La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a proveer Internet en todas las villas y a garantizar que todes les alumnes en situación de vulnerabilidad tengan un dispositivo móvil con conexión durante el tiempo que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El juez Roberto Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, estableció un plazo de cinco días para que el Gobierno porteño resuelva la situación. Las agrupaciones querellantes, entre las que se encuentran la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) celebraron el fallo.
«Esta sentencia judicial es un antecedente fundamental para toda América Latina», dijo a El Grito del Sur Sofía Véliz, abogada e integrante de ACIJ. El fallo, agregó la letrada, sirve para considerar Internet “como un derecho humano, pero que es interdependiente con otros derechos fundamentales como son la salud y la educación”.
Angélica Graciano, secretaria general de UTE, elogió la decisión de la Justicia y denunció que “el Estado de la Ciudad no está garantizando el derecho social a la educación”. “No poder conectarte por ningún medio hace que tu derecho social a la educación no se esté cumpliendo y, en el ámbito de la República Argentina, ese es un derecho obligatorio”, afirmó.
La dirigente gremial señaló que en las “grandes aglomeraciones barriales” de la Ciudad, donde en las últimas semanas hubo un aumento exponencial en casos de COVID-19, “se produjo una situación de aislamiento” vinculada al “nivel de desconexión: no tener WhatsApp, celular, Internet”. “Hay chicos que se caen del sistema porque no tienen las netbook para trabajar y en algunos barrios no tienen conexión”, agregó.
Garantizar la conectividad
En el fallo, Gallardo afirma que el GCBA deberá instalar “equipos tecnológicos de transmisión de Internet inalámbrica, similares a los que actualmente se encuentran dispuestos por el Gobierno en plazas y espacios públicos, en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándar mínimo de conectividad inalámbrica libre” en todas las villas, barrios de emergencia o asentamientos de toda la metrópolis porteña. “Tiene que disponer la instalación del Wifi, no es que debe estar completamente instalado”, aclaró Véliz.
La abogada de ACIJ afirmó que “es posible” que la administración del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, haga la instalación porque “en varias villas, como la 31, hay puntos de conectividad en las plazas”. “Cuando fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud (en 2018), instalaron un montón de antenas en esas zonas. En el amparo pedimos que haya puntos de conectividad, pero que también se avance con la infraestructura (de conexión) y que sea de calidad”, sostuvo.
En el caso de que existan impedimentos técnicos para cumplir con la instalación del servicio en los barrios, el fallo establece que el Gobierno porteño entregue “un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a Internet, a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes que concurren a establecimientos educativos de nivel primario”, independientemente de si se le entregó o no un equipo de computación.
Dispositivos para alumnes en situación de vulnerabilidad
Respecto a la entrega de dispositivos tecnológicos, el fallo ordena que se entregue una computadora portátil, notebook o tablet a “todos los alumnos y alumnas que concurren a establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada con cuota cero y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social”. “Esto quiere decir que no se circunscribe a chiques que vivan en villlas o barrios populares (CABA), sino que se deben entregar los dispositivos a todos aquellos que acrediten esta situación de vulnerabilidad”, explicó Véliz.
A principios de mayo, el Gobierno porteño publicó la Resolución N° 13/SSTES/20, la cual determina que, mientras las clases presenciales continúen suspendidas por la pandemia, se haría “entrega en préstamo de dispositivos tecnológicos disponibles en el marco del Plan Sarmiento BA, a los estudiantes que así lo requieran” y que cumplieran ciertos requisitos: no tener otro dispositivo tecnológico y ser beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, una Beca Alimentaria o Transporte Escolar.
Gallardo decidió suspender estos criterios dispuestos en el Anexo I de la Resolución. El magistrado determinó que la situación de vulnerabilidad social “se entenderá automáticamente acreditada en el caso que alguno de los miembros del grupo familiar del estudiante sea beneficiario de algún plan, beca, subsidio o programa social del GCBA o del Estado Nacional, o bien cuando residan en villas, barrios de emergencia y/o asentamientos de la CABA”. “Esto es algo muy bueno. Hay muchos pibes que están en tal situación de vulnerabilidad que no acceden a esos planes del Estado y, al suspender esos requisitos (que pedía el GCBA), se puede alcanzar a esos chicos”, celebró Véliz.
El fallo también establece que el Gobierno porteño deberá realizar “un registro de solicitantes y un mecanismo de entrega de los equipos” que respete las medidas sanitarias y que, preferentemente, “utilice canales institucionales -ya en uso- insertos en los barrios (comedores, parroquias, juntas vecinales, movimientos sociales, etc.)”. Además, en el caso de que la cantidad de solicitantes sea superior a la de los dispositivos existentes, la administración de Horacio Rodríguez Larreta tendrá cinco días para presentar “una propuesta de entrega prioritaria de los equipos existentes, y un plan para atender la demanda insatisfecha”.
El derecho a la educación
“Acá de lo que se trata es que todos los estudiantes tengan su material para acceder a las clases y que el Gobierno (de la Ciudad) deje de implementar tantas estrategias de marketing y haga la distribución de las computadoras a través de las escuelas, que tienen una llegada a las comunidades que no tiene otra institución del Estado”, manifestó Graciano.
La secretaria general de UTE contó que esta semana el Gobierno porteño está haciendo entrega de las canastas familiares en las villas. “Perfectamente se podrían repartir también las netbook. Las familias están movilizadas y es algo muy sencillo de hacer”, aseguró. De esta manera, agregó la dirigente gremial, estarían dadas “las condiciones materiales mínimas para que todos los chicos estén conectados y que no haya exclusión digital, la cual profundiza la desigualdad”.
La Multisectorial por la Escuela Pública, donde participa UTE, inició una campaña para juntar firmas para que el Gobierno de la Ciudad “garantice conectividad y computadoras para estudiantes y docentes” al menos hasta que regresen las clases presenciales. Según Graciano, los docentes están preocupados porque “la desconexión desvincula a los chicos de la escuela” y, si no cuentan con las computadoras, tendrán que “hacer un gran trabajo de recuperación de esos chicos” cuando termine el aislamiento.
“Estoy contenta de que la Justicia haya reconocido el derecho a la educación de chicos y jóvenes y creo que sienta las bases para que en cualquier lugar del país que esté en nuestra situación se garantice la educación pública -opinó Graciano-. Este fallo nos va a permitir a todos los docentes de la Ciudad no hacer una educación a distancia, sino tener una educación que acorte las distancias”.
Foto de portada: Adrián Escandar
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
