Mbayne Dieng, Ibrahima Seye, Niang Ndiaga, Ibrahima Diagne y Cheik Ndiane tienen varias cosas en común, además de su origen senegalés: están sin trabajo desde que la venta ambulante en la Ciudad de Buenos Aires, su principal fuente de ingresos, se prohibió por decreto el 20 de marzo, cuando entró en vigencia la cuarentena; sin ingresos desde entonces, deben varios meses de alquiler o se endeudaron para no quedar en la calle, apenas les alcanza para parar la olla y, por si fuera poco, fueron excluidos de beneficios como el IFE, que forma parte del paquete de ayuda social en plena pandemia. Este grupo, además, decidió formar parte de un amparo colectivo para que el Gobierno porteño implemente de urgente algún tipo de programa de emergencia específico para les migrantes, que como elles habitan en territorio porteño y se quedaron sin poder trabajar.
El pedido de amparo ya tramita en el Juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Romina Tesone, quien le dio al Gobierno porteño tres días hábiles para presentar algún tipo de medida «que genere un sistema general de protección al conjunto de trabajadores migrantes y garantice un ingreso de emergencia para ese sector que satisfaga las necesidades especiales que requiere este colectivo, tales como alimentos, vivienda, aseo y limpieza personal», según consta en las actuaciones de la causa.
«La pandemia empeoró todavía más la situación económica de la población migrante de la Ciudad, en su mayoría vendedores ambulantes y trabajadores de la Economía Popular. El Gobierno porteño no supo dar respuesta a esa situación, no implementó ningún programa nuevo que los contenga en esta emergencia. Y como por temas burocráticos y de documentación tampoco pueden acceder a los que están vigentes, como la Ciudadanía porteña, creemos que es necesario que se diseñe un plan», le dijo a El Grito del Sur Ramiro Dos Santos Freire, defensor oficial del Ministerio Público de la Defensa, que acompañó a las familias en el amparo.
Dentro de la población migrante, la comunidad senegalesa está mucho más golpeada, explicó Dos Santos Freire. «Por la barrera del idioma y por la violencia institucional que ya existía previamente, su situación es mucho más crítica y por eso es necesaria una respuesta de manera más urgente», advirtió.
De acuerdo a un estudio realizado por el área de Economía Popular del MPD, a cargo de Enrique Palmeyro, el 23 por ciento de los trabajadores informales de la Ciudad se dedica a la venta ambulante y/o feriante. «La idea es que no sólo se aplique una política ahora, de emergencia, sino que también el amparo, que esperemos que sea a nuestro favor, también sea un puntapié para el diseño de una política a largo plazo», señaló el defensor.
Según un estudio de la Agenda Migrante 2020 que publicó este medio, 8 de cada 10 personas migrantes que intentaron recibir el IFE en abril, quedaron excluidos del beneficio. El Gobierno de la Ciudad, por su parte, sólo destinó a la población de menores recursos de la Ciudad un bono por única vez en abril de 3 mil pesos para los beneficiarios del programa de hotelados, que recibieron unas 30 mil personas.
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