La demanda de alimentos en los comedores de villas porteñas creció un 60%

Los datos surgen de un relevamiento difundido por la Defensoría del Pueblo. Sólo la mitad de los comedores y merenderos contactados recibe asistencia alimentaria por parte del Gobierno de la Ciudad. En la Villa 31 la situación es aún más crítica.

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 está haciendo estragos en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con un informe difundido ayer por la Defensoría del Pueblo porteña, la demanda alimentaria de los comedores y merenderos comunitarios ubicados en villas se incrementó en un 60%. Mientras que 9 de cada 10 establecimientos contactados sufren falta de alimentos, actualmente sólo la mitad recibe ayuda estatal por parte de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

El relevamiento de la Defensoría se efectuó en diez barrios populares de la Ciudad: Padre Ricciardelli (ex 1-11-14), Villa 15 (Ciudad Oculta), Villa 20, Villa 21-24, Villa 31, Carbonilla, Cildañez, Playón de Chacarita, Rodrigo Bueno y Scapino. Consultados entre los días 2 y 18 de junio, 63 referentes de comedores -que en total entregan aproximadamente más de 25.000 raciones alimentarias todos los días- respondieron en forma telefónica sobre el aumento de la demanda a partir del inicio de la emergencia sanitaria y las respuestas que obtuvieron del Gobierno porteño.

Varios de los establecimientos relevados se encuentran en la Villa 31, donde la situación es aún más crítica. Según dieron cuenta los encuestados, la asistencia alimentaria de los comedores y merenderos creció un 60% en los últimos tres meses. En este contexto, más de la mitad de los establecimientos (56%) aseguró tener personas o familias en lista de espera para recibir la asistencia alimentaria. El informe plantea que «para brindar asistencia a esa población deberían aumentar la entrega de alimentos en un 15%».

¿Cuáles son los motivos por los que la problemática alimentaria está tan presente? De los comedores relevados, sólo el 36% integra la red del Programa de «Apoyo a Grupos Comunitarios» del GCBA y el 40% no fue contactado hasta el momento por ninguna dependencia gubernamental. En cuanto a la asistencia alimentaria, apenas la mitad de dichos establecimientos recibe ayuda en este momento por parte de la administración porteña. La situación es más grave todavía si se indaga en las necesidades, dado que 9 de cada 10 establecimientos precisan un aumento de la asistencia alimentaria.

Patricio Clare, responsable de la Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat de la Defensoría, explicó a El Grito del Sur que «fuimos sistematizando todos los pedidos que nos llegaron y, con una situación bastante estable de información, nos pareció pertinente elaborar un informe. En los barrios populares se produjo una explosión de la demanda alimentaria, que tiene que ver con la gravedad de la crisis que acompaña a la pandemia y que se traduce en la economía de las familias. Si bien hay una respuesta bastante fuerte a través del Programa de Apoyo a Grupos Comunitarios, hay muchos comedores que quedan por fuera del programa». El trabajo fue dirigido a la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario del GCBA a cargo de Jazmín Lerner.

«Lo que estamos recibiendo nos alcanza para dos días, los chicos necesitan comer los siete días de la semana. Además necesitan comer carne, verdura y lácteos, pero el Gobierno de la Ciudad nos está dando sólo fideos, puré de tomate, arroz y aceite. Antes de la pandemia se acercaban unas 80 familias, pero ahora se triplicó el número porque no pueden salir a trabajar», contó Lorena Gómez, del merendero «Color Esperanza» en la Villa 31.

Estas carencias se reflejan también en el ámbito de la seguridad e higiene, dado que sólo el 9,5% de los entrevistados por la Defensoría del Pueblo aseguró estar recibiendo adecuadamente elementos como barbijos, alcohol en gel y artículos de limpieza. El 47,6% recibió éstos en forma insuficiente y el 42,9% no fue equipado con ningún insumo. La labor del Ejecutivo porteño resulta insuficiente para cubrir las necesidades de comedores y merenderos comunitarios que desarrollan sus actividades en villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires.

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