En la Ciudad sigue rigiendo el protocolo del año 2012

La Legislatura porteña comenzó a tratar el proyecto de adhesión al protocolo de ILE

Este lunes se realizó la primera sesión informativa en la comisión de Salud de la Legislatura con el objetivo de discutir si la Ciudad de Buenos Aires adherirá o no al protocolo nacional de ILE. Este proyecto de ley fue presentado el pasado 18 de febrero con firmas de legisladores y legisladoras de todos los bloques.

La Legislatura porteña realizó este lunes la primera reunión para discutir si la Ciudad de Buenos Aires adherirá al Protocolo Nacional de Atención Integral para las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La sesión, encabezada por la comisión de Salud de la Legislatura, tuvo un carácter «informativo» y les oradores fueron Fabián Portnoy y Viviana Manzur, de la «Coordinación Salud Sexual, Sida e ITS» del Ministerio de Salud de la Ciudad. El proyecto de ley fue presentado el pasado 18 de febrero con firmas de legisladores y legisladoras de todos los bloques.

Si bien el protocolo nacional existe desde el año 2015 y fue actualizado por Ginés González García al poco tiempo de asumir su mandato, actualmente en la Ciudad de Buenos Aires sigue rigiendo uno implementado desde 2012 que es restrictivo y no cumple con lo establecido por el fallo FAL. Sin embargo, gracias a una serie de amparos colectivos -con el apoyo de muchas organizaciones- hoy los artículos restrictivos no están vigentes. 

El fallo FAL, dictado en 2012, estableció que era necesario generar protocolos tanto a nivel nacional como provincial que permitan adecuar la respuesta del sistema de salud y darle capacitación a los equipos profesionales. En ese marco, Buenos Aires realizó en octubre de 2014 la primera compra de misoprostol para el primer nivel de atención, lo que se fue acrecentando a medida que aumentó la demanda.

Presentan proyecto para que la Ciudad adhiera al Protocolo de Aborto no punible

Durante la sesión, Manzur fue la encargada de exponer datos y porcentajes del acceso al procedimiento de ILE en la Ciudad. En primer lugar, explicó que -según el protocolo- si la persona gestante toma contacto con el sistema de salud en una etapa menor a las 12 semanas de gestación, y en caso de que no se trate de un embarazo riesgoso, lo más conveniente es realizar un aborto medicamentoso de manera ambulatoria. Si es de más de 13 semanas o tiene alguna complicación el procedimiento se realizará en el hospital y, si no se logra enmarcar en las causales previstas por el Código Penal desde 1921 (en caso de que el embarazo afecte a la salud o que sea fruto de una violación) se garantizarán los cuidados adecuados. Además, resaltó que en cualquier caso se deberá ofrecer información sobre anticoncepción luego del procedimiento. En ese sentido, el 92% de las personas que accedieron a la ILE el año pasado llegaron con un embarazo menor a 13 semanas y el 8% de 13 a 24 semanas.

Manzur explicó que en 2014 existían nueve establecimientos donde se realizaban abortos, de los cuales uno era un centro de salud y ocho eran hospitales. Al día de hoy, hay 60 instituciones de salud pública que permiten acceder a esta práctica: 44 son centros de salud y 16 hospitales, de los cuales 11 son hospitales generales, es decir que casi el total del sistema público está dando respuesta a la ILE. Asimismo, en 2014 se habían realizado 10 en el primer nivel de atención y 81 en hospitales y para el 2019 fueron 8388 ILES atendidas en el subsistema público y, de esas, 7052 -es decir un 84%- en el primer nivel de atención.

El 60% de las interrupciones se realiza en la zona sur de la Ciudad. La mayoría de las personas gestantes llega al sistema de salud a través de un/a conocido/a. Según los datos que expuso Manzur, las edades de quienes accedieron a la Interrupción Legal del Embarazo en CABA durante el año 2019 fueron similares a la de quienes parieron. De ellas, un 14% fueron adolescentes y un 86% mujeres adultas. Sin embargo, hubo 58 niñas de 10 a 14 años que recurrieron a una ILE. “Por suerte pudimos atender a esas niñas, pero hay algo en lo que llegamos tarde. Esas niñas y adolescentes nunca deberían haber transitado una situación de embarazo”, explicó la médica.

El dato más importante de la reunión y el más claro para evidenciar la necesidad de la adhesión al protocolo como de la legalización del aborto es que el riesgo de la salud de la persona embarazada es de 100 de cada 1.000 en caso de acceder a práctica clandestina. Además, desde la «Coordinación Salud Sexual, Sida e ITS» del Ministerio de Salud porteño aseguraron que muchas de las personas gestantes manifestaron que ésta era una de las opciones que barajaban.

Cabe aclarar que el protocolo no legisla, sino que da un marco legal para les profesionales de la salud y las personas con capacidad de gestar, amparándose en el artículo 86 del Código Penal sancionado en 1921. El protocolo actualizado en el 2019 agrega algunos puntos al ya sancionado en 2015: entre ellos, se reafirma que las causales de interrupción legal del embarazo serán si el mismo pone en riesgo la salud de la persona gestante o si es fruto de una violación, que la objeción de conciencia es individual y no podrá ejercerse si no existiera un/a profesional disponible para realizar la práctica en el centro de salud u hospital, que en casos de que el embarazo haya sido originado por una violación se debe realizar una declaración jurada en que la paciente exprese haber sido víctima de un hecho de ese tipo. Por último, el protocolo sostiene en ninguna situación es necesario que describa los hechos ni que presente una denuncia policial o judicial y establece el tratamiento medicamentoso con misoprostol o la AMEU (aspiración manual endouterina).