iban a ser mejores que las que tenemos. En mi caso, no es así, eso nunca se cumplió. Por eso yo no me quiero mudar”, le contó a este medio Lesly Rojas, una de las vecinas del Bajo Autopista que forma parte del grupo que encabeza la resistencia.
“Además, nadie nos garantiza que a poco de mudarnos no nos saquen la casa. El contrato de la hipoteca decía, hasta hace poco, que si nos atrasábamos 3 meses el gobierno nos pagaba hasta 11 mil pesos el metro cuadrado, el valor supuesto de las casillas donde vivismos, y nos echa del barrio. Yo ahora no tengo trabajo, o sea que no podría pagar la cuota, ni hablar de los servicios. ¿Qué tendría que hacer, resignarme y dejarle todo lo mío a estos tipos? No”, agregó Leslyç.
Otra de las quejas de los vecinos que aún se niegan a mudarse es que, una vez que una familia accede, el Gobierno pasa con topadora sobre la vivienda vacía, dejando escombros a su paso. “Ya en marzo le pedimos al secretario Fernández que deje de demoler, porque produce rajaduras y filtraciones en nuestras casas, y deja basura y cacharros tirados por ahí, lo que favorece todo tipo de enfermedades. Acá, además de coronavirus, tenemos dengue y una plaga de ratas”, describe Lesly.
Por otro lado, y no menos importante, es que al ser beneficiarios de las nuevas viviendas, quienes viven bajo autopista son los únicos habitantes de la 31 que no acceden a los programas de mejoramiento de viviendas, que hubieran sido más que útiles para enfrentar la pandemia. Es que desde el principio, los planes de urbanización incluían desviar la traza de la Autopista Illia, iniciativa que quedó a mitad de camino. En el sector conocido como «Cristo Obrero», en la 31 Bis, pueden verse los postes de la estructura de lo que iba a ser la nueva traza, rodeados por los escombros de los que fueron tiempo atrás las casillas de muchas familias, que ahora habitan otro sector de viviendas populares, conocido como «Containera». A pesar que costaron millones, muchos vecinos que han sido relocalizados se quejan por la mala edificación.
Este año, Fernández renovó el contrato con la consultora HYTSA, por 850 mil dólares, para un servicio de recursos humanos para la relocalización del bajo autopista. Lesly dice que la Ciudad cambió de estrategia: antes los negociadores eran asistentes sociales, ahora son directamente abogados. “Cuando vienen con el discursito de la mudanza, preguntamos por el contrato y las condiciones. Titubean, se quedan callados. Nos boludean demasiado”, dice Leslie.
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