La defensora nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, decidió intervenir en la cautelar que pesa sobre el Gobierno porteño por falencias en la protección de pibes y pibas menores de edad institucionalizados en hogares, paradores, centros de día y de salud mental frente al coronavirus. La acción judicial había sido impulsada por los trabajadores y las trabajadoras del Consejo de Niñez de Ciudad organizados en ATE Capital, con apoyo de la APDH, y está vigente desde fines de mayo, a partir del fallo de la titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 4, Elena Liberatori. En un fuerte gesto político, Graham sumó su voz al reclamo y pidió una audiencia con las autoridades porteñas «para que se puedan evaluar las medidas requeridas» por la jueza, que van desde la adquisición de «elementos de protección personal necesarios para evitar el contagio del COVID-19» hasta la aplicación de un método efectivo de testeos y de acción frente a los contactos estrechos, que hasta ahora no se cumplieron.
Alertada por el crecimiento de casos y las denuncias del personal de los paradores y hogares, Graham decidió formar parte del amparo y exigió una mediación virtual con las autoridades de los organismos porteños encargados del cuidado de les pibes y les trabajadores, en principio pautada para la semana próxima. Para Graham, hasta ahora, tanto el Ministerio de Salud como el de Desarrollo Humano y Hábitat porteño (del que dependeel Consejo) vienen trabajando de forma descoordinada y sólo aportaron información «incompleta e imparcial» sobre la cantidad de contagios y las medidas aplicadas para prevenirlos.
Según datos actualizados de la Defensoría General de la Nación, al 24 de julio había 96 pibes y pibas con COVID positivo en los distintos hogares y paradores administrados por la Ciudad o conveniados con el Ejecutivo porteño, 11 de ellos hospitalizados. El porcentaje es bastante alto si se tiene en cuenta que, según los números oficiales de la Dirección de Niñez, la población total de pibes institucionalizados ronda los 800. Entre los trabajadores y las trabajadoras, la cifra llega a 65 positivos. El primer caso se confirmó a mediados de abril, y desde entonces la cifra no dejó de crecer, pese a que les trabajadores denuncian que no se testea todo lo que se debería.
La primera cautelar de Liberatori, del 23 de mayo, le ordenaba al Gobierno porteño «que se proporcione a los trabajadores, como también a les niñes que se alojan en los dispositivos, los elementos de protección personal (EPP) necesarios para evitar el contagio del COVID-19, los correspondientes kits de desinfección e higienización», además de una política de testeos más eficiente. Esa primera cautelar estuvo restringida a las instituciones que forman parte de la órbita del Consejo de Niñez de Ciudad, del que dependen los penales juveniles y centros de atención transitoria. A partir del nuevo fallo, por pedido de Graham, se amplió a todas las instituciones relacionadas con el Gobierno porteño.
Los trabajadores y las trabajadoras de las instituciones, organizados en ATE Capital, realizaron la semana un «abrazo» simbólico en los hogares bajo el lema «Nuestro trabajo es esencial, queremos todos los derechos». Denunciaron que los hogares están «superpoblados y en pésimas condiciones edilicias» y que «no cuentan con el personal necesario para llevar a cabo las tareas de cuidado». «Continúan sin implementarse los testeos de forma ágil, hay falencias en el mapeo de contactos estrechos, y es deficiente la provisión de elementos de protección personal para evitar contagios», agregaron.
«Desde ATE Capital venimos teniendo que recurrir a la Justicia frente a los incumplimientos de las normativas nacionales y además porque Rodríguez Larreta no implementa políticas especificas que respondan a las distintas realidades de la Ciudad. Una de ellas son lxs pibxs que por distintas circunstancias de vulneraciones de derechos se encuentran al cuidado del Estado y con ellos a sus trabajadorxs. Ya lo veníamos viendo con el dengue y ahora con la falta de entrega de elementos de protección personal e higiene dentro de las instituciones en que lxs pibxs son alojados», describió en diálogo con El Grito del Sur Romina Piccirilo, delegada del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Ciudad e integrante del Consejo Directivo de ATE Capital.
«En la Ciudad de Buenos Aires las políticas sociales vienen siendo vaciadas desde el año 2008. Como venimos diciendo desde ATE Capital, esta emergencia es un emergente de un problema estructural: la desigualdad en la metrópolis porteña. En el contexto de la pandemia, lxs niñxs vienen siendo invisibilizados y, hoy por hoy, los problemas edilicios estructurales, de falta de cuidado y precarización a lxs trabajadorxs, y falta de escucha de Larreta, se terminan traduciendo en un riesgo a la salud y la vida», concluyó.
