A pesar de que el DNU 320/2020 los prohíbe hasta el 30 de septiembre, ayer por la tarde se produjo un intento de desalojo en un hotel del barrio de Flores ubicado sobre la calle Yerbal 3060. Verónica José Pineda, migrante embarazada de siete meses, encontró sorpresivamente sus pertenencias en la calle y la puerta de su habitación con un candado. Rápidamente acudió a la ayuda de la Fiscalía y diferentes organizaciones sociales, que finalmente llegaron a un acuerdo de palabra con el encargado del hotel para que Verónica dejara sus pertenencias allí aunque ella tuvo que pasar la última noche en la pieza de una amiga dentro del mismo establecimiento.
Verónica es una joven migrante que llegó al país hace dos años desde República Dominicana. Como una gran parte de la población, sus ingresos provenientes de la economía informal se vieron afectados con la llegada de la pandemia. Por eso acumuló una deuda de tres meses con el dueño del hotel donde vive y, a pesar de que le había expresado al encargado que no podía pagar en este momento por «falta de dinero», no se esperaba semejante respuesta. «Estaba en lo de una amiga y cuando regresé él ya había sacado mis cosas: la ropa, la cama y otras pertenencias. Le puso candado a la puerta y se quedó con mi placard. Me dijo que hasta que yo no le pagara, no me iba a devolver las cosas», relató Verónica a El Grito del Sur.
Una vez que se produjo el intento de desalojo, la situación fue de gran tensión porque -según contaron a este medio- la policía «le dio la razón» al encargado. La intervención de diferentes organizaciones, del INADI y la Fiscalía logró apaciguar las aguas, pero -habiendo incluso una resolución judicial que ordenaba al encargado del hotel restituir a Verónica su pieza-, ella se vio obligada a dormir en la habitación de una conocida dentro del mismo hotel. La afectada cuenta que «nunca pensé que él me iba a sacar mis cosas y ponerle candado a la puerta, más por mi estado de embarazo y sabiendo que no puedo trabajar en este momento. Él dice que yo estoy recibiendo ayuda del Gobierno pero no es así. Yo no tengo documento y no me dieron los 10 mil pesos». Hoy volverán a reunirse con el objetivo de que Verónica pueda ingresar nuevamente a su pieza y de esta forma no quedar en situación de calle.
Las diferentes organizaciones que acompañan a Verónica en este difícil momento denuncian que el circuito informal de alquileres promueve una «violencia» que da cuenta de la profunda emergencia habitacional en la ciudad más rica del país. «El Gobierno de la Ciudad es completamente consciente que estas situaciones se repiten día a día, y sigue sin haber una vía clara de cómo se hace cumplir el DNU 320 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sabemos que la situación es angustiante, que los desalojos se suceden dejando a merced del frío y el coronavirus a personas con un alto grado de vulnerabilidad», aseguraron.
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