En los últimos días se desató una campaña virulenta desde los grandes medios de comunicación contra la presencia de vendedores ambulantes en el barrio de Once, mientras una parte de los comercios en las avenidas principales de la zona siguen con las puertas cerradas. Bajo la lógica de plantear que el comercio legalmente establecido se encuentra en supuesta desventaja con los «vendedores ilegales», nuevamente este sector de la economía popular -cada vez más golpeado por el parate de las actividades que trajo aparejada la pandemia- quedó en el ojo de la tormenta.
Sin embargo, a más de tres meses que se decretara el aislamiento obligatorio, la situación es mucho más compleja que acotarla a la simple «proliferación» de manteros por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de los vendedores ambulantes, la mayoría no ha tenido acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con lo cual no tuvieron otra opción que salir a realizar sus actividades laborales bajo la premisa de lograr el «mango» que les permita tener un plato de comida todos los días. Esta situación tuvo su pico más alto en el último mes a partir de las medidas de flexibilización de la cuarentena que aprobó el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
«Lo que fue cambiando en el último tiempo es que, a pesar de que su actividad no es considerada ¨esencial¨, los compañeros y las compañeras salieron igualmente a trabajar. Al principio sostenían el aislamiento, pero rápidamente esto se fue complicando. El IFE es una política interesante, pero tenemos muchos casos de compañeros que fueron rechazados o no tuvieron los medios para ingresar y entonces no tuvieron otra opción de reinventarse un poco en cómo trabajar pero sin salir. No hay otra opción», explica a El Grito del Sur Pablo Dorigo, coordinador nacional de la Rama de Trabajadores y Trabajadoras de Espacios Públicos de la UTEP.
Por su parte, el secretario general de Vendedores Libres, Omar Guaraz, asegura que «después de 100 días de cuarentena y de que el 80% de los vendedores ambulantes de todo el país no cobró el IFE, la situación es el hambre y la miseria más absoluta. Por esa razón, los vendedores salieron y de a poco las calles se fueron llenando. En ese contexto, tanto en Ciudad como en Provincia nos encontramos como respuesta con el encarcelamiento de los vendedores acusándolos de no cumplir la cuarentena. Hambre, cárcel y más criminalización para los vendedores».
El presidente Alberto Fernández anunció el viernes pasado junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) iniciará este miércoles 1 de julio una etapa de cuarentena estricta para frenar el creciente número de contagios por COVID-19. Según las estimaciones de la UTEP, más de 50 mil vendedores ambulantes, artistas callejeros, feriantes y artesanos desempeñan sus labores en la capital argentina y sus alrededores, cifra que probablemente se incrementará con la actual crisis. En ese sentido, la principal incógnita pasa por la capacidad de este sector para cumplir las nuevas medidas teniendo en cuenta la escasa ayuda que ha recibido en este tiempo por parte de los diferentes niveles del Estado.
Dorigo plantea que «ahora hay que ver cómo va a repercutir este retroceso en el aislamiento. En el Área Metropolitana, donde hay mayor concentración de compañeros y compañeras, está muy complejo todo porque la situación alimentaria no se está resolviendo. Entendemos la importancia de retroceder en el aislamiento, pero estamos hablando de un sector que nunca fue reconocido y que recién ahora vuelve a haber políticas estatales mínimamente para registrarlo con el RENATEP». En tanto, Guaraz señala que «la crisis se va a agravar. Hay más de 5 millones de personas de la economía informal que no cobraron el IFE. De los 8 millones que sí lo cobraron, se les entregó diez mil pesos a un solo integrante de la familia. Con ese monto no podés sobrevivir. Cuando vos sos gobierno y tomás la decisión política de una cuarentena, tenés que llegar a todas esas personas porque sino los estás literalmente condenando al hambre».
Los próximos 15 días serán un termómetro importante para conocer el acatamiento a la nueva fase de la cuarentena, aunque ambos referentes coinciden en que el cumplimiento va a depender de la ayuda que brinde el Gobierno. «Si no hay ninguna respuesta del Estado, los compañeros van a salir igual y va a existir la dificultad de que los detienen por el hecho de estar violando la cuarentena. Si no está la plata o los alimentos para parar la olla, se complica la situación», advierte el representante de UTEP. El líder de Vendedores Libres augura que «la cuarentena no va a cambiar nada para ellos, van a salir a sobrevivir en ese contexto de poca gente y ganarse algún dinero para comer. Lo que sí se va a intensificar es la represión y la cárcel para los vendedores».
«Somos un sector que estamos acostumbrados a exponernos y a que nos persigan. Si no hay una política real hacia nosotros, vamos a seguir siempre en conflictividad. Alguien desde el Estado, ya sea municipal o provincial, debe darnos alguna respuesta porque tenemos la voluntad de respetar y cumplir el aislamiento obligatorio, siempre y cuando podamos parar el hambre», concluye Dorigo.
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