Semana clave en la búsqueda de Facundo Castro

Todos los caminos conducen a la Bonaerense

En las próximas horas se allanará la comisaría de Mayor Buratovich con el fin de "incautar los elementos que puedan contener registros biométricos de la víctima". Las maniobras de encubrimiento, el rol de Sergio Berni y la necesidad de una ley contra la violencia institucional.

Esta semana se avizora como clave en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro. La subestación de policía comunal Mayor Buratovich será allanada en las próximas horas «a fin de incautar los elementos que puedan contener registros biométricos de la víctima», tal como estableció una resolución de la jueza federal María Gabriela Marrón, por pedido de la familia. Por otro lado, la Fiscalía Federal Nº 1 de Bahía Blanca informó que se analizarán las muestras obtenidas en dos vehículos y se estudiará el contenido de teléfonos del libro de guardia secuestrado en la comisaría de Mayor Buratovich.

La causa tuvo un avance importante durante la semana pasada a partir de las declaraciones de cinco testigos que confirmarían la responsabilidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la desaparición de Facundo. Según esta hipótesis, el joven de 22 años habría sido introducido a un patrullero entre las 15.30 y 16 horas del 30 de abril pasado, último día en que se supo algo de él. En un marco de fuerte desconfianza con el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez -a cargo de la investigación-, la madre de Facundo y los abogados querellantes lograron que el perito de parte Marcos Herrero efectúe un rastrillaje con canes en las dependencias policiales de Mayor Buratovich y Teniente Origone, así como en automotores, accesorios, equipos y vestimentas. Esto fue ordenado a la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal pero con la intervención de los canes de la Unidad K9.

Cabe destacar que el miércoles 15 de julio se llevaron a cabo los peritajes ordenados sobre el vehículo Chevrolet Corsa Classic, dominio FYK 677, y el móvil policial Toyota Hilux, orden 22.788, dominio PQH 491, consistentes en la inspección ocular, el levantamiento de muestras físicas (rastros) y biológicas (ADN, manchas hemáticas, etc.), fotos y filmación. El cuestionado fiscal también solicitó un peritaje sobre el libro de guardias de la comisaría de Mayor Buratovich con el fin de establecer si en las anotaciones del 30 de abril existen enmiendas, raspaduras, borrones, faltantes de hojas o cualquier otro tipo de señal que permita suponer una alteración.

Encubrimiento

Recién el pasado 8 de julio se decidió apartar a la Policía Bonaerense ante la sospecha de su culpabilidad y de que, tal como denunció la familia, se estaban dilatando los tiempos de la investigación con el objetivo de borrar las pruebas del caso. A partir de ese momento, las fuerzas federales quedaron a cargo del procedimiento. La decisión de apartar a la fuerza provincial se produjo casi en simultáneo con un rastrillaje que estaban realizando más de 200 policías bonaerenses en Bahía Blanca, que habían llegado a la zona por orden del ministro de Seguridad, Sergio Berni.

«Ese plan de encubrimiento tuvo distintas etapas: una de ellas, obviamente, el primer día de la desaparición; la segunda, al momento en que se empiezan a recepcionar las primeras denuncias en la comisaría de Pedro Luro; y la tercera con posterioridad al rastrillaje que debió haberse realizado en Mayor Buratovich. En este contexto, debemos mantener la reserva que nos pide el fiscal de la PROCUVIN, el doctor Heim, y denunciamos la filtración de datos desde la Fiscalía Federal aprovechados por algunos medios con la finalidad de desviar la investigación. El sostenimiento de pruebas totalmente inconducentes pretende la impunidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hoy ya tenemos 9 policías individualizados en la desaparición y el encubrimiento de Facundo», explicó el abogado querellante Leandro Aparicio en diálogo con El Grito del Sur.

Cabe destacar además que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó recientemente al Estado argentino una serie de medidas urgentes para dar con el paradero de Facundo Castro. Allí pidió llevar adelante una «investigación independiente» y brindar medidas cautelares para la protección a los testigos que declararon en la causa y cuyos testimonios fortalecen la hipótesis de la responsabilidad policial, algo que estaba claramente en riesgo mientras la Policía Bonarense continuara al mando del peritaje.

Sergio Berni

El mediático ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires continúa su desfile por las pantallas televisivas haciendo gala de sus políticas de seguridad y aprovecha para recorrer diferentes municipios en modo campaña electoral de cara al 2021. Sin embargo, poco ha aportado a la causa más allá de afirmar que «si la madre tiene dudas, saco a la Policía Bonaerense de la investigación». Berni también consideró «un poco prematuro, desafortunado e irresponsable» acusar a la fuerza policial que dirige supuestamente «sin tener evidencias concretas».

Leandro Aparicio sostuvo que «él (Sergio Berni) dijo que la policía provincial no cometió ninguna irregularidad, pero nosotros vamos a acreditar que hubo irregularidades a través de un plan organizado para concretar que permanezca en el tiempo la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro».

¿Ley contra la Violencia Institucional?

En la Provincia de Buenos Aires hay un caso de gatillo fácil cada 40 horas. Sólo en el mes de junio, 18 personas murieron en hechos vinculados con la violencia institucional. La mayoría, hombres jóvenes y pobres. En ese marco, Horacio Pietragalla, secretario nacional de Derechos Humanos, se reunió con sus pares del Consejo Federal y afirmó allí que «la violencia institucional es un mal que tiene nuestra democracia, tenemos que trabajar juntos para generar herramientas y mecanismos que nos permitan erradicarla».

Una de las iniciativas en agenda es el proyecto de formación de las fuerzas de seguridad, pero también se vislumbra la idea de un proyecto de ley contra la violencia institucional. Sin embargo, en relación a esto último, desde la propia Secretaría de DD.HH. dejaron trascender a este medio que no existe aún un «borrador avanzado» del tema y la Campaña nacional contra la Violencia Institucional tampoco fue notificada hasta el momento de esta propuesta.

 

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