Dos casos positivos y 14 agentes aislados en el Penal de Batán. Las medidas se conocieron luego de que se hiciera público el resultado positivo del test de coronavirus por parte de una enfermera que cumple tareas en el penal y el Hospital Houssay de Mar del Plata. Entre los aislados también se suma un interno, que colabora en el servicio de Sanidad y habría tenido contacto estrecho con la enfermera.
“La profesional de la salud se encuentra en buen estado, afebril, aislada en su casa, con la contención médica pertinente”, explicaron desde el Servicio Penitenciario Bonaerense. Sin embargo, las alarmas se dispararon luego del primer contagio en un penal que cuenta con casi el doble de detenidos de lo que su capacidad permite. De hecho, actualmente la Unidad Penal 44 aloja a 529 personas privadas de su libertad, a pesar de que en abril de 2018, el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 fijó un cupo de cuatro personas por celda, el equivalente a 372 plazas. Una sobrepoblación que alcanza el 42%.
La situación en Batán no es una excepción, sino que es la regla de lo que sucede en los penales argentinos. En este marco, los familiares de detenidos y las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas privadas de su libertad volvieron a alzar su voz para denunciar la situación. “Estamos en la puerta de una masacre humanitaria dentro de las cárceles”, explicó Canela Bella, militante de Derechos Humanos y miembro del Frente de Liberados y Liberadas del Movimiento Evita.
https://elgritodelsur.com.ar/2020/07/las-comunas-del-sur-caba-concentran-covid.html
El 19 de junio, Bella había encabezado, junto a otras organizaciones y familiares, un banderazo frente a los Tribunales bonaerenses en reclamo por mejoras en las condiciones de vida y detención de los privados de libertad. «No sólo preocupa la circulación del virus en contextos de encierro por la potencial rápida propagación, sino también porque las condiciones materiales en las que se encuentra el Área de Sanidad son extremadamente precarias, deficientes y peligrosas», explicaron en su comunicado les referentes del Frente de Liberados.
Dentro de la denuncia se señala que el acceso al Área de Salud suele estar intermediada por el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, lo que genera que en caso de poder acceder, los detenidos deben afrontar una situación caracterizada por la escasez de insumos, la falta de higiene y las precarias condiciones de atención. A este complicado escenario se le agregan las consecuencias del aislamiento: reducción de las horas fuera de las celdas, suspensión de visitas, cancelación de los talleres culturales y educativos. El dato que completa un cuadro alarmante es que el Penal no cuenta en estos momentos con ningún tipo de atención en salud mental.
Las organizaciones y los familiares exigen que se les permita ingresar alimentos, indumentaria y frazadas para pasar el invierno, así como también reclaman la provisión de insumos higiénicos y de bioseguridad ya que, según informaron, los detenidos sólo reciben una mínima cantidad de cloro.
