El primer caso positivo de COVID-19 en un adolescente en situación de calle fue detectado la semana pasada en el Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (CAINA), que depende del Gobierno de la Ciudad. Los trabajadores y las trabajadoras del dispositivo denunciaron en un comunicado que las autoridades a cargo se manejaron de forma «negligente», presionando a los operadores para que el menor ingresase al dispositivo 24 horas antes de confirmarse el resultado. Como consecuencia, hay dos trabajadores que tuvieron contacto estrecho y están aislados, sin poder trabajar, y otros tres que todavía están esperando que se les realice el hisopado correspondiente, lo que debilitó aún más la capacidad de la institución de dar respuesta a una problemática compleja. Además, la comisión interna, nucleada en ATE Capital, reveló que el Gobierno porteño dejó pasar cinco días antes de desinfectar el lugar.
«Desde el inicio de la emergencia sanitaria venimos reclamandole a las autoridades de niñez de la Ciudad que elaboren un protocolo específico y que garanticen las medidas de seguridad e higiene necesarias para que los trabajadores y los chicos estemos seguros y podamos seguir trabajando con las condiciones mínimas de seguridad, pero lo único que hicieron fue improvisar una pared de madera que divide el espacio. Los resultados eran previsibles: tenemos un adolescente con contagio que ingresó igual, sin síntomas, y recién 24 horas después tuvimos un resultado. En el medio, varios trabajadores e incluso el personal de seguridad tuvieron contacto con él y podrían estar infectados», aseguró en diálogo con El Grito del Sur Daniel Rojas, delegado del CAINA.
El ingreso del adolescente al dispositivo se produjo el viernes pasado. El resultado positivo de COVID fue comunicado a los trabajadores y las trabajadoras el día posterior. Por orden de la Defensoría del Pueblo, que intervino para garantizarle a los trabajadores un mínimo de protección, los menores deben esperar al resultado del test antes de ingresar. Dada la fragilidad de los pibes, que arrastran muchas veces consumos problemáticos y conflictos familiares además de la situación de calle, la propuesta de la comisión interna fue generar un espacio intermedio de espera, para que los menores no vuelvan a la calle rápidamente. También sugirieron ampliar los talleres y actividades que se brindan adentro para sobrellevar una cuarentena digna. «Por ahora, nada de esas medidas básicas que pedimos se cumplieron porque las autoridades de Niñez no tienen voluntad política, no les interesan los pibes en calle», denunció Rojas.
«Consideramos urgente que se implementen acciones concretas para prevenir nuevos contagios evitables, y garantizar condiciones dignas de alojamiento y contención para les niñes y adolescentes. En primer lugar, el compromiso por parte de las autoridades del Ministerio de respetar y abonar al cumplimiento del Protocolo de Salud establecido para efectuar ingresos cuidados», exigieron los trabajadores en un comunicado con fecha de ayer.
De acuerdo al último censo popular, en la Ciudad hay más de 800 menores en situación de calle.
