Horacio Rodríguez Larreta está decidido a avanzar en el diseño de un nuevo plan urbano ambiental. La decisión, comunicada en junio por el secretario de Desarrollo Urbano porteño, Álvaro García Resta, generó polémica porque fue tomada en plena pandemia, y con un retraso de 12 años: la última vez que se discutió fue en 2008, cuando el plazo establecido para actualizarlo, por ley, es cada cinco años. Los bloques opositores del Frente de Todos y el FIT pusieron el grito en el cielo, además, porque la conformación del grupo de profesionales que lo redactará, el Consejo del Plan Urbano Ambiental (conocido como COPUA, por sus siglas), se conformó únicamente con representantes del oficialismo, y fue votado en una polémica sesión a principios de este mes. Las organizaciones sociales, por su parte, denuncian que los profesionales elegidos por el Ejecutivo están en su mayoría vinculados al modelo del negocio inmobiliario y expulsión de las clases medias y populares fuera de los márgenes de la Ciudad que caracterizaron los últimos 13 años de gestión del Pro.
«Es necesario rediscutir el Plan Urbano Ambiental, porque el vigente fue concebido en los 90, y la Ciudad de Buenos Aires cambió mucho desde entonces, a nuestro parecer, para mal: hay más exclusión, mayor porcentaje de inquilinos, nuevos problemas ambientales y una explosión del negocio inmobiliario, que construye torres destinadas a los sectores con mayores recursos, inaccesibles para la mayoría de los porteños. Nosotros creemos que esos nuevos desafíos y problemas deberían ser las prioridades en el debate de un nuevo Plan, pero está claro que por su conformación no va a ser así y que el Gobierno porteño pretende profundizar su modelo de ciudad para pocos», advirtió en diálogo con El Grito del Sur Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones convocantes al primer encuentro entre vecinos y ONGs que tendrá lugar esta tarde vía ZOOM para coordinar una propuesta alternativa al plan del macrismo.
«La discusión del nuevo plan, si es seria, debería profundizar en la regulación del mercado inmobiliario, revisar cada una de las privatizaciones de tierras públicas que se dieron en los últimos 12 años y proyectar un acceso a la tierra urbana mucho más equitativo», señaló Baldiviezo.
El abogado y titular del Observatorio resaltó que la discusión es aún más urgente en la medida en que «la Ciudad hoy está viviendo un colapso de los servicios públicos, un proceso de sobreconstrucción y una mayor desigualdad entre el norte y el sur», lo que, dijo, «quedó claro en esta pandemia, en la que el Ejecutivo se encontró muchas veces sin respuesta, sobre todo en los barrios populares».
«Hoy el problema es la composición del COPUA, que va a discutir el nuevo Plan. Tiene déficits técnicos y democráticos. Pasó de ser ese consejo de especialistas que -mas allá de las orientaciones políticas- tenía debates profundos, llevados adelante por profesionales reconocidos, a ser un organismo fuertemente cuestionado. Además hay un claro sesgo inmobiliario, con mayoría de arquitectos ligados a la especulación, y con un sesgo machista, dado que hay una sola mujer que forma parte», denunció Baldiviezo.
