Las organizaciones sociales, la justicia administrativa, legisladores de la oposición y hasta el propio cuerpo de inspectores de la Ciudad vienen alertando desde mayo al Ejecutivo porteño sobre el potencial que los hoteles familiares y las pensiones, por sus condiciones sanitarias, acumulan para convertirse en otro foco de contagio de coronavirus, tal como lo fueron los barrios populares 60 días atrás. Baños y cocinas compartidas por varias familias, hacinamiento, condiciones de higiene precarias y estructuras endebles que hacen que muchos de los inquilinatos estén clausurados, con riesgo de derrumbe y hasta de incendio. Las alarmas se prendieron esta semana cuando en el Hotel Zavalía, de Constitución, donde viven más de 300 personas repartidas en 94 habitaciones, se confirmaron los dos primeros positivos, incluida una mujer en edad de riesgo y con problemas respiratorios.
«Estamos muy preocupados, porque entendemos que ante estos dos casos, el Gobierno debería venir a testear y aislar a las personas que corresponda. Ayer nos acercamos voluntariamente al Casa Cuna, pero nos mandaron de vuelta porque no teníamos síntomas. Hay mucha gente que entró en contacto con los contagiados. Llamamos varias veces al BAP, pero nadie vino», le dijo a El Grito del Sur Gustavo Orquera, vecino y referente de las familias del Zavalía.
El Gobierno porteño cuenta desde hace un mes con un “Protocolo de actuación ante sospecha y/o confirmación de COVID-19 en vivienda o espacios multifamiliares con baño y/o cocina compartida en contexto de pandemia”, sancionado luego de varios meses de reclamos de las organizaciones y de presentaciones judiciales. Pese a que ya fue publicado en el Boletín Oficial, aún no se está aplicando.
El protocolo, entre otras medidas, explicita que se deben garantizar condiciones mínimas para el aislamiento dentro de los hoteles de los casos sospechosos. También ordena la implementación de medidas de higiene y concientización en los espacios comunes y garantiza que las autoridades de salud realicen testeos a la población que haya tenido contacto estrecho con algún caso confirmado, dentro del plazo de una semana.
El objetivo del protocolo es la prevención del ingreso del virus a dichos establecimientos con medidas sanitarias específicas, así como la minimización del riesgo de contagio en casos sospechosos o positivos, reforzando las medidas generales de prevención para controlar y reducir la propagación del coronavirus.
El asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, le exigió al Ministerio de Salud, conducido por Fernán Quirós, que aplique dicho protocolo en el Zavalía, en un plazo de 72 horas que vence hoy. El Hotel está clausurado desde el año pasado y, según un informe del cuerpo de inspectores de la Ciudad, las condiciones del edificio lo convierten en un foco potencial de contagios.
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