Antes de Evo, Bolivia era el país con la tasa de mortalidad infantil y materna más alta de la región, una pobreza “moderada” que rozaba el 60% y una pobreza extrema del 37%. Trece años y un mandato popular e indígena después, la economía boliviana marca la delantera de la región: del 2006 al 2019 se reconoció un período de crecimiento económico sin precedentes donde reinó la estabilidad del tipo de cambio e inflación (menos del 2% anual), se dio un aumento real de los salarios y se redujeron las tasas de mortalidad infantil y materna hasta un 50%.
No fueron ni son milagros, fueron políticas públicas de un Estado con vocación popular, modelizado socioeconómicamente en la filosofía de la dignificación del trabajo rural y de la cultura indígena. Quizás, en esencia, eso sea lo que motiva el odio de la derecha: la posibilidad de un pueblo a reivindicarse como indígena, a tener un gobierno que les garantice el acceso a los derechos humanos.
Donde se juega la dignidad
Bolivia ya cuenta con 72.000 contagiades y más de 2.700 muertes. El Estado a cargo de Jeanine Añez solo apela a la “solidaridad y empatía” pero, al día de la fecha, no moviliza recursos económicos ni sociales. Mientras los hospitales se encuentran colapsados, tampoco las pocas y malas políticas públicas logran ninguna respuesta coherente ante la pandemia. En donde antes encontrábamos a las cholas en las ferias, ahora las calles bolivianas encuentran bolsas plásticas mortuorias por el colapso del sistema, ya no solo de salud sino también funerario. En el medio, a un desfile de ministros de Salud que incluye un ex militar experto en marketing, se le suman múltiples denuncias de corrupción (como la millonaria compra de insumos médicos) y el desamparo en que se encuentra la población por falta de atención estatal.
Según el último informe de la CELAG sobre Bolivia, del total de entrevistades, el 60% considera que la gestión de la pandemia es muy mala y el 65% se encuentra moleste por la gestión económica del gobierno de facto durante estos últimos meses. Además, les entrevistades ven que la emergencia sanitaria y la crisis económica son los principales problemas de Bolivia. Según el mismo informe, se calcula que casi el 40% dejó de percibir todos los ingresos por la crisis y más del 50% redujo una parte de los mismos. En un país donde más de la mitad de su población trabaja informalmente, el aislamiento repercute directamente en la calidad y cantidad de ingresos que registran las familias. En sintonía, casi el 70% de les entrevistades entienden que la ayuda social que brindó el gobierno es insuficiente.
Huelga por la democracia
Si bien la fragilidad del gobierno de Añez viene desde el día uno, la masacre en Senaka, donde murieron 37 personas y más de 500 personas resultaron heridas, aceleró la inestabilidad del gobierno de facto. La derecha montada en un fraude inexistente, con Evo Morales proscripto, no logra consolidar su gobierno. Hoy en día, según el mismo informe de la CELAG e informes nacionales bolivianos, Luis Arce -candidato del MAS, partido de Evo Morales- lidera todas las encuestas para Presidente. En este contexto, postergar las elecciones no hace más que empujar a la crisis social y política, a lo que la clase obrera, indígena y popular resiste. La primera fecha establecida fue el 22 de enero (fecha indicada por la Constitución), luego pasó al 3 de mayo pasado y ahora debía ser el 6 de septiembre. El candidato a vicepresidente por el MAS, David Choquehuanca, denunció que “se está utilizando la pandemia como pretexto para postergar las elecciones, o no realizarlas. Están utilizando la pandemia para sembrar temor, miedo, para reprimir, para perseguir la libertad de expresión, para perseguir a las organizaciones sociales y judicializar a la política”.
Tras 10 meses de un Gobierno que pisoteó y quemó las whipala, los movimientos sociales y sindicales disputan en la calle lo que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, advirtió: “Los trabajadores vamos a hacer cumplir que el 6 de septiembre sí o sí se hagan las elecciones. Vamos a defender la democracia”. En Bolivia, hoy en día, defender la democracia implica, ante todo, tener otra posibilidad: una posibilidad que no sea morir de hambre ni de coronavirus. Implica tener un Estado que cuide no solo la salud sino también la vida, que brinde programas de asistencia social durante la crisis sanitaria y que ponga en movimiento a la economía una vez finalizado el aislamiento.
Pensar el golpe de Estado implica entender el cambio de modelo de acumulación de estos trece años en la Bolivia reciente, discutir sobre los recursos naturales bolivianos (Bolivia cuenta con la reserva de litio y el salar más grande del mundo), interpretar los intereses que se pusieron y ponen en juego, reivindicar una Latinoamérica justa, libre y soberana. Como dice la palabra aymara “jiwasa”: no soy yo, somos nosotros.
