El Gobierno presentó el proyecto para gravar a las grandes fortunas

Bacanes, a poner la teca

Después de cuatro largos meses, el bloque del Frente de Todos presentó ayer el proyecto para gravar las grandes fortunas. El Gobierno espera recaudar 300 mil millones de pesos, que a priori se destinarán a subsidiar a las pymes, a fortalecer el sistema de salud y a la urbanización de barrios populares. El impuesto se pagará una sola vez, y está alcanzado apenas el 0,0002 por ciento de la población, unos 12 mil millonarios.

Cuatro meses después de anunciarlo, el bloque del Frente de Todos presentó finalmente ayer en Diputados el mentado proyecto de impuesto a las grandes fortunas. Unas 12 mil personas, el 0,0002 por ciento de la población, cuyas fortunas superan los 200 millones de pesos declarados, aportarán por única vez este año entre el 2 y 3,5 por ciento de su patrimonio. El Gobierno espera recaudar unos 300 mil millones de pesos, cuyo destino ya está definido: servirán para financiar el robustecimiento del sistema de salud, el relanzamiento del Plan Progresar y la urbanización de barrios populares, y para apuntalar mediante subsidios a sectores productivos en crisis, como YPF y las pymes. El texto, presentado vía teleconferencia, lleva la firma del jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, y del diputado y economista Carlos Heller, redactor y curador de la letra chica, entre otros.

Según confiaron a El Grito del Sur desde el despacho de Heller, el último borrador estuvo listo hace dos semanas. La existencia del proyecto, sin embargo, había sido revelada en abril. Desde entonces, Carlos Heller y Máximo Kirchner se ocuparon de cuidar en detalle cada uno de los artículos, a fin de lograr el máximo consenso posible para que la iniciativa, sin precedentes en la historia reciente, no naufrague como sucedió, por caso, en España. La preocupación en el oficialismo estuvo centrada estos meses en despejar todas las dudas posibles respecto de que la alícuota pueda afectar a la clase media. Ese punto central, que definió el “piso” patrimonial a partir del cual aplicar el impuesto en las fortunas superiores a 200 millones de pesos, se debatió especialmente con el bloque Argentina Federal, que se referencia en Roberto Lavagna.

Nadie lo confirma, pero tampoco se desmiente: el propio Máximo Kirchner, ideólogo del proyecto, intervino personalmente para que el 15 por ciento de lo recaudado con el impuesto estuviese destinado al fideicomiso que financia la urbanización de 4 mil villas y asentamientos del país, una de las promesas del Presidente en plena pandemia. El resto de los 300 mil millones se repartirán en un 20 por ciento en subsidios para pymes; otro 20 por ciento, para seguir reforzando el sistema de salud; un 25 por ciento “a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural”, a través de YPF; y el restante 20 por ciento financiará un próximo Plan Progresar.

El destino de los fondos fue el último tramo de la discusión interna, que se mantuvo bajo siete llaves. Aportaron al proceso varias voces, de distintas carteras. Además de paliar la crisis que dejó la pandemia, también se debatió sobre cómo utilizar los recursos para impulsar sectores estratégicos internos, como las pymes e YPF. El proyecto busca, además, repatriar divisas: por eso, el artículo quinto ofrece un plazo de 60 días para aquellos millonarios que tengan fondos en el exterior y decidan traerlos de vuelta. De lo contrario, el impuesto será para ellos un 50 por ciento más alto.

Como aclaró Heller durante la presentación del proyecto, las 12 mil personas alcanzadas conforman “el 0,0002 por ciento” de la población. Además, aunque suene obvio, el impuesto solo se aplica sobre los patrimonios bajo declaración jurada ante la AFIP, por lo que no alcanzará a la totalidad de las fortunas. Es sabido que el sector empresario argentino no suele declarar todos sus bienes.

Pese a todo, 300 mil millones de pesos extra en un año de crisis económica no queda para nada en un gesto simbólico. “En este momento del país es una suma nada despreciable, sobre todo a la hora de paliar los efectos de la crisis económica que dejó el macrismo y profundizó la pandemia. Está claro que la foto que dejó el coronavirus es una sociedad más desigual. El proyecto apunta a amortiguar la caída de los sectores que menos tienen”, describió el diputado y economista Itai Hagman, uno de los firmantes y principales impulsores del proyecto.

“Con las previsiones del mes de agosto, los gastos e inversiones que tendrá que realizar el Estado Nacional para atender las consecuencias de la pandemia suman $870.000 millones. Se trata del equipamiento de salud, los hospitales modulares, el IFE, el ATP, los bonos a las personas jubiladas, la asistencia financiera a las provincias, la asistencia financiera a PAMI y el refuerzo de los planes alimentarios”, rezaba ayer al respecto el PDF explicativo difundido por el bloque oficialista en Diputados.

En el Frente de Todos se mostraban conformes con el trabajo que se hizo en relación al proyecto: hay confianza en que el tiempo que requirió su redacción, más el cuidado con el que se trabajó, alcanzan para lograr el consenso más difícil, en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo debe contar cada voto para sacar leyes. La iniciativa nació desde el vamos con el apoyo de Argentina Federal y el Frente de Izquierda. Incluso, decían ayer, está la puerta abierta a seguir introduciendo modificaciones que conformen a cada uno de los bloques.

El 15 por ciento de lo recaudado por el impuesto sería destinado a la urbanización de villas y barrios populares.

La espera, coinciden varias fuentes consultadas, convirtió al proyecto en una reivindicación, sostenida por el sector dentro del Frente de Todos que más impulso aporta a iniciativas que tienden a la redistribución del ingreso. En esa línea, el Frente de Todos lanzó hoy una fuerte campaña en redes para apoyarla, de la que participaron entre otros el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La oposición, en tanto, prefirió polarizar no con el proyecto, sino con trascendidos en torno a una posible reforma tributaria integral, que el Gobierno estudia introducir junto al Presupuesto 2021 el mes que viene. Pese a que aún no trascendieron detalles, Elisa Carrió ya puso el grito en el cielo. “Están haciendo lo mismo que con la reforma judicial”, advirtió Hagman. “La oposición, que cuando fue gobierno también pedía una reforma, debería discutir punto por punto en vez de gritar”, afirmó.

Otro de los puntos sensibles, que probablemente traerá debates en el recinto, es la escala de la alícuota. Se buscó una “progresividad”, según afirmaron cerca de Heller. Se calcula que la mitad de quienes deban pagarlo tienen entre 200 y 400 millones de pesos: deberán pagar un 2 por ciento del total los primeros, y 2,25 por ciento los segundos. Solo 300 de las 12 mil personas alcanzadas deberán aportar más del 3,50 por ciento, dado que su patrimonio supera los 3 mil millones de pesos.

La iniciativa llegó en una semana muy agitada para el Gobierno: empezó con el DNU que declaró “servicio público esencial en competencia” a las telecomunicaciones, siguió con la media sanción en el Senado de la reforma judicial y terminó ayer con otra bomba, muy esperada por cierto. La semana que viene habrá más novedades, que incluyen un plan de 60 medidas de reactivación económica. La pandemia va quedando atrás.

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

“Esta reforma judicial no es el fin sino el comienzo”