Sabrina Cartabia

«Mientras sigamos siendo consideradas inferiores, nuestras palabras no van a tener peso»

La abogada feminista Sabrina Cartabia viene trabajando desde hace años en el acceso de las mujeres a la Justicia. En diálogo con El Grito del Sur habla sobre justicia patriarcal, punitivismo y lenguaje del derecho. "El punitivismo no es solo un problema del feminismo, es un esquema de pensamiento", remata.

Abogada feminista e integrante de la ONG Red de Mujeres, Sabrina Cartabia ha trabajado a lo largo de su carrera en temas como salud y relación de las mujeres con la Justicia, acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), género y derecho. Cartabia integró el colectivo Ni Una Menos, fue la primera mujer argentina en ser reconocida por la revista Time como una de las líderes de la próxima generación y además acompañó la defensa de la denuncia por violencia sexual de Thelma Fardin. Actualmente forma parte del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. En diálogo con El Grito del Sur, la abogada feminista habla sobre justicia patriarcal, punitivismo y lenguaje del derecho.

El pasado 8 de marzo se dictó un provocador fallo en Chubut donde se utilizó el término “desahogo sexual” para hablar de una violación. En ese sentido, ¿qué significados tiene el lenguaje en la Justicia?

El derecho opera a través del lenguaje y las palabras tienen una importancia muy grande. Nosotras (las abogadas feministas) sabemos que la matriz del derecho penal es un derecho patriarcal, formulado por varones que siguen dominando la escena. Este tipo de expresiones son muy habituales, al punto tal de que no ven ningún problema en utilizarlas. En ese sentido, más grave que la utilización del término por parte de un fiscal me pareció la respuesta del Ministerio Público Fiscal que salió a decir que era una simple fórmula jurídica habitual y que el problema era que quienes no son abogados no la entendían. Eso te demuestra la desconexión total con el momento histórico, político y cultural de la Argentina, donde una frase de ese estilo tiene consecuencias en cómo somos percibidas las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Referirse a la violación como «desahogo sexual» está mal y no hay nada que se pueda defender por más que esa expresión aparezca en muchos libros de doctrinas jurídicas.

En ese sentido, ¿cómo se hace para deconstruir el lenguaje de la Justicia? 

Se están haciendo muchas cosas, de hecho el impacto que tuvo este caso en la agenda pública es relevante. Hay muchas abogadas con perspectiva de género, yo no creo que esté todo perdido ni que todo el ámbito del derecho penal sea malo para las mujeres. Sí es un terreno hostil que tenemos que seguir deconstruyendo. Las mejores herramientas que tenemos ahora para construir una Justicia que realmente respete los mandatos constitucionales y de DD.HH. -porque el mandato de investigar, sancionar y fallar con perspectiva de género no es algo que se nos ocurrió un día a las feministas, es parte de las obligaciones que tiene el Estado argentino- es que esto empiece a ser evaluado en los concursos para ocupar lugares dentro del Poder Judicial. No respetar la perspectiva de género es no saber derecho. A nadie se le ocurriría nombrar fiscal a alguien que no sabe de dogmática penal. Entonces, ¿por qué se va a nombrar fiscal a alguien que desconoce las obligaciones del Estado en cuanto a cómo debe ser tratado un delito con perspectiva de género? Por eso es fundamental que desde las facultades se empiece a estudiar con perspectiva de género.

Igualmente el lenguaje no tuvo que ver con el fallo en sí…

No, es necesario que quede en claro que la crítica se le hace al uso de la frase y no a la resolución alternativa del conflicto. Ese conflicto se había resuelto con un juicio abreviado para no llegar a un juicio oral y hubo mucha crítica de eso. Yo creo que las salidas alternativas tienen que formar parte del repertorio de posibilidades que tenemos las mujeres para decidir sobre nuestras causas. Me preocupa mucho que nos digan que todo tiene que terminar en juicio oral, cuando nosotras sabemos que los juicios orales son esas instancias hiper revictimizadoras. Querer obligar a las mujeres a que cada vez que denuncian sí o sí tengan que llegar al juicio oral es discriminador, porque supone que las mujeres no podemos tomar decisiones y justamente lo que nosotras queremos es poder tomar más y mejores decisiones y que no se nos infantilice.

Desde el feminismo se pide que no se exponga a las víctimas. ¿Cómo se hace desde el derecho penal para no revictimizar a las mujeres, lesbianas, travestis y trans?

Para eso es necesario tener conocimiento de cómo llevar adelante investigaciones sin que impliquen necesariamente una revictimización. Hay algo muy importante y es que los procesos penales no están pensados con perspectiva de género, entonces tenemos que utilizar una herramienta que nunca pensó nuestras necesidades para resolver nuestros problemas. Eso de por sí va a generar problemas porque es difícil readaptar esas herramientas, tal vez lo que habría que hacer es pensar nuevas. El proceso penal, por como está pensado, lo que permite es que las defensas de los acusados tengan un amplio margen de discrecionalidad para trabajar, pero hay que entender que en estos casos la prueba principal es el testimonio, la psiquis o el cuerpo de la víctimas. Ahí hay una cuestión a resolver que es cómo podemos llevar adelante estos procesos respetando las garantías de los imputados al derecho a la defensa, pero también reconociendo que esto no es lo mismo que un robo porque implica la intimidad de las personas.

En ciertos países de Europa se implementaron leyes que dicen que, si no hay consentimiento, se considera que existe una violación. ¿Qué crees al respecto?

Una de las cosas a las que nosotras apuntamos siempre es a evitar estas situaciones, por eso desde el feminismo hablamos de la prevención, pero si nadie trabaja en ello va a ser muy difícil que esto cambie. El punitivismo es la forma que tiene la sociedad de responder. No es solo un problema del feminismo, es un esquema de pensamiento: somos sociedades punitivistas. Por eso hay que trabajar en la prevención de manera integral. En la violencia por razones de género, por ejemplo, hay que pensar cómo las mujeres van a poder salir de estas situaciones si cobran mucho menos que los varones, si tienen problemas de acceso a la vivienda o a la salud. En nuestro país ni siquiera tenemos el derecho al aborto, por lo cual nacemos siendo ciudadanas de segunda. No es lo mismo criarse y crecer en una sociedad que te considera libre que en una sociedad que, en función de tus capacidades reproductivas, puede ponerte presa; eso ya cambia todo el paradigma subjetivo de las mujeres, no solo de las que quieren abortar. Mientras sigamos siendo consideradas inferiores, nuestras palabras no van a tener peso; entonces tu «no» en una relación sexual no va a ser importante y eso es lo que pasa cuando hay un abuso. Esto no se va a prevenir a partir de más penas en el Código Penal. Además, es muy difícil probarlo y ahí aparecen un montón de frustraciones porque se promete una respuesta por parte del derecho penal y después te das cuenta que es ineficiente, lo que genera la idea que no se puede hacer nada, que es la más peligrosa.

Yendo al tema del aborto. ¿Qué se puede hacer desde lo legal para asegurar el acceso de las mujeres y cuerpos gestantes, también pensando en la objeción de conciencia? 

El Estado puede hacer muchas cosas para garantizar el acceso a este derecho. Primero tenemos que entender que el aborto no necesariamente tiene que ser en una institución de salud. Hay un imaginario de que el aborto siempre es quirúrgico, pero la evidencia científica y el trabajo de las socorristas nos ha demostrado que el aborto con pastillas es una solución segura y accesible para muchos cuerpos gestantes. Por otro lado, el Estado tiene herramientas para contrarrestar la objeción de conciencia. En nuestra Constitución dice que se debe recibir igual remuneración por igual tarea, o sea que aquellos trabajadores que no se presten a realizar una práctica que responde a los derechos humanos de los cuerpos gestantes quizás deban recibir un reconocimiento económico menor o una desventaja en los concursos para ascender en la carrera médica.

 

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