España ya lo aprobó en mayo. En Argentina, la medida está sobre la mesa desde que el Papa Francisco la recomendara, a principios de abril, en una carta dirigida a los movimientos sociales. Primero el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y más tarde el propio presidente, Alberto Fernández, dijeron esta semana que el Gobierno estudia la posibilidad de implementar un “salario universal” post-pandemia, que a priori consistiría en que por lo menos diez millones de personas reciban un ingreso básico de parte del Estado, lo que supondría una generalización de la ayuda social sin precedentes. Pero el anuncio, por ahora, no pasó de las pantallas de los medios, y todavía “está muy verde”, según reconocieron a El Grito del Sur en el entorno de Arroyo.
El Presidente se refirió por primera vez al tema en la entrevista que le dio a Telefé este miércoles. “Creo que sería bueno que nosotros garanticemos un ingreso universal a todos los argentinos. Me parece una salida válida que en todo el mundo se está viendo y se está aplicando”, dijo.
Unos días antes, Arroyo había adelantado que el Gobierno contempla esa posibilidad, como parte de un plan de contención social a implementarse el día después de la pandemia, que tiene “tres patas”, según dijo. “Una es establecer un ingreso universal ciudadano. La segunda es el trabajo social garantizado. Por último, la urbanización de las 4000 villas, barrios y asentamientos”, describió.
Todavía no hay detalles concretos, pero el “ingreso universal” surgiría de una combinación entre el Salario Social Complementario y los programas Hacemos Futuro y Trabajo Autogestionado, que reciben medio millón de trabajadores informales, más el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), del que resultaron beneficiadas 9 millones de personas.
La propuesta se inscribe en dos preocupaciones que comparten tanto el Gobierno como las organizaciones sociales. La primera es que la crisis por el coronavirus profundizó la relación de dependencia económica que los sectores populares tienen con el Estado. De hecho, según un informe difundido por la Casa Rosada en mayo, el 89 por ciento de los hogares argentinos recibe alguna ayuda en plena pandemia, si se suman el IFE, los créditos a tasa cero para monotributistas de clase media y los subsidios de hasta 36 mil pesos para los salarios de los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia, sin contar los comedores populares que reciben alimentos y el resto de los programas sociales vigentes. La segunda es qué rol ocupará la Economía Popular en el plan de reactivación económica que el Gobierno dice tener para el día que el coronavirus deje de ser el principal problema.
En ese punto, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ya le presentó al Presidente una serie de propuestas, con eje en la generación “de un millón de chacras y un millón de viviendas”. El planteo ahonda en recuperar productivamente parte de las 18 millones de hectáreas que el Estado tiene improductivas, para generar una estabilidad en el precio de la comida y generar mejores condiciones para el desarrollo de los pequeños productores, que podrían incorporarse como un nuevo actor en crecimiento dentro de un mercado concentrado.
Enfocados en ese planteo, las organizaciones tomaron con frialdad el anuncio del salario universal, una medida que también vienen reclamando pero sobre la que tienen dudas respecto de que realmente se materialice, según confiaron a El Grito del Sur. De hecho, el propio Arroyo dejó la puerta abierta a que el anuncio quede en la nada. “No es que esté definido que haya un ingreso social ciudadano, pero sí forma parte de la evaluación que vamos haciendo”, aclaró.
Las organizaciones sociales dicen no haberse sorprendido por los anuncios en la televisión, pero prefieren bajar las expectativas. Básicamente, consideran que para salir de la pandemia sería una buena medida, pero que el eje de sus reclamos pasa hoy por la generación de trabajo en la Economía Popular y la redistribución del ingreso. En ese aspecto, preparaban una marcha de apoyo a la expropiación de Vicentin, medida en la que el Gobierno dio marcha atrás.
Si bien el IFE llegó a 9 millones de hogares, hubo otras tres millones de personas que lo solicitaron ya en abril y quedaron excluidas del beneficio. Las organizaciones de migrantes, de pueblos originarios, sectores académicos y del CONICET vienen exigiendo una medida como el salario universal para que la ayuda del Estado llegue adonde no está pudiendo, a esos “millones de argentinos que no estaban registrados”, según reconoce el Presidente. Por ahora, tendrán que esperar.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
