Un freno al espionaje PRO

Buscan judicializar el espionaje de Larreta a docentes porteños

Luego de conocerse la denuncia de cientos de familias, se presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes para que el Ministerio de Educación brinde información sobre las llamadas e interrogatorios a padres y madres. Referentes y miembros de la comunidad educativa también trabajan en una presentación judicial en contra de esta maniobra del Gobierno porteño.

A raíz de la nota publicada por este medio el sábado pasado, donde se conocían cientos de denuncias contra Horacio Rodríguez Larreta por hacer inteligencia sobre maestras, maestros, familias y menores de la comunidad educativa, la Legislatura porteña presentó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Educación de la Ciudad. El objetivo de la presentación es que el Ejecutivo explique formalmente cuál es el objetivo de los interrogatorios telefónicos que vienen realizando a miles de familias durante las últimas semanas. Personal de la cartera educativa, mediante comunicación telefónica, está solicitando en medio de la cuarentena datos personales de sus hijos, nombre y apellido de las maestras y de madres, padres y/o tutores a cargo de las y los menores.

Desde un primer momento quedó en evidencia que estas llamadas no eran hechos aislados. Hasta el sábado de la semana pasada las denuncias brotaban de varios distritos escolares, entre los que se encontraban el 3, el 5, el distrito escolar 8, 11, 13, y también el 19 y 20. Pero en los últimos días se sumaron los distritos escolares 4, 6 y 15. “Entre el miércoles y jueves de la semana pasada me llamaron hasta 3 veces en un día”, recuerda Silvina, madre de un nene de 11 años que va a una escuela de Chacarita. “Me sorprendió tanta insistencia, yo soy licenciada en enfermería y algunos llamados a mi celular los recibía mientras estaba en el sanatorio», agrega y detalla: «En unos me aparecía el número sin identificar y en otros el teléfono 11 3486 5711”.

“A mí me llamaron y querían información de toda la familia: a qué escuela asistían los chicos,  cuántos integrantes somos, luego decían que necesitaban números de teléfono. Primero me dijeron que eran del Ministerio de Educación y cuando les dije que los directivos de la escuela a la que asisten mis hijos tenían todos los datos, me dijeron que llamaban del Ministerio de Desarrollo de la Ciudad”, reveló a El Grito del Sur una mamá que envía a sus hijos a una escuela de Soldati -que pidió no ser identificada-. «Nosotros por seguridad decidimos cortarle la llamada y poner el celular en modo de no atender números desconocidos”, cuenta.

Referentes e integrantes de la comunidad educativa están elaborando una medida judicial para presentar ante la Justicia federal, teniendo como base la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. La misma protege el derecho a la privacidad y garantiza el derecho que tienen todas las personas de conocer quién tiene sus datos, para qué los tiene y así tener control sobre ellos. “Una encuesta dirigida a las familias para conocer las actividades de los niños, el vínculo con sus docentes, si reciben actividades, cómo las desarrollan y demás, debería ser anunciada por canales institucionales y formales que comunique a las familias que serán contactadas por agentes públicos del Ministerio”, señaló a este medio Ramiro Dos Santos Freire, defensor oficial de Primera Instancia e integrante del Ministerio Público de la Defensa de CABA. “En este marco, las llamadas a las casas de los alumnos, sin conocimiento de los maestros que diariamente se comunican con ellos, parece desautorizar al docente frente a la familia, teniendo en cuenta que preguntan sobre algo que ya fue informado y firmado. Acá el Ministerio parece también mostrarse a la comunidad separado de los docentes y eso no fortalece la institucionalidad”, explicó Dos Santos Freire.

El legislador porteño del FIT, Gabriel Solano, presentó el pedido de informe en la Legislatura y dijo en diálogo con este medio: “Primero, ya es grave el pedido de datos personales de niños, madres, padres y docentes que hace el Ministerio, y segundo, lo que está buscando Larreta con esto es una especie de confrontamiento entre las familias y los docentes”. “Con estos llamados el Ministerio obliga a las familias a que evalúen el trabajo de las y los docentes, haciendo una abstracción de las condiciones difíciles que tiene la virtualización como consecuencia de la falta de computadoras y de conectividad, que no garantiza el propio Gobierno de la Ciudad. En principio hay una clara persecución a los docentes queriendo utilizar a las familias, cuando las víctimas son los dos, ya que ninguno tiene las herramientas para la virtualización”, denunció el referente porteño del Partido Obrero.

Entre las preguntas que integran el pedido de informe, se encuentran: los motivos y finalidad por los cuales el Ministerio de Educación realiza llamadas a las familias de las comunidades educativas; y si esta medida fue informada a las autoridades de cada institución y supervisiones. En caso negativo explicar los motivos; el detalle de las preguntas formuladas a las familias, el motivo de las mismas, los criterios de diseño de las preguntas; y el destino de la información recabada, entre otras.

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Denuncian a Larreta por espiar docentes en cuarentena