Nuevo informe de barrios populares

El desafío de una urbanización que regularice el derecho a la vivienda

De acuerdo con el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), el 80% de las familias en villas y asentamientos no tiene ningún documento que acredite la tenencia del terreno que habita. "Esto también genera infinitos problemas para la conexión a cualquier servicio", explicó Lucas Terranova, autor del trabajo.

El estallido de casos de COVID-19 y problemáticas acuciantes como la falta de acceso al agua, volvieron a poner en el foco de la agenda pública la necesidad de una integración socio-urbana real de los barrios populares. En ese marco, desde el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) publicaron ayer un informe que intenta echar luz sobre las condiciones estructurales de vida de los barrios populares. “Es importante que la sociedad deje de culpar a las familias y entienda que estamos hablando de derechos que tienen que ser garantizados por el Estado” explica el autor del informe, Lucas Terranova, en diálogo con El Grito del Sur.

Teniendo en cuenta el acceso a los servicios básicos domésticos, el informe determina que más del 50% de las personas viven en condiciones de precariedad leve o alta en las villas y asentamientos de todo el país. Cabe destacar que, al día de hoy, los datos recabados por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) dan cuenta de la existencia de 4.416 barrios populares (3.703 asentamientos y 713 villas), donde viven 925.609 familias -unas 4 millones de personas- y que en términos de superficie representan una extensión de 444.246.941 metros cuadrados del país.

El informe apunta a la situación dominial en los barrios populares. Prácticamente el 80% de las familias, tanto de villas como de asentamientos, no cuenta con ningún tipo de documento que acredite la tenencia del terreno que habita. “La situación de dominio es un problema muy importante porque genera -por un lado- un estado en el cual te pueden echar en cualquier momento, pero además produce que las familias tengan infinitos problemas a la hora de pedir la conexión a cualquier servicio”, sostiene Terranova.

También se destaca el acceso a la red pública de agua en forma irregular, situación en la que se encuentran más del 70% de las familias en villas y más del 50% en asentamientos. Respecto de las conexiones cloacales, una de los principales deudas del Estado en materia de integración urbana consiste en el hecho de que más del 90% de la gente que vive en asentamientos cuenta con desagües, principalmente sólo a un pozo negro. En villas, la misma variable supera el 40%.

Por otra parte, en los asentamientos cerca del 30% utiliza quema de leña o carbón para calefaccionar. “Muchas familias, por falta de acceso a la conexión formal de gas natural, tienen que recurrir a la quema de leña para calefaccionarse o cocinar, esto es un grave problema tanto por los riesgos de incendios que genera como por los tóxicos que emana”, comenta el autor del informe. Y agrega: “Muchas de estas prácticas también son un riesgo para el medio ambiente, por lo que es importante entender que el costo de reorganización de estos servicios debe recaer sobre el Estado, no puede cargarse sobre las familias”.

La crisis económica puede abrir un capítulo de empeoramiento en las condiciones de vida de los barrios populares, pero esto dependerá de las medidas tomadas desde el Estado para incluir a sus habitantes de manera más decidida tanto en la traza urbana como en la vida económica. “Hoy nos toca hablar de la situación habitacional, pero la realidad indica que las familias de los barrios populares están muchas veces expuestas a otro montón de problemáticas. Pienso que es clave entablar un ida y vuelta con organizaciones sociales y cooperativas para poder dar respuestas más integrales”, concluyó Terranova.