En Santiago del Estero una niña de 12 años fue obligada a continuar con su embarazo, a pesar de que su caso entra dentro de los causales de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que contempla el Código Penal desde 1921. La joven se presentó el 2 de abril en la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) número 3 del barrio Villa Griselda en la ciudad de La Banda con fuertes dolores abdominales. Allí la derivaron a otro centro de salud, donde le dieron turno para hacerse una ecografía cuatro días después. Si bien en la ecografía se detectó un embarazo de 20 semanas, la coordinadora de la UFI N° 3 María de los Ángeles Pereyra escribió en el informe que se trataba de 26 semanas de gestación. Ni la niña ni su familia recibieron la información adecuada sobre salud sexual y reproductiva que garantiza el Protocolo Nacional de Aborto no Punible, que existe desde 2015 y fue actualizado por Ginés González García días después de asumir como ministro de Salud de la Nación. Además, no se contempló que en nuestro país siempre se considera que el embarazo es fruto de una violación en caso de que una menor de 13 años esté gestando. Según informó Página/12, cuando el caso llegó hasta el Ministerio de Salud, se continuó trabajando en base al informe que elevaron desde la UPA, por el cual se calculó que la joven atravesaba su semana número 30 de gestación, una situación que complica la posibilidad de acceder a la ILE.
Luis Santucho es Defensor Adjunto del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero. En diálogo con El Grito del Sur, explica: «Ésta ha sido una situación muy horrible, primeramente porque si hay un embarazo de una niña de 12 años es considerado un delito y después porque todos los profesionales saben que se deben comunicar a la comisaría o al Ministerio Público Fiscal y no lo han hecho. Nosotros tomamos conocimiento recién a finales de abril por fuentes que nos acercaron el caso. En ese momento nos enteramos que no había denuncia penal y entonces no podíamos hacer la cámara Gesell, ni podían intervenir los psicólogos de la Defensoría para que la niña pudiera tener el consentimiento informado y tomar ella la decisión de continuar o no con el embarazo. Nosotros hicimos la denuncia penal para que se tomen las medidas necesarias».
Santiago del Estero es una de las pocas provincias argentinas que no adhieren al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), lo cual aumenta el número de niñas embarazadas. Sin embargo, en el caso de María -el nombre ficticio que eligieron para preservar la identidad de la niña- la posibilidad de interrumpir su embarazo entra dentro de los causales que contempla el Código Penal en su artículo N° 86 desde el año 1921. La niña de 12 años es cartonera y su legajo del Sistema de Protección de la Niñez ya contaba con antecedentes de abuso de los años 2011 (cuando apenas tenía 3 años), 2013 y 2017.
«En la Defensoría casi el 40% de los casos giran en torno a los abusos sexuales infantiles que a veces vienen acompañados de embarazos de niñas y adolescentes. Nosotros venimos coordinando con los equipos del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud la aplicación del protocolo de ILE en los casos de abusos sexuales porque acá en Santiago aún no se ha implementado ni siquiera la última actualización del 2019. Santiago del Estero es una de las regiones más conservadoras, hay mucho que replantear y que discutir».
Natividad Nassif, ministra de Salud de esta provincia, aseguró que los médicos que podrían ser responsables del caso están siendo investigados. «A raíz de nuestra denuncia penal se va a investigar la actuación de la coordinadora de la UPA N°3 y de los profesionales que han intervenido en el caso que tendrían que dar explicaciones de por qué falsearon las semanas de embarazo. Además se han iniciado sumarios administrativos desde el Ministerio de Salud», informó la ministra.
La Campaña Nacional por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito informó que, según los datos del Ministerio de Salud a nivel nacional, el 47% de las niñas víctimas de abuso tienen entre 5 y 12 años; que exponer, demorar o no informar los derechos de las ciudadanas es una falta grave de los profesionales de la salud y, que en el ámbito internacional, la ONU decretó que la obligación de gestar y parir es considerada como trato degradante, inhumano y tortura.
“Nuestros reclamos son más fuertes que nunca. Seguiremos levantando la voz por María, por Lucía, por Belén y por todas las mujeres que son obligadas a poner su cuerpo para satisfacer deseos ajenos. Recordamos y expresamos enfáticamente la exigencia de que la provincia de Santiago del Estero debe adherir y garantizar el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, como así también, respetar la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en tanto en 2018 reafirmó el pedido a nuestro país: ‘Argentina debe asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y atención post aborto para niñas y adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones. No queremos más niñas víctimas de violación, ni obligadas a gestar embarazos no deseados”, expresaron desde la Campaña.
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