Durante esta última semana, la oposición de Juntos por el Cambio -aglutinada nuevamente en el frente político, empresarial y mediático- montó una intensa campaña para intentar ponerle un freno al anuncio de expropiación de la cerealera Vicentin realizado por el presidente Alberto Fernández el pasado 8 de junio. En otra maniobra burda amplificada por los principales medios de comunicación, voceros de la derecha plantearon un falso escenario de supuesto rechazo a la iniciativa inclusive dentro de las filas del propio Frente de Todos, remarcando que se trataba de otra idea alocada y estatizante del kirchnerismo. “La expropiación es la herramienta para poder rescatar a la empresa. No hay otro modo”, dijo el jefe de Estado para disipar cualquier tipo de duda.
Lejos de la moderación que exhiben Horacio Rodríguez Larreta y un puñado de intendentes macristas del conurbano, el ala más dura de la oposición se apoya casi desde el inicio de la cuarentena en las figuras de Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto, que se transformaron a partir de la campaña electoral del año pasado en los principales mentores del proceso de bolsonarización de la política argentina. Xenofobia, homofobia y reclamos de “mano dura” en temas de seguridad y narcotráfico, los ejes de sus dichos demagógicos en cuestión, además de implantar el rechazo a la cuarentena bajo la lógica de que ésta viola las libertades civiles y avasalla el cauce natural de la economía de mercado. De la salud, mejor ni hablar.
No hay lugar para medias tintas: la politóloga María Esperanza Casullo planteó dos semanas atrás en una entrevista con el diario Tiempo Argentino, refiriéndose a Alberto Fernández, que “su estilo conciliador, o de síntesis de posiciones, sirve: hoy tiene entre el 70 y 80% de aprobación. Pero estamos en un momento duro, en el que la economía está mal y se necesitan más recursos. Y dado que los actores sociales argentinos son históricamente muy resistentes a poner esos recursos, su desafío será elegir qué conflicto lleva adelante antes de que otros decidan por él”.
Hasta el momento, la oposición confrontó con la tibia adhesión de su núcleo duro siempre por la defensiva: muestra de ello fueron los cacerolazos pro-Techint y anti-estatización de Vicentin. Éstos ocurrieron principalmente en barrios de clase media-alta de las grandes ciudades que históricamente le son adversas al peronismo, pero el Gobierno no se puede fiar únicamente por el escaso éxito de estas manifestaciones teniendo en cuenta que los medios hegemónicos siempre se ocupan de dar una dimensión nacional a fenómenos de índole puramente local y/o regional. También es cierto que las preocupaciones de la población pasan en este momento no tanto por el destino inmediato de Vicentin, sino por la caída de los ingresos familiares producto de la pandemia: según el último estudio de la UCA difundido a finales de mayo, el 38,8% de los hogares redujeron sus ingresos familiares durante la cuarentena hasta un 50%, mientras que para un 18,8% la reducción habría sido mayor al 50%.
El sociólogo Atilio Borón plantea la necesidad de que el nuevo mundo que se asomará una vez concluida la pandemia de COVID-19 esté caracterizado por la presencia de rasgos definitivamente no-capitalistas. A esto lo llama “protosocialismo”, concebido como “una imprescindible fase previa para viabilizar la transición hacia el socialismo”. Este período, que sigue algunos razonamientos de Salvador Allende, requiere -entre otras cosas- el robustecimiento del Estado democrático, la introducción de rígidos controles a la actividad financiera, la nacionalización de las riquezas básicas, la estatización del comercio exterior y de los servicios públicos, la desmercantilización de la salud y los medicamentos, y una reforma tributaria que permita una política de redistribución de la riqueza para eliminar la pobreza y el hambre en nuestro país.
La responsabilidad histórica que tiene el gobierno de Alberto Fernández es muy grande, puesto que la pandemia terminará por agravar en forma desmesurada las desigualdades generadas durante los últimos cuatro años por la gestión de Mauricio Macri. Por esta razón, urge la necesidad de avanzar en la estatización de Vicentin para implementar luego de varias décadas una política de soberanía alimentaria (resulta inconcebible que, en un país con capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas, los niveles de indigencia sean al menos del 8% de la población total). También es preciso implementar un impuesto a las grandes fortunas -que sea permanente, como pidió el Grupo de Curas en Opción por los Pobres- para destinarlo al bienestar de los sectores sociales que se quedaron sin la posibilidad de trabajar debido a la propagación del coronavirus y la expansión de la crisis.
Si el Gobierno no afecta estos grandes intereses, si no avanza con cambios estructurales de tinte progresista, el descontento popular podría llegar a ser incontenible una vez que se instauren las desiguales condiciones sociales y económicas post-pandemia o la llamada “nueva normalidad”. En caso de que el experimento albertista no logre transitar con éxito los distintos frentes políticos y económicos conteniendo a su diversa tropa partidaria, detrás estarán agazapados los Bullrich y los Pichetto como principales exponentes de una alternativa discursiva e ideológica autoritaria con claros ribetes bolsonaristas.
