El abandono estatal que sufren las instituciones de salud mental en la Ciudad de Buenos Aires sigue produciendo tragedias. A la muerte de un interno del Borda tras el ataque de una jauría de perros a fines de mayo, se le sumó ayer el suicidio de una paciente del Hospital Moyano que arrastraba además un cuadro de COVID-19. La mujer vivía en la Villa 21-24, era migrante y ya había intentado quitarse la vida hace una semana, lo que agrava la responsabilidad de la dirección del neuropsiquiátrico y de las autoridades porteñas.
Pese a que la muerte se produjo ayer, los directivos del Hospital, encabezados por la doctora María Norma Claudia Derito, todavía no habían realizado la denuncia correspondiente, lo que complica aún más la situación dado que toda muerte dentro de una institución de encierro se debe investigar, en principio, como «muerte dudosa».
El asesor tutelar de Cámara porteño, Gustavo Moreno, intimó hoy a las autoridades del Moyano a que «expliquen las circunstancias en las que se produjo el deceso» e informen «si al momento del suicidio la misma se encontraba con acompañamiento terapéutico, psiquiátrico, clínico o de enfermería», circunstancias que no están claras aún.
Como la paciente arrastraba un cuadro de coronavirus, Moreno también exigió que se informe «si han procedido a testear a los contactos estrechos de la paciente dentro del hospital, como también a sus familiares convivientes, toda vez que la paciente registraba un reciente ingreso a ese hospital (el jueves pasado)».
Ya a fines de abril, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había advertido sobre la «falta de insumos para la protección del personal de salud, para evitar el contagio de las personas usuarias de los servicios de salud mental, escasa limpieza y deterioro de los tratamientos», tanto en el Borda como en el Moyano. Además, había relatado en un informe que «los tratamientos se redujeron a la intervención médico psiquiátrica farmacológica» desde la entrada en vigencia de la cuarentena, reduciéndose a cero «todos los abordajes psico sociales, los dispositivos grupales de inserción comunitaria y los talleres, así como el ingreso de acompañantes terapéuticos y terapistas ocupacionales» que recibían los pacientes.
Desde mediados de mayo está vigente una medida cautelar que obliga al Gobierno porteño a elaborar un protocolo de actuación específico «para los hospitales psiquiátricos monovalentes, que considere la situación particular que atraviesan las personas con discapacidad psicosocial que se encuentran internadas», según el propio CELS, que impulsó el amparo.
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