George Floyd apareció esposado y tumbado boca abajo, mientras la rodilla del agente blanco Derek Chauvin apretaba su cuello contra el suelo, indiferente al ruego del afroamericano que alertó en varias ocasiones sobre la imposibilidad de respirar. Fueron casi 9 minutos de asfixia que le costaron la vida a este hombre de 46 años, cuyo único delito habría sido la compra de algunos productos en una tienda de Minneapolis -importante ciudad de Minnesota, ubicada al norte de Estados Unidos- con un billete falso de 20 dólares.
El video de Floyd se viralizó por todo el planeta y las protestas populares se expandieron en el país durante los últimos cinco días, yendo desde la Casa Blanca a Atlanta, pasando por Nueva York, Dallas y Los Ángeles, generando destrozos e incendios en medio de fuertes enfrentamientos con la policía. No es la primera vez que la brutalidad policial contra un afroestadounidense se reporta en la región de Minnesota. En 2015, Jamar Clark fue asesinado a tiros mientras estaba siendo perseguido por oficiales de Minneapolis. En 2016, Philando Castile murió por los disparos de un oficial de policía en un vecindario a sólo 15 minutos del actual epicentro de la protesta. En 2017, Justine Damond también recibió disparos mortales luego de denunciar un delito sexual.
Las metodologías institucionales violentas, al estilo de la que padeció George Floyd (foto arriba), no son algo nuevo en Estados Unidos: de hecho, varios departamentos de policía han intentado prohibir o al menos limitar la práctica de estrangulamientos u otras maniobras en el cuello de las personas, que ya han ocasionado otras muertes de alto perfil mediático. Si bien los registros oficiales indican que la policía de Minneapolis no ha abandonado por completo el uso de las maniobras de dominación del cuello, el manual establece en este caso que las restricciones de cuello y los estrangulamientos sólo pueden aplicarse cuando un oficial se encuentra en peligro de muerte. La detención de Floyd, sin embargo, no produjo una situación de esta naturaleza.
En noviembre de 2018, la CIDH advirtió sobre el excesivo control policial de los afroestadounidenses y otros grupos históricamente marginados, que permite y fomenta la discriminación racial contra estas comunidades. Allí aparece el establecimiento de perfiles raciales como “la acción represora que se adopta por supuestas razones de seguridad o protección pública y está motivada por estereotipos de raza, color, etnicidad, idioma, descendencia, religión, nacionalidad o lugar de nacimiento, o una combinación de estos factores, y no en sospechas objetivas, que tienden a singularizar de manera discriminatoria a individuos o grupos con base en la errónea suposición de la propensión de las personas con tales características a la práctica de determinado tipo de delitos”.
La magnitud de las protestas muestra que la crítica está dirigida a los grandes poderes en su conjunto, puesto que varios manifestantes llegaron ayer por la tarde hasta la sede principal de la cadena de televisión CNN, ubicada en la ciudad de Atlanta, para romper ventanas, arrojar objetos al edificio y prender fuego otros elementos. Allí la policía dispersó a los atacantes con gases, y varios vehículos policiales también fueron incendiados. En ese lugar tan simbólico, apuntando contra la cobertura mediática desplegada, colgaron una bandera que rezaba: “La vida de los negros importa”.
Cabe señalar otros elementos de época que potencian el estallido social de estos sectores excluidos. Recientemente se conoció que Estados Unidos ya registra una tasa de desocupación de 14,7%, la más alta desde la Gran Depresión de 1930. Tan sólo en el mes de abril, el país perdió 20,5 millones de empleos por los efectos de la crisis del coronavirus. Sólo dos meses antes, en febrero, el desempleo alcanzaba un mínimo histórico del 3,5%. Esto habla de la gran fragilidad de la economía estadounidense, que hasta entonces había creado empleo durante 113 meses en forma ininterrumpida. Otra cuestión a destacar es el impacto superior que ha tenido la pandemia de COVID-19 para la población afro en este país. Ciudades como Chicago fueron clara muestra de esta (otra) desigualdad durante el mes de abril: si bien los negros son el 30% de la población, sufrieron aproximadamente el 70% de los fallecimientos por el coronavirus. En el sureño Estado de Luisiana, una de las zonas más castigadas, son igualmente una tercera parte de los habitantes, pero padecieron el 70,4% de las muertes.
Mientras tanto, las autoridades gubernamentales no ofrecen solución alguna. El presidente Donald Trump sostuvo desafiante que “cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos”, haciendo alusión a la frase proveniente de un policía blanco encargado de reprimir las protestas de los afroestadounidenses en su lucha por los derechos civiles durante la década de 1960. El precandidato presidencial demócrata y principal contendiente de Trump en las elecciones de este año, Joe Biden, se limitó a responder que Trump estaba “llamando a la violencia contra ciudadanos estadounidenses durante un momento de dolor”.
“No hay ningún orgullo en quemar tu propia ciudad”, protestó el alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, quien fue muy crítico de la represión policial pero, al mismo tiempo, exigió a los manifestantes afro que frenen una protesta que de a poco va convirtiéndose en una masiva rebelión contra los prejuicios y privilegios de la casta blanca que se extienden a lo largo de varios siglos de sufrimiento.
