El Gobierno de la Ciudad acaba de adquirir unas 40 camas de terapia intensiva para reforzar el sistema de salud pública. El gasto total de la contratación directa, publicada ayer en el Boletín Oficial, es de 5,4 millones de pesos. El Ejecutivo pagó $135.670 por cada unidad a la firma Quiro- Med S.A.C.I.F, una empresa promotora de tecnología hospitalaria. La compra se da en un momento crucial, con 39.195 personas cursando la enfermedad en la metrópolis porteña y con un nivel de ocupación de camas de terapia intensiva superior al 60 por ciento en la zona del AMBA.
Sin embargo, el sistema de salud porteño está lejos de dar las respuestas a la población que acostumbraba hace más de una década: según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria en base a los últimos datos disponibles, la Ciudad de Buenos Aires perdió un total de 563 camas de atención desde fines de 2007 en adelante, es decir desde que gobierna el Pro.
«Las 563 camas menos equivalen al cierre de los dos hospitales pediátricos de la Ciudad (el Gutiérrez y el Elizalde) o al cierre de dos hospitales generales como el Durand y el Santojanni», explica el informe de Soberanía Sanitaria, en base a los datos oficiales del Ministerio de Salud porteño, que abarcan hasta el año 2017.
A juzgar por el informe, los sucesivos recortes en salud que sufrió la Ciudad durante las tres anteriores gestiones derivaron en una menor capacidad para afrontar la pandemia de coronavirus. «Estos datos implican que en el ámbito público se ha pasado de 25 camas cada 10.000 habitantes en 2003 a 23 camas cada 10.000 habitantes en 2017. La caída en el promedio de camas disponibles implica menor capacidad para dar respuesta a necesidades de internación por problemas de salud», sostiene. «Este dato resulta más llamativo aún si se compara con lo sucedido a nivel nacional, donde ha aumentado este indicador pasando de 33 camas cada 10.000 habitantes en 2001 a 37 camas cada 10.000 habitantes en 2016», agrega.
«A menor cantidad de camas disponibles, menor es la posibilidad de dar respuesta a las demandas de internación de la población, pero también con la capacidad de respuesta del sistema para reducir el tiempo de las altas hospitalarias», expone el informe.
El gasto en las camas forma parte de una fuerte inversión que la Ciudad viene haciendo en insumos de salud, para lo cual cuenta con una ley que le votó la Legislatura con el objetivo de reasignar recursos de otras áreas (lo que le valió una polémica con la oposición) y apurar los procesos de compra a través de contrataciones directas, muchas de las cuales resultaron mal hechas, como el caso de los 18 millones de pesos que se gastaron en test rápidos a un intermediario de Singapur que cobró el dinero pero nunca entregó el material.
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