Ley Micaela en Tucumán

Los jinetes del jardín de la República

La polémica por la negativa a aplicar la Ley Micaela en Tucumán vuelve a denotar el peso que tienen los antiderechos en las provincias más conservadoras del país. Soledad Deza, abogada feminista de Mujeres x Mujeres, representante de Belén -la joven criminalizada por un aborto espontáneo- y autora de "Libertad para Belén" escribe al respecto.

Tucumán es la provincia más pequeña de Argentina, pero la más grande a la hora de cobijar conservadurismos religiosos entretejidos con el poder estatal. Las dos semanas que precedieron la aprobación de la Ley Micaela fueron una representación grotesca de esto y demostraron que, por momentos, Tucumán se parece más al infierno de El Jardín de las Delicias de El Bosco que al jardín de la República. En nuestra provincia, legisladores y legisladoras se dispusieron -y disponen- sistemáticamente a custodiar la autonomía sexual, a disciplinar los cuerpos y a perpetuar una subalternidad de género a través de una orfandad moralizante de leyes, o bien, de una avanzada tuteladora de normas.

La demora de 18 meses en adherir a una ley que obliga a agentes estatales a capacitarse en género, se ubica en sintonía con la demora de 18 años -sí, leyó bien, 18 años- en adherir a la Ley 25.673 de salud sexual y procreación responsable que asegura la provisión gratuita de métodos anticonceptivos para toda la población. En contraposición con este ocio legislativo, surgió un activismo legislativo que, en nombre de “la vida”, intentó fallidamente derogar los abortos contemplados en el Código Penal desde 1921 luego de la media sanción que obtuvo en el Congreso la ley de IVE.

Estos mismos jinetes de la Legislatura, mostraron sus peores lanzas esta semana al desplegar estrategias, discursos y zancadillas para burlar la ley.

A principios de mayo, cuando se corrió la voz de que había dictamen favorable para la adhesión lisa y llana -sin modificaciones- a la ley 27.499 y que se trataría en el recinto el jueves 14, oficialismo y oposición se organizaron para que en Tucumán el status quo del anacronismo y la misoginia se mantenga intacto y que no hubiera novedades, si fuera posible, de la ley Micaela. Fuerza Republicana tomó la posta de la moralina patriarcal y presentó un proyecto de ley donde encubría una objeción de conciencia a la igualdad quitando la palabra “género” de las capacitaciones y habilitando la posibilidad de, quien disienta con este enfoque de derechos humanos, no se capacite. Su máximo referente, Ricardo Bussi, aseguró “nunca haber escuchado que se mate a una mujer por el hecho de ser mujer”. Mientras tanto, 8 femicidios habían ocurrido en nuestra realidad desde el 17 de marzo en que empezó el ASPO.

Cuando de fundamentalismos religiosos se trata, en Tucumán nadie escatima, y un par de días después los legisladores Regino Amado (Partido Justicialista y ex Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia) y Raúl Albarracín (Unión Cívica Radical, actual Partido de la Justicia Social) redoblaron la apuesta y presentaron otro proyecto de ley llamando las cosas por su nombre, entre ellas, objeción de conciencia a la posibilidad legal de negarse a recibir capacitaciones. El movimiento de mujeres que tan rápidamente había reaccionado repudiando el proyecto de Fuerza Republicana, quedó un poco atónito al ver que el oficialismo podía estar -en cuestiones de género- aún más a la derecha que el partido fundado por el ex genocida condenado Antonio Domingo Bussi. Aún así, la reacción feminista en Tucumán fue enérgica y la reacción a nivel nacional del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad generó que el oficialismo deba presentar un nuevo proyecto.

Al tiempo que ponían y sacaban firmas de proyecto en proyecto, cambiaban dictámenes de Comisión sin necesidad y atendían llamadas telefónicas nacionales, ninguno de los actores estratégicos ensayó una sola línea sobre el impacto que trae aparejado el COVID-19 en el aumento de la violencia de género. Tampoco sobre el comunicado del 11 de abril en el que la Comisión Internacional de Derechos Humanos llama a los Estados a incorporar la perspectiva de género en la respuesta a esta pandemia y al combate de la violencia sexual intrafamiliar. Mucho menos hicieron mención alguna al secretario general de las Naciones Unidas, quien advirtió que -por el hecho de que las mujeres se encuentren atrapadas junto a parejas abusivas en cuarentena- existe un repunte global de la violencia doméstica, duplicándose en muchísimos países el número de mujeres que llaman a los servicios de asistencia. Nadie mencionó que las prestaciones sanitarias vinculadas a la salud sexual fueron declaradas “esenciales” por la Organización Mundial de la Salud y que el embarazo adolescente, que no baja del 19% en Tucumán, es otra violencia que requiere capacitación y educación.

El 21 de mayo amaneció nublado. La puerta de la Legislatura tenía como testigo inclaudicable al movimiento de mujeres tucumano. También estaba el movimiento conservador que había colgado de la reja de entrada una gran bandera celeste con su consigna “salvemos las dos vidas”, ignorando que UNICEF emitió una nota crítica en la que indica que, dentro de las 5 acciones centrales para atemperar las consecuencias sociales y económicas de salud pública de la pandemia en niños, niñas y adolescentes, es imprescindible “garantizar que la información sobre género esté disponible y sea procesable”.

El desenlace de esta novela de Migré bien podría titularse “hecha la ley hecha la trampa”. Es verdad que el último proyecto del oficialismo retiró la objeción de conciencia, conservó la palabra género y contempló como obligatorias las capacitaciones. Sin embargo, el mismo día que obtuvimos la adhesión formal a la Ley Micaela y el Gobierno asumió la obligación de capacitar en género a sus agentes del Estado, se le quitó el carácter de autoridad de aplicación al mecanismo de género que le correspondía esta tarea de control de contenidos y, en vez de ser la Secretaría de la Mujer quien supervise esta política, se diseñó una especie de “zona franca” para violar la ley: se le atribuyó esta facultad -bajo el disfraz de republicanismo- a la máxima autoridad de cada poder de gobierno. Más allá del nombre que se le ponga al festival, el pacto de caballeros para subordinar a mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias estuvo presente, reafirmando que los derechos históricamente periféricos en la agenda política son los más disputados en la agenda conservadora: la igualdad de género y la libertad sexual.

Sabido es que la violencia de género no es un problema privado de las víctimas, sino un problema político. La violencia de género tiene como cimientos el patriarcado, un orden cultural, económico, político, social y jurídico que estructuran desigualdad a partir de la diferencia sexual. En paralelo, los feminismos tucumanos -que son teoría y praxis- luchan por minar desde su base ese monstruo que se devoró a nuestras propias Micaelas y que nos devora un poco todos los días, cada vez que el machismo micro y macro de la política llama al género “ideología” y se niega obscenamente a des-aprenderse como violento.

En Tucumán, el Día de la Independencia, una feta de cartapesta bautizada “Mercedes” por los mismos que activaron públicamente para no capacitarse en género, desfiló junto a militares, estudiantes, policías, bomberos y trabajadores de la salud frente al palco de los Poderes del Estado. Lo bizarro convive en nuestra provincia pacíficamente con lo político y nos conduce de izquierda a derecha -y viceversa- todo el tiempo por un Jardín de las Delicias que haría poner colorado al mismo Bosco.