El miércoles 1 de julio empezó a regir la nueva Ley de Alquileres que extiende el plazo mínimo del contrato de alquiler a tres años, fija los ajustes de los contratos en forma anual y regula el pago de las expensas, entre otros cambios introducidos. Sin embargo, la primera semana de vigencia transcurrió con una serie de incumplimientos en la Ciudad de Buenos Aires: de acuerdo con una encuesta de Inquilinos Agrupados, el 96% de los propietarios y las inmobiliarias no se ajustó a los lineamientos que establece la flamante ley 27.551.
La encuesta fue realizada a más de 1500 inquilinos con un perfil claramente joven, puesto que casi la mitad de los encuestados tiene entre 18 y 35 años. En relación al pago del alquiler, uno de cada cuatro pagará parcialmente o directamente no podrá abonar este mes de julio. A pesar de que sólo el 6% de los encuestados se encuentra en situación de desempleo, el 25% del segmento no podrá pagar el alquiler este mes y ya acumula hasta tres meses de deuda. Esta dificultad se enmarca en un contexto en que la mitad de los inquilinos manifestó obtener ingresos inferiores si se compara con el mes pasado. Desde Inquilinos Agrupados denunciaron que «apenas uno de cada cuatro hogares inquilinos percibió algún beneficio del Estado Nacional (IFE o salario complementario) y el gobierno porteño es totalmente ajeno a la situación social que afecta a quienes deben alquilar vivienda».
El punto más crítico del relevamiento está en el bajo cumplimiento de la Ley de Alquileres a lo largo de su primera semana de vigencia. En ese sentido, el 96% de los propietarios e inmobiliarias no se ajustó aún a la nueva normativa y el 32% de los encuestados declaró haber recibido presiones para no adecuarse a la ley. El 46% aseguró conocer sólo algunos puntos de la ley, lo cual fomenta posibles abusos de los locadores y manifiesta la necesidad de que el Estado promueva una campaña comunicacional para lograr un mayor conocimiento de la misma. «La nueva Ley de Alquileres es muy resistida por el mercado inmobiliario y por eso están llevando adelante estrategias para no cumplirla», expresó el titular de Inquilinos Agrupados (IA), Gervasio Muñoz.
Otra cuestión preocupante que surge de los datos de la encuesta es el estado actual del Decreto 320/20. El 51% de los encuestados planteó que no logró hacer cumplir alguno de los artículos que suspende los desalojos y congela el precio de los alquileres hasta el 30 de septiembre del año en curso. Hasta el momento, 3 de cada 10 inquilinos sufrió algún tipo de amenaza de desalojo y otro 30% ni siquiera recibió el CBU obligatorio para poder transferir el pago del canon locativo. Por esta razón, uno de los planteos de IA es la importancia de extender el mencionado decreto hasta marzo de 2021 con el objetivo de «evitar aumentos y desalojos que lleven a una crisis habitacional aún más grave».
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