Juez Gallardo

«El problema del Gobierno porteño es la Constitución de la Ciudad, no los jueces»

Al juez Andrés Gallardo, el Ejecutivo porteño lo recusó más de 700 veces. La última, por un fallo que obligaba al Gobierno a garantizar internet en las villas para que les pibes puedan estudiar a distancia. En diálogo con El Grito del Sur, Gallardo reivindica el rol de la justicia administrativa, critica el "lawfare" y los discursos de odio que circulan en estos tiempos y exige un cambio de paradigma en el Poder Judicial. "Así como está, el derecho no tiene herramientas para hacer un aporte contra la pandemia", sentencia.

Uno de los deportes preferidos del Gobierno porteño es recusar al juez Andrés Gallardo. Una simple googleada de su nombre basta para comprobarlo. Cansado, en septiembre de 2016 apeló al Consejo de la Magistratura y denunció que Horacio Rodríguez Larreta batió todos los récords conocidos y lo apartó de diez causas en un lapso de 30 días. Desde que es juez administrativo porteño, padeció ese recurso de los gobiernos más de 700 veces. La última, hace 10 días, después de haber exigido que la Ciudad garantizara la conectividad de internet en las villas para que les pibes pobres puedan estudiar a distancia. Es uno de los pocos jueces del país que critica abiertamente la desigualdad, al mismo tiempo que se opone públicamente a la utilización de la Justicia para perseguir dirigentes y, como dice él, para recortar derechos. Hace poco firmó un documento muy crítico del rol que está desempeñando el Poder Judicial en plena pandemia, junto a una serie de colegas que forman parte del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, que se referencia en la prédica del Papa. Entre otras cosas, el documento dice que estamos asistiendo a la “muerte del derecho neoliberal”. De todo eso habló, vía Whatsapp, con El Grito del Sur.

-Desde que empezó la pandemia, la justicia administrativa porteña tuvo mucha actividad, con fallos que ordenaron al Gobierno de la Ciudad a garantizar protocolos en barrios populares hasta proteger derechos que estaban y siguen vulnerados. En casi todos los casos, la estrategia del Ejecutivo fue apartar a los jueces y no cumplir cautelares. ¿Cuál es el balance que hace de estos casi 4 meses?

-La justicia contencioso administrativa de la Ciudad ha tenido un importante y destacado papel en el progreso de los derechos sociales en el país. Yo diría sin dudar que es el fuero vanguardia en la República Argentina en lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, a la educación, la salud y la cultura, entre muchos otros. Los fallos de mis colegas han interpelado en numerosas oportunidades al Gobierno de la Ciudad. Algunas de las respuestas han sido satisfactorias, pero muchas otras han sido necesarias intimaciones, apercibimientos, multas y hasta ejecución forzada para concretarlas. La tarea no es fácil, pero seguimos tesoneramente en el objetivo de hacer real nuestra Constitución local, que por cierto es muy garantista y progresista. Ese, creo, es el peor problema que tiene el Gobierno: la Constitución, no los jueces. Mientras no logre modificarla, deberá cumplirla. Para eso estamos.

-Estas semanas pareciera que la discusión política volvió a la arena de las causas judiciales. En la carta que firmaron los jueces franciscanos fueron muy críticos, otra vez, del rol que ocupa el Poder Judicial en lo que se conoce como “lawfare”. ¿Es posible evitar la utilización de estas causas que buscan sacar rédito político valiéndose de la Justicia?

El Papa Francisco es el único referente mundial y titular de un Estado que ha denunciado públicamente la existencia del lawfare y ha descrito cómo opera para desarticular la democracia y minar los derechos sociales de los pueblos, profundizando la expoliación económica y la pauperización. Nosotros creemos que hay que extremar todos los recaudos para que no pueda repetirse esta historia en nuestros países. Para ello, debemos entender al lawfare como una política regional de la concentración económica militar, que no casualmente se dio en varios países al unísono y con los mismos fines y medios. Desde esa comprensión deberíamos luego indagar en cuáles han sido los aliados internos de esos intereses foráneos y, dentro de éstos, cuáles lo han hecho desde el Poder Judicial y cuáles desde los medios concentrados de información. A partir de todos esos datos, será imperioso promover las sanciones judiciales y políticas que pudieren corresponder, para que esas prácticas no queden impunes. Ese es nuestro compromiso en el Comité.

-El Comité usa el término “derecho neoliberal” y argumenta que estaría por terminarse. ¿A dónde apuntan?

El sistema capitalista no aguanta más, lo dijo con claridad el Papa. Y es necesario su reemplazo por un orden justo y digno para el hombre y sostenible para el planeta. El derecho, que tiene como misión consolidar un orden dado, no puede continuar inmutable cuando su propia base se derrumba. El derecho neoliberal, que rigió hasta antes de la pandemia, no tiene soluciones tal como ha sido concebido, para dar respuestas a las múltiples problemáticas que se presentarán. Por eso hace falta un nuevo contrato social y una nueva Constitución, seguramente en muchos de los estados que conforman el Comité, y la adaptación urgente de otras tantas al nuevo estado de cosas. Esa es la alerta que tratamos de transmitir.

-Desde que empezó la pandemia, se debate cómo va a salir la sociedad de esta crisis. ¿Qué debería cambiar en el Poder Judicial?

-Por cierto, el Poder Judicial tiene mucho que aportar frente a los desafíos de la pandemia. Nosotros hacemos eje en la necesidad urgente e imperiosa de concretar los derechos sociales. Para ello entendemos que los jueces debemos adoptar una postura proactiva, es decir, comprometernos decididamente a que nuestras resoluciones no sólo sean declarativas sino que se ejecuten y operen transformaciones tangibles en la vida de las personas que claman por justicia y dignidad. Eso, por cierto, en los casos que vienen a nuestro conocimiento y también cuando se cuestionan judicialmente las políticas públicas insuficientes o inexistentes. La pandemia además generará un sinnúmero de conflictos sociales y jurídicos que habrá que resolver, y por eso hacemos hincapié en la aplicación de la doctrina franciscana, como una forma de imaginar un camino en ese proceso de decisión que habrá que forjar. Tenemos que asumir que la crisis ha modificado radicalmente el estado de cosas y que no es posible seguir sentenciando con viejos paradigmas cuando el escenario es otro.

-A partir del documento de la oposición sobre la muerte de Fabián Gutiérrez y ciertas expresiones públicas, se instalaron algunos discursos de odio que circulan con mayor potencia. ¿Hay riesgo de un “vale todo” en la política y la justicia?

-Las doctrinas del odio son muchas en el mundo de hoy, infelizmente. Se ven doctrinas de odio racial, doctrinas de odio de género, religiosas, sexuales, y muchas otras. Las doctrinas del odio son las que generan grietas y construyen enemigos para destruir. Para ello utilizan cualquier recurso a su alcance: la mentira, la difamación, el señalamiento. Nunca hay que perder de vista cuáles son los objetivos de esas doctrinas, los expresos y los ocultos. En nuestro país, lamentablemente, hay profetas del odio. El caso de Gutiérrez es una muestra más de esa imperturbable inescrupulosidad, que además brilla por su corta inteligencia y su grosera estructuración.

-¿Qué les queda por hacer a los jueces ante eso?

-Los jueces podemos hacer mucho para neutralizar el odio: a través de decisiones claras, rápidas y simples, que sean comprendidas por el ciudadano medio sin dificultad. Las sentencias no necesitan de palabras difíciles ni de proliferación de citas, sino de un relato claro y simple de hechos y del derecho aplicable, que cualquiera pueda leer y entender. El odio se construye sobre la oscuridad. Cuanta más luz podamos dar a lo que hacemos, más difícil será para los líderes del odio tejer sus trampas políticas.