María de los Ángeles tiene 22 años y es repartidora. A primera vista no se podría decir bien para qué empresa trabaja: lleva una campera de Pedidos Ya y una caja de Rappi. Lo seguro es que María no es su propia jefa, ni una emprendedora, ni una microempresaria. Es una piba precarizada sentada en el cordón de la vereda, asustada y con la cara sangrando, porque un coche la embistió de atrás y se dio a la fuga. Hoy terminó su día de trabajo: le esperan 5 horas de doctores entre guardia, derivación y puntos de sutura.
A la misma hora y apenas cinco cuadras más adelante, Jorge Alejandro Pirriz Umpierrez, repartidor de Glovo de 40 años, yace sobre el asfalto: es el quinto trabajador de plataformas muerto desde que comenzó la cuarentena. Su nombre se suma al de Ramiro Cayola Camacho (20), Franco Almada (19), Miguel Ángel Machuca y Emma Riosendaulv Joncka (23) en el listado de repartidores fallecidos en aislamiento. Jorge murió el martes pasado. Tres días más tarde, la bancada oficialista de Vamos Juntos convocó a una reunión intercomisiones para tratar su proyecto de ley que busca regular el funcionamiento de las app en territorio porteño.
La llegada de las plataformas de repartos y su crecimiento exponencial por fuera de toda regulación estatal, introdujo un debate en donde se entrecruzan el derecho laboral, el sindicalismo y las nuevas tecnologías. Sin embargo, el proyecto de ley presentado por la legisladora Cristina García de Aurteneche (Confianza Pública) y el diputado Marcelo Guouman (UCR) prevé una modificación del Código de Tránsito y Transporte. Dime cómo lo abordas y te diré quien eres. «Donde algunos vemos trabajadores, otros ven solamente motos», sostuvo la legisladora Lucía Cámpora, una de las principales voces opositoras al proyecto.
El proyecto presentado por el macrismo en la Legislatura aborda la cuestión como un simple reordenamiento de transporte y encubre una explotación laboral de hecho. «¿Alguien puede negar que estos trabajadores y trabajadoras, prestan su fuerza de trabajo en servicio de otro que la organiza y que a cambio paga una remuneración?», señaló la joven legisladora del Frente de Todos. Detrás de la intención de otorgarles un marco legal a las plataformas para su funcionamiento, se esconde una ley que carga con más obligaciones a trabajadores y trabajadoras: exige constituir un domicilio, contratar un seguro (pagado de su bolsillo, claro), acreditar que no posean infracciones de tránsito y gestionar una habilitación como prestador de servicio de mensajería urbana.
«El Estado se convierte en cómplice de la explotación laboral dejando a los trabajadores a merced de las reglas de juego propias de cada empresa», dice el despacho de minoría presentado por el Frente de Todos. Pese a las críticas, desde el oficialismo porteño solicitaron la prioridad para abordar el tema en el recinto y se especula que se habilite su votación, con pequeños cambios de forma, en la próxima sesión legislativa.
«Lo único que hace el proyecto es restringir la libertad de trabajo de los repartidores y eso no tiene nada de moderno ni de innovador», señaló en la reunión intercomisiones del pasado viernes el legislador Manuel Socías. «Todos los requisitos suponen que el repartidor ejerce un equivalente a un servicio público, como si manejara un taxi o un colectivo», agregó. «El problema es que un repartidor no es un micro escolar. Es una persona. No es un empresario».
Otra de las discusiones inherentes a la reglamentación de estas empresas tiene que ver con los premios y castigos que maneja la propia aplicación: el algoritmo premia las horas de permanencia y conexión, así como la efectividad. La consecuencia son jornadas laborales que superan las 9 horas diarias, el apuro por cumplir con los tiempos de entrega y la exposición a una calificación negativa arbitraria por parte de los clientes.
En palabras del propio legislador oficialista Martín Ocampo, el proyecto exige capacitaciones -una especie de «título habilitante»- como requisito obligatorio para ejercer la actividad. Un modelo que habilita la terciarización entre las plataformas y las empresas de mensajería y que incluye a otro actor de peso beneficiado con el proyecto: la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM). Este gremio, conducido por Marcelo Pariente, es uno de los pocos sindicatos macristas que quedan en el país. Ligado a la UATRE del difunto Momo Venegas, este gremio se vería beneficiado por un sistema que le confiere la potestad de brindar los cursos de capacitación. Es decir: de ahora en adelante, los repartidores serían capacitados por el sindicato macrista: una cadena de favores perfecta entre Transporte CABA, la Cámara de Empresas de Mensajería y el sindicato, todo ello bajo la mirada cómplice de la Subsecretaría de Trabajo de Ciudad. Algo muy parecido pasa con Viviani en los taxistas: si no pasás por el sindicato y no te miran la cara, nunca vas a obtener la habilitación.
«La consecuencia inmediata de esta ley es la habilitación sin ningún tipo de restricciones o requisitos de las plataformas de venta y delivery, y la creación de un registro habilitatorio de trabajadores. Es la consolidación de un modelo que concibe a cada trabajador como un microempresario que se tiene que habilitar a sí mismo para poder circular por la calle», explicó en diálogo con El Grito del Sur Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y asesor del sindicato APP. «El objetivo de esta norma es proteger a las plataformas y cargar con todos los requisitos del código de tránsito sobre los trabajadores, que ahora van a empezar a ser considerados como taxistas o profesionales que necesitan habilitación especial para poder circular», concluyó.
