Desafíos post-pandemia

«No es posible resolver el hacinamiento sin afectar la territorialización de la desigualdad»

La lógica de hacinamiento en las grandes ciudades volvió a ponerse en cuestión con la llegada de la pandemia. Dos especialistas en el tema, Julián Salvarredy y Sebastián Tedeschi, aseguran que la "nueva normalidad" en la cuestión habitacional debe contemplar la generación de un entorno urbano con servicios adecuados.

Cuanto menor es la distancia social, mayor es la imposibilidad de tomar las medidas necesarias para prevenir el coronavirus. Algo que fue repetido hasta el cansancio por gobernantes y especialistas médicos en los medios de comunicación durante los últimos tres meses contrasta en buena medida con el diseño actual de las grandes ciudades, donde el hacinamiento es moneda corriente -entre otros lugares- en las viviendas, en el transporte público y en los espectáculos. Una vez que finalice la pandemia de COVID-19, ¿se pondrá en cuestión el modelo vigente de planificación urbana y transporte en las metrópolis que tiende a favorecer los grandes intereses inmobiliarios por sobre el bienestar general de la población?

Si algo quedó bien claro desde el comienzo de la cuarentena, es que las condiciones habitacionales en los barrios populares de nuestro país distan de ser óptimas. De acuerdo con un estudio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) titulado «Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un desafío para América Latina» (agosto de 2017), el hacinamiento se refleja en «la medida tradicional de proporción de hogares con más de tres personas por ambiente, así como en un consumo más bajo de metros cuadrados por integrante del hogar». En los asentamientos informales de la Ciudad de Buenos Aires, donde penetró con mayor fuerza el coronavirus, la cantidad promedio de miembros del hogar es de 4,7, hay una persona cada 13 metros cuadrados y los hogares con más de 3 personas por ambiente llegan al 7%. Teniendo en cuenta esta situación, muy desigual si se compara con barrios porteños como Recoleta o Palermo, deberían existir fuertes incentivos para avanzar en políticas de deshacinamiento que incluyan a la vivienda como parte integral del planeamiento de ciudades más sustentables e igualitarias.

Julián Salvarredy es uno de los coordinadores de Proyecto Habitar, una organización de arquitectos y urbanistas que desarrolla proyectos con la finalidad de convertirlos en políticas públicas. En diálogo con El Grito del Sur, este arquitecto asegura que «no es posible resolver el hacinamiento y la falta de viviendas sino se afecta la lógica sistemática de territorialización de la desigualdad. En esta coyuntura, el Estado tiene un papel central para promover las condiciones necesarias con el objetivo de que todos los pobladores accedan a una vivienda digna y al derecho a la ciudad». Y agrega: «En el corto-mediano plazo las viviendas en situación de déficit, entre ellas las de hogares hacinados, requieren de la aplicación intensa y sostenida de programas públicos de mejoramiento habitacional y barrial».

Julián Salvarredy (Proyecto Habitar)

Sebastián Tedeschi es uno de los referentes de la «Plataforma por el derecho a la ciudad», que trabaja en el estudio y fortalecimiento de procesos territoriales. «La pandemia se hizo más crítica en los barrios populares y en lugares abandonados por el mercado como las cárceles y los hogares de ancianos, que están por fuera del sistema productivo. La extensión de la cuarentena también tiene que ver con la muy mala calidad del sistema de transporte público y la imposibilidad de mantener allí el aislamiento. Entonces aparecen temas estructurales que nunca se les presta atención y ahora pasaron a estar en un primer plano. Cuando llegan situaciones como éstas, uno se da cuenta que el mejoramiento de la calidad urbanística y de las condiciones de vida en los barrios populares le interesa a toda la sociedad», explica el abogado especializado en derechos urbanos.

Ambos especialistas coinciden en que la condición de hacinamiento debe abordarse integralmente, es decir, no alcanza sólo con un plan de construcción de viviendas. «Es necesario complejizar la mirada y reconstruir indicadores en un proceso que contemple los territorios, sus espacios y pobladores, observando la heterogeneidad y dando lugar a la diversidad de unidades de convivencia. El enfoque cuantitativo actual debe ser complementado con una mirada cualitativa. La medición actual registra más de tres pobladores en un mismo cuarto, hay implícito un abordaje de modelo familiar y espacial que supone una situación deficitaria. Desde una perspectiva de derechos y de géneros, el modo de observar la necesidad de ampliaciones deberá ser revisado, atendiendo a los procesos culturales e históricos», afirma Salvarredy.

Por su parte, Tedeschi señala: «Nunca pensemos la vivienda como un hecho aislado, sino que está inmersa en un entorno. Una vivienda en una ciudad debe estar provista de servicios (agua, electricidad, etc.) y de una red de transportes que facilite los circuitos de vida y de cuidado. Históricamente, las políticas de vivienda en la Argentina -cuando las hay- han sido dos: con la derecha prima el incentivo al mercado financiero, y cuando viene el peronismo o una versión más progresista predomina la construcción de viviendas a partir de negociaciones con la Cámara de Construcción y los sindicatos. Hace muchas décadas que no se piensa en términos de ciudad. En general, los sectores populares se construyen su vivienda pero carecen, por su alto costo, de los servicios esenciales: las cloacas, el agua potable, la conexión a Internet, estar en un entorno accesible, cercano a escuelas y centros de salud, entre otras cuestiones. El problema no es en sí mismo la construcción de viviendas, sino la generación de un entorno urbano con servicios adecuados«.

Sebastián Tedeschi (Plataforma por el derecho a la ciudad)

Desafíos post-pandemia

Nuestro país tiene aproximadamente un 10% de la población viviendo en barrios populares. Este número oscila en Latinoamérica entre el 10 y el 60%. El porcentaje en los países vecinos es similar al de nuestro país, con una proporción mayor en las favelas de Brasil, pero sin alcanzar los altos porcentajes que pueden encontrarse en ciudades como Bogotá, Caracas o Lima, que alcanzan o superan el 50%.

«La ¨nueva normalidad¨ en la cuestión habitacional tendrá un registro público innegable de las condiciones deficitarias en las que vive un amplio porcentaje de la población, y de las consecuencias que históricamente tiene esto para la salud de sus pobladores. Con los datos que tenemos hoy, es idealista suponer que esto en sí mismo mejorará la situación de desigualdad urbana, promoverá el derecho a la ciudad o el acceso universal a una vivienda adecuada», opina el coordinador de Proyecto Habitar.

El referente de la «Plataforma por el derecho a la ciudad», en tanto, plantea la necesidad de «pensar en la urbanización de las villas, extender las redes y descentralizar los servicios que brinda el Estado – ej.: el Poder Judicial-. Yo apuntaría más a eso que a construir. En el mejor momento de Kirchner, se construyeron 100 mil viviendas y la Argentina tiene 5 millones de personas con problemas habitacionales. Hoy el número no lo hace la construcción de unidades de vivienda. Yo creo que la transformación real con un impacto más grande es poner como prioridad la urbanización de los barrios populares. Muchas casas que están en los barrios populares son aptas o simplemente hay que mejorarlas. Obviamente que esa urbanización también supone la construcción de viviendas nuevas, dado que abrir calles -por ejemplo- implica relocalizar algunas casas».

Julián Salvarredy agrega que «ha sucedido en diversos momentos post-crisis, como en el 2001, que la cuestión de la vivienda aparece en la agenda como opción de reactivación económica. Esta asociación asumida de un modo mecánico y acrítico lleva a poner en marcha un aparato reproductor de desigualdad que además construye casas como objetos, que se miden por cantidad como si allí residiera el éxito de una política». «Volver a mirar el territorio desde una perspectiva de derechos implica promover el acceso a los beneficios de la vida urbana para todos y todas. Esto incluye la vivienda como objeto necesario, pero la excede ampliamente porque contempla los servicios urbanos, redes de infraestructura, equipamiento, que son hoy parte de un derecho universal. La agenda de hoy, y la de mañana, deben partir de esta noción integral del territorio», concluye el integrante de Proyecto Habitar.