Periodista de investigación y diputado provincial, Carlos del Frade puso el ojo en Vicentin mucho tiempo antes de que el presidente Alberto Fernández anunciara la expropiación de la aceitera. Comprometido con el proceso de expropiación y la investigación de las responsabilidades de los empresarios, el representante del Frente Social y Popular (FSP) en Santa Fe señala la responsabilidad de los directivos en causas de lavado de dinero, fuga de capitales y malversación de fondos. Por otro lado, apunta a la construcción de una empresa estatal con participación de trabajadores, técnicos y cooperativas.
El proyecto del Ejecutivo por Vicentin proponía una expropiación, luego surgió la iniciativa del gobernador de Santa Fe para avanzar con una intervención y finalmente la causa judicial quedó trabada a instancias de un juez de primera instancia de Reconquista. ¿Cuál es la situación actual?
En este momento la cuestión judicial, especialmente del concurso preventivo de acreedores, efectivamente está llena de incidentes en materia leguleya y eso genera que se produzcan muchas demoras, especialmente en aplicar la intervención por 60 días para garantizar una investigación de verdad, para que sepamos quiénes son los corruptos del lado del Estado y del lado de la empresa. Eso está paralizado pero igualmente lo que avanza, y eso es muy importante, son las investigaciones en los procesos penales: en primer lugar en los Estados Unidos, en segundo lugar en Paraguay y en tercer lugar en la Argentina, en ese orden. Allí surge información de evidentes ilícitos, de delitos que ha cometido la empresa como por ejemplo la fuga de capitales: entre agosto y diciembre de 2019 se fugaron 790 millones de dólares. Lo que explica que, para salvar Vicentin, lo primero que hay que hacer es sacar a los corruptos y delincuentes de guante blanco que forman parte del directorio.
¿A quién le sirve que se dilaten los tiempos judiciales?
A la empresa. Es la principal interesada en que esto se paralice en el proceso preventivo de acreedores porque van a seguir con esa idea hasta declararse en quiebra. Y cuando esto pase no va a cobrar ninguno de los acreedores, ninguno de los productores y vamos a tener un drama social enorme porque hay 7 mil puestos de trabajo en forma directa y otros 21 mil más en forma indirecta que dependen de Vicentin. Vamos a un drama social muy grande si esto se sigue postergando.
El gobernador de Santa Fe dispuso intervenir esta semana el puerto de Reconquista. ¿Cómo se liga esto con la causa Vicentin?
Viene muy bien porque se demuestra que ese Ente Administrador del Puerto de Reconquista, que tomó gente de Vicentin, no presentó un solo papel desde el año 2004. En el medio hay casos de denuncias de narcotráfico, barcazas ilegales, prostitución infantil, todo vinculado a ese fondo que explotaba gente de Vicentin. Y eso es muy importante que la gente lo sepa, porque cuando manejás los puertos existen dos negocios: el legal y el ilegal. Es una moneda con dos caras. Lo legal aparece supuestamente en las exportaciones. Ahora, lo ilegal es contrabando de armas y narcotráfico.
Entre los dos modelos de estatización e intervención, ¿cuál creés que sería el más adecuado para la situación de Vicentin?
Yo estoy con lo que dijo en primer lugar el Presidente: intervención y después expropiación. La expropiación es solamente un proyecto de ley que habilita a discutir en el Congreso y no hay lugar más transparente de discusión que el Congreso de la Nación. Cualquier otro lugar es mesa chica. Así que lo que más necesitamos es transparencia y democracia, y eso es la ley de expropiación. Después, con la declaración de interés público, cuando el Estado se mete e interviene, dice qué modelo de empresa. Y en ese modelo yo elijo una empresa pública con participación estatal pero también con participación de los trabajadores, los productores y las cooperativas. Podríamos hacer algo extraordinario. Sumar a los técnicos emergentes de las universidades públicas. Podría ser algo realmente notable y terminaríamos con la historieta del Estado bobo y cómplice.
«Los que cacerolean ahora se hubiesen preocupado antes, cuando despidieron compañeros»
¿Qué te genera cuando ves sectores de la sociedad que salen a cacerolear bajo la consigna «Yo soy Vicentin»?
Hay una profunda desinformación alimentada por la gente del PRO que quiere arañar algunos votos el año que viene.
¿Qué reflexión te merece el rol de la Justicia, cuando un juez de primera instancia de Reconquista puede trabar la decisión de un Presidente electo por millones de argentinos y argentinas?
El Poder Judicial en Argentina siempre funcionó como red de pescadores invertida: pasan de largo los peces grandes y quedan atrapados los peces chicos. El juez no escapa de eso ni de algo más tremendo que es vivir en Reconquista, un lugar donde te parás y ves: «Panadería Vicentin», «Óptica Nardelli», «Sepelios Padoan», «Transportes Buyatti». Todo tiene que ver con la familia Vicentin, desde que te levantás hasta que te acostás. Es un mundo absolutamente feudal y controlado. No podés escapar. Entonces hay gente que de buena fe se pregunta qué va a pasar con Vicentin. Ahora, cuando empezás a informarte, la gente dice: «yo defiendo Vicentin pero no delincuentes».
¿Cómo sigue la causa?
Hay que profundizar la investigación, es básico, y decir que toda esta gente merece estar en la cárcel. Después la discusión política, que más allá de las opiniones divergentes, hay que seguir con el proyecto de ley de expropiación, que se debata en el Congreso y que éste decida. Es lo más democrático que nos puede pasar.
