Entre cortes de ruta y elecciones

Bolivia, en horas decisivas

Una masiva movilización de campesinos y pueblos originarios cortó las principales arterias del país para exigir la renuncia de la presidenta de facto Jeanine Áñez y el adelantamiento de las elecciones. El rol de Carlos Mesa, las tensiones en el MAS y la pregunta por el futuro de Bolivia.

Bolivia vive horas convulsas. El país atraviesa una profunda crisis política luego del golpe de Estado de finales de octubre del año pasado. Ahora, las placas tectónicas de la política en el Altiplano se friccionan cada vez más a medida que se acerca la fecha de las elecciones.

El nuevo escenario se abrió recientemente, cuando un importante sector de campesinos, mineros y pueblos originarios decidió salir a las rutas para exigir que se adelanten las elecciones, dispuestas originalmente para el mes de mayo y pospuestas para el 18 de octubre a causa de la pandemia. El Alto, La Paz y la zona cocalera de Cochabamba fueron los primeros focos de una resistencia que se extendió y se radicalizó hasta levantar las consignas que hoy blanden: fuera Jeanine Áñez y elecciones ya.

La situación escaló al calor de la mala gestión de la pandemia por parte del gobierno de Áñez y el gran desgaste en su imagen pública. La presidenta de facto, que continúa con una amplia -aunque descendente- intención de voto había prometido que no se postularía a las elecciones e incumplió su palabra. Ahora, intenta contener a sus adherentes y evitar que sus votos migren al candidato Carlos Mesa, favorito para enfrentar al MAS en un eventual ballotage.

Para comprender el escenario opositor es necesario hacer una breve caracterización de los actores: por un lado, Jeanine Áñez, encumbrada en el poder tras el golpe, representa a los terratenientes del agro y es una de las voceras de los intereses dominantes en la media luna, el oriente petrolero, la región más próspera de Bolivia, cuyos sectores más reaccionarios han tenido siempre una pretensión autonomista. Detrás suyo, Áñez supo contener al evangelismo y los grandes terratenientes, así como una representación de la extrema derecha que había sido movilizada por el «Macho» Camacho como fuerza de choque durante el golpe. Parte de la representatividad que perdió Camacho a lo largo de este último tiempo habría migrado a la figura de Áñez.

Del otro lado, en la misma oposición, aparece Carlos Mesa. Un expresidente, hombre del establishment político, más ligado a la centro-derecha y apoyado fundamentalmente por el sector financiero e industrial de Bolivia. Si bien fue de los primeros en alegar «fraude» (un hecho que sería refutado por observatorios y organizaciones internacionales), también se despegó del golpe y de la gestión de Áñez e intentó posicionarse en un espacio intermedio entre los golpistas y el MAS. De hecho, es quien sale mejor parado del conflicto de calle que atraviesa Bolivia: por un lado, critica las manifestaciones y responsabiliza a Evo Morales y Luis Arce del conflicto. Por el otro, cuestiona la legitimidad de Áñez con el objetivo de apartarla del camino y concentrar los votos opositores al Proceso de Cambio.

La coalición masista, por su parte, se tensa sin romperse. Los principales dirigentes insisten en continuar con el llamado a elecciones para el 11 o el 18 de octubre. De hecho, el propio Evo Morales twitteó desde el exilio en Argentina un llamado a acudir a las urnas el mismo 18. En el MAS saben que la variable tiempo es muy sensible a sus posibilidades de ganar la elección: todas las encuestas ubican en primer lugar a Luis Arce, candidato del MAS y exministro de Economía de Evo Morales. Sin embargo, los números no le darían una victoria en primera vuelta, lo que haría necesario un ballotage donde se unirían las distintas fuerzas de derecha para evitar el regreso del masismo. Mientras los dirigentes apuestan por un triunfo en las urnas, las protestas de calle se radicalizan y en las zonas del Alto y el Chapare, la influencia de los máximos dirigentes del MAS es menor y los sectores más radicalizados anuncian que seguirán en la calle hasta lograr la renuncia de la presidenta de facto.

Mientras tanto, se agrava la situación económica y sanitaria en el país. La economía sigue siendo la principal preocupación de los bolivianos y 9 de cada 10 afirman haber visto afectados sus ingresos. Al aumento de los casos de COVID se suma la desesperanza en los sectores populares frente a la inacción de un gobierno que asumió presentándose como «de transición» y que se apronta para cumplir su primer año en el poder. En esa tónica, el gobierno de Añéz optó por la radicalización en su intento por contener a los sectores de ultra-derecha de Santa Cruz: en los últimos días designó a Branco Marinkovic, representante de los sectores más reaccionarios del país, como Ministro de Planificación del Desarrollo. Un gesto que la acerca a los sectores más violentos de Santa Cruz y amplifica la representación de Mesa, en su intento de construir la amplia avenida del medio.

En este escenario, Luis Arce intenta comandar una campaña compleja: Evo Morales exiliado, su fuerza dividida entre la acción de los moderados y los más combativos y una continuidad en algunos espacios institucionales que le permiten anotarse ciertas conquistas. Ayer, el Senado boliviano, donde la bancada del MAS sigue siendo mayoritaria, aprobó un Bono contra el Hambre de 1000 bolivianos. Una conquista pequeña pero que sirve como victoria inicial para el MAS en una campaña atípica y contrarreloj.