«Nos abandonaron en el peor momento»

Inquilinos del Hotel Familiar "El Ancla" denuncian que, tras los dos primeros casos positivos de COVID, fueron abandonados por el Gobierno porteño, que nunca fue a testear ni acercó ayuda alimentaria en medio de la crisis. La situación es casi idéntica en el resto de los inquilinatos y exigen que la Ciudad elabore un protocolo para el sector.

«Lichi», como le dicen los suyos, empezó a sentir alguno de los síntomas de COVID-19 la semana pasada. Se tomó un colectivo hasta el Hospital Ramos Mejía, donde la testearon. El resultado fue positivo. Enseguida se confirmó el caso de uno de sus hijos. «Lichi», una mujer de 40 años, cartonea para sobrevivir y es inquilina del Hotel Familiar «El Ancla», en Corrientes al 1900, en la zona del Abasto porteño. Con ella viven más de un centenar de personas, en su mayoría vendedores y vendedoras ambulantes, cartoneros y cartoneras, muches migrantes, repartidos en 30 habitaciones. Comparten cocina y baño, padecen hacinamiento. «Lichi» cuenta que mantuvo contacto estrecho, en los espacios comunes, con casi todos los vecinos. Una semana después, dice, «todos están con miedo a salir, encerrados en sus habitaciones. Pedimos por todas las vías que tenemos a mano que alguien del Gobierno de la Ciudad venga a testear, nos cuide la salud, y también nos ayuden con la comida, con recursos, porque sin changa los chicos están pasando hambre».

Pese a la mediación de las organizaciones sociales que siguen de cerca la situación del Hotel, ningún funcionario de Salud ni de Desarrollo Humano y Hábitat se acercó con la ayuda del Estado. «Ya pasó una semana y no sabemos qué más hacer. Ni un vaso de agua nos acercaron. Estamos sin poder laburar y encima no sabemos quién está contagiado y quién no, hay mucho miedo. Nos abandonaron en el peor momento», relata «Lichi».

La situación que describe la vecina, según vienen advirtiendo las organizaciones sociales de la Ciudad, se repite en casi todos los hoteles familiares y pensiones de la Ciudad, donde alquilan unas 36 mil personas según el último censo, en su mayoría mediante el subsidio habitacional vigente en la Ciudad desde 2019 como única política para el sector, que las organizaciones sociales y la ley 3706 consideran «en riesgo de situación de calle».

Pese a que es uno de los principales reclamos desde el primer día de la pandemia, el Gobierno porteño no elaboró un protocolo específico para el manejo de contactos estrechos y el asilamiento de las personas con síntomas que viven en ese tipo de inquilinatos. El asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, se lo exigió al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat el mes pasado, y el legislador porteño del Frente de Todos Manuel Socías presentó un proyecto ley en ese sentido.

El Hotel «El Ancla» queda ubicado en la zona del Abasto porteño.

Según reconocieron a El Grito del Sur desde el entorno de la ministra de Desarrollo, María Migliore, la Ciudad no lleva un conteo de los casos en hoteles, tal como lo hace con los barrios populares. Durante los testeos a principio de junio que el Gobierno porteño realizó en distintos barrios, se hizo hincapié en algunos conventillos de La Boca y en inquilinatos de Balvanera, pero pese a los altos índices de positividad, en algunos casos del 90 por ciento de contagiados, no se desplegó ninguna política específica.

«Lo que más bronca nos da es que se movilizan muchísimos recursos cuando algún político o figura del sistema da positivo, pero dejan a su suerte a los que menos tienen. El Gobierno de la Ciudad tiene una política clasista en este tema», aseguró el referente de Proyecto 7, Horacio Ávila.

A la par, se siguen produciendo algunos desalojos, como el caso del hotel del barrio de Flores que publicó este medio, y el caso de Javier Macrino, quien falleció en la calle cuatro días después de haber sido desalojado del Hotel Florida.

 

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