La Villa 31 de Retiro vuelve al centro de la escena política. La Mesa de Urbanización denunció que la Secretaría de Integración Social y Urbana busca aprobar este viernes un nuevo modelo de escritura que «pone en riesgo nuestro arraigo y propone avanzar en las discusiones para formalizar servicios que aún no garantiza». Comuneros, organizaciones y referentes del barrio rechazaron este avance y pidieron que se detenga mientras dure la pandemia. «Hasta tanto no se levante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, exigimos que se postergue su discusión», explicaron a través de un comunicado.
En diálogo con El Grito del Sur, Silvana Olivera, integrante de la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa del barrio, explica que uno de los problemas centrales tiene que ver con el intento de modificación de las deudas que los vecinos y las vecinas tienen con el Gobierno de la Ciudad. Producto de la urbanización y las relocalizaciones, muchas personas que se mudaron a las viviendas nuevas tienen hipotecas con la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora las autoridades del barrio están intentando vender esas deudas a privados. «Quieren que sean los privados quienes expulsen a las familias del barrio», dice Silvana. «No es lo mismo deberle al Estado que a un privado: sobre todo en las viviendas de urbanización, que venían a ser soluciones, no problemas», sostuvo la vecina que también forma parte del Comité de Crisis del Barrio.
«En medio de la pandemia y con el barrio aún atravesando la grave crisis, potenciada por la falta de agua, el Gobierno de la Ciudad puso en temario para este viernes el tratamiento del pago de escrituras del barrio», explicó Sofía González, comunera del Frente de Todos (FdT). «Quieren privatizar la erradicación de los vecinos al imponer, en la cláusula séptima, la posibilidad de que el Estado le ceda a privados su condición de acreedor de las deudas hipotecarias», agregó la comunera.
Este viernes, la Secretaría de Integración de la 31, dirigida por el ex Grupo Sushi Diego Fernández, intentará aprobar la incorporación de esta cláusula en las escrituras. A pesar de que el propio GCBA informó en una reunión previa a la pandemia que el 35% de las familias ya se encontraba incumpliendo el pago de las cuotas, en el paquete también busca incluirse la posibilidad de remate de las viviendas a través de subasta pública, así como la ejecución hipotecaria ante el no-pago de 3 cuotas de la vivienda. «No se puede hacer este tipo de planteos en la forma que propone el Gobierno porteño y en tiempos de pandemia. Se está violando la Ley Nº 6129, que plantea en forma literal la participación abierta de los vecinos y las vecinas en el CGP», planteó Luciana Grossi, también comunera por el FdT.
Todo esto en una reunión del Consejo de Gestión Participativa (CGP) convocada entre gallos y medianoche. Organizaciones y referentes del barrio buscan evitar que más familias se queden en la calle y anunciaron que iniciarán acciones para visibilizar la situación. «La prioridad debería ser mantener a la población sana, pero los negocios en nuestro barrio nunca pararon. Siguieron las relocalizaciónes en plena pandemia y se siguieron mudando familias», agregó Silvana.
Los vecinos, organizaciones y referentes nucleados en la Mesa de Urbanización denuncian la modificación inconsulta y señalan que «es contrario al principio de la ley 27.453 de que las viviendas sociales deben seguir siendo bajo esta modalidad cuando vaya pasando de mano en mano y al criterio de radicación definitiva de un Barrio Popular». Asimismo, exigieron que se completen las obras públicas para garantizar la provisión de servicios de calidad. «La falta de agua disparó los casos de coronavirus en nuestro barrio y la luz se sigue cortando una y otra vez en pleno invierno generando perdidas materiales e incluso incendios», explicaron desde la Mesa. Este viernes a las 14:30 brindarán una conferencia de prensa visibilizando el tema.
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