Nuestro George Floyd

Con la misma técnica que fue asesinado el afroamericano George Floyd, los efectivos policiales habrían matado a Walter Ceferino Nadal con la presión de la rodilla sobre el cuello tras detenerlo por un presunto robo. "La violencia policial no es nueva. La indiferencia política tampoco lo es", denunció la ONG ANDHES.

«Me falta el aire». Como en una grotesca remake criolla del asesinato del afroamericano George Floyd, esas fueron las últimas palabras de Walter Ceferino Nadal, de 43 años, que había sido detenido por bicipolicías tucumanos luego de un presunto intento de robo en Tucumán. «No seas cagón», respondió Josué Molina, el oficial a cargo, y apretó aún más su rodilla contra el cuello del detenido. Walter murió y el parte policial indicó que había sufrido un ataque cardíaco. Sin embargo, la autopsia que ordenó la fiscala Adriana Giannoni, a cargo de la investigación, reveló el dato certero que ahora investiga la Justicia: Nadal murió por asfixia.

Las imágenes de un video que se hizo viral en Twitter muestran a los policías, una vez consumado el asesinato, tratando de reanimar el cuerpo sin vida de Nadal. Según consta en el acta policial, los agentes tucumanos Josué Molina y Melanie Mariel Caliva habrían reducido a Nadal luego de que un hombre denunciara un robo en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Congreso, en la zona céntrica de la capital tucumana.

«No son hechos aislados. Son prácticas arraigadas y parte del proceso de formación autónoma que reciben quienes ingresan a la fuerza de seguridad. Desde el comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el accionar violento y discriminatorio de las fuerzas de seguridad ha aumentado notablemente, aunque esa violencia policial no es nueva. Las prácticas violentas se repiten día a día», explicó Matías Lorenzo Pisarello, coordinador del Área de Seguridad y Derechos Humanos de la ONG ANDHES, que nuclea a abogados y abogadas en defensa de los Derechos Humanos. «Nos encontramos ante un problema estructural. Es imprescindible entonces que el gobierno provincial en su conjunto se haga cargo de esta problemática y la reconozca», agregó Pisarello.

La violencia policial no cesa en cuarentena. El caso de Walter es tan solo uno más de las decenas de reportes de asesinatos, maltratos y abusos policiales que se registran en el período que lleva el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Este mismo jueves, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un informe donde compila las situaciones de violencia policial registradas durante la pandemia. En General Pico, Sebastián Britos fue baleado por un efectivo del Grupo CEO. En la Paternal, la Policía de la Ciudad golpeó con puños y tonfas a Enzo (22), quien salía de la casa de su novia. Una mujer vejada por policías en Puerto Madryn, una nena de 7 años herida con balas de plomo en Villa La Cava, una paliza policial que derivó en la muerte de Mauro Coronel, en Santiago del Estero. Los casos se repiten y asustan. Río Gallegos, Villa Constitución, Melcho o José C.Paz. Un modus operandi que no reconoce de fronteras.

El Noroeste, por supuesto, no es la excepción a la regla nacional: desde Andhes publicaron recientemente un extenso informe que lleva por título «Seguridad pública y Covid-19: ¿Qué pasa en calles y cárceles del Noroeste argentino?». Allí se realizó un relevamiento de la situación de barrios populares y comunidades indígenas de las provincias de Jujuy y Tucumán. En el documento final señalan que los hechos de violencia policial durante el ASPO son herederos de prácticas anteriores, y que responden a fenómenos multicausales entre los que destacan «la tradición autoritaria hacia adentro de las fuerzas (el presupuesto de un constante enfrentamiento), así como falta de organismos de control internos y externos».

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) también se hizo eco de la situación. En su informe difundido a 90 días del comienzo del aislamiento, señalan que «hemos publicado casi 50 reportes con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país: golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios».

La selectividad del poder de policía, las prácticas violentas y el aumento de las detenciones arbitrarias generan un combo ideal para que surjan este tipo de situaciones, que se incrementan al calor de las medidas de aislamiento. En ese mismo sentido, Pisarello concluye: «Es imperiosa entonces una reforma policial amplia. Una reforma que prevea cambios profundos en el ingreso y la formación del personal policial y, sobre todo, que contenga mecanismos y herramientas para impedir y erradicar la violencia institucional».

 

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