Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe. Los epicentros de las grandes ciudades del país mostraron durante la tarde de ayer a un numeroso grupo de personas movilizadas en el marco de consignas políticas variopintas. De todas las marchas convocadas por el núcleo duro de la oposición -encarnado en las figuras de Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto- en plena pandemia, ésta fue la más concurrida. El repudio a la cuarentena, cada vez más flexibilizada en diferentes lugares, y a la reforma judicial no lograron tapar el verdadero motivo del acto: un profundo rechazo de este sector a los intereses populares que defiende el actual gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Eduardo Jozami fue uno de los referentes de Carta Abierta y dirigió el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Actualmente integra el espacio político Participación Popular y se desempeña como Director Nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa, conducido por Agustín Rossi, donde está trabajando en la formación democrática de las Fuerzas Armadas. En diálogo con El Grito del Sur, Jozami analiza la marcha convocada por el sector más radicalizado de Juntos por el Cambio, las características de la oposición y las perspectivas políticas del Gobierno con la reforma judicial como principal horizonte en el corto plazo.
¿Qué demandas sociales y políticas se entrecruzaron en la marcha de ayer?
Hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado, una oposición incondicional y absoluta al Gobierno porque no era un reclamo sobre algunas modificaciones en la política, sino que planteaban que el Gobierno tenía que irse. En segundo lugar, una subestimación total del riesgo tremendo que implica para la salud el hecho de reunirse tanta gente, que en algunos casos guardó distancia pero la gran mayoría no lo hizo. Se veían columnas con la gente agolpada y, entre los que se acercaron al Obelisco, hubo discusiones y la Policía tuvo que intervenir. Era evidente que ahí no se guardaba ningún tipo de distancia ni de precaución. Dentro de las cosas que se dijeron, la más mentada fue la reforma judicial porque es una discusión más actual.
También apareció nuevamente el pedido de «libertad» en contraposición al discurso del cuidado sanitario. ¿Qué significado tiene este concepto para los manifestantes?
Ese pedido de libertad no tiene mucho sentido en medio de una pandemia. No se está poniendo preso a nadie ni impidiéndole los derechos más elementales, se está regulando una situación en la que quien no se cuida y no cumple con las recomendaciones del Gobierno no sólo se está exponiendo a sí mismo, sino que también está exponiendo a la comunidad. Aquí hay un 80% de la población por lo menos que está luchando junto al Gobierno Nacional, gobernadores e incluso intendentes de la oposición para controlar esta pandemia y cómo se logra para que el virus no siga expandiéndose. Frente a eso, lo que se reivindica no es una libertad en abstracto sino el derecho a hacer lo que uno quiere sin que le importe las consecuencias que puede tener sobre la sociedad. No hay ningún país del mundo que reconozca eso e incluso la Constitución Nacional establece la necesidad de que los derechos de uno tengan el límite de los derechos de otros. Las restricciones impuestas por la pandemia están siendo aceptadas por la inmensa mayoría de la sociedad. Es razonable que así sea, la mayoría no quiere enfermarse. La marcha fue una irresponsabilidad total.
La concentración de ayer hizo pie en las grandes ciudades del país. ¿A qué atribuis que el núcleo duro de Juntos por el Cambio esté tan movilizado?
El núcleo duro de Juntos por el Cambio es profundamente antiperonista. Estamos en una situación que requiere una mayor disposición a dialogar. Tienen derecho a sostener la opinión que quieran, lo que me parece que no tienen derecho es a generar actividades que, en realidad, están provocando serio riesgo para toda la sociedad.
¿Qué repercusiones tiene hacia el futuro la presencia de un sector de la oposición con rasgos profundos de odio y estilo bolsonarista?
Es un problema. El límite se lo va a poner el resto de la población, la marcha de ayer tuvo alguna importancia pero no era algo comparable con las grandes movilizaciones políticas que se han hecho en otras circunstancias en la Ciudad. No sirve para medir demasiado, probablemente haya otra gente que simpatiza con los organizadores y que en otras circunstancias hubiera ido, pero por razones de salud no lo hizo. No es un buen indicador para medir cuántos son y qué influencia tienen. Lo que está claro es que se trata de un sector muy radicalizado en sus posturas y dispuesto a movilizarse en cualquier circunstancia, inclusive pasando por encima de las restricciones de la pandemia. Es una situación para tomar nota, pero no hay respuestas drásticas ni mágicas para eso porque sería entrar en el mismo terreno que estamos criticando.
Si el Gobierno no puede acudir por ahora a la movilización popular, ¿qué otros mecanismos tiene para sostener una correlación de fuerzas favorable?
No poder recurrir a la movilización popular es un problema desde el punto de vista político y hasta casi personal para quienes militamos en el Frente de Todos. Uno siente la necesidad de expresarse frente a movilizaciones como la de ayer, totalmente injusta -en relación con lo que el Gobierno ha hecho para enfrentar la pandemia- y contraria a todo diálogo democrático. Por otro lado, el Gobierno está comunicando su actividad a través de distintos medios y, espero que más temprano que tarde, esta situación va a terminar. No hay que entrar en el juego de la provocación, no es que porque ellos hacen una marcha nosotros debamos hacer otra. Ese no es el camino.
El Presidente sigue con un apoyo popular muy importante. ¿Cuál es la importancia de avanzar ahora con la reforma judicial?
La reforma es muy importante porque el desprestigio que ha alcanzado la Justicia en los últimos años es notable. Me parece que hay que desactivar un mecanismo que se había montado con la participación de grupos de inteligencia y la Justicia Federal. Se trata de una medida democrática porque tanto el Consejo de la Magistratura como el Congreso tienen la facultad de intervenir en las designaciones. Por ejemplo, se critican las propuestas respecto de la Corte como si eso no tuviera que requerir una mayoría especial en el Parlamento, que no es muy fácil de conseguir. Entonces va a haber negociaciones. Lo importante es que el Gobierno haya mostrado que está dispuesto a avanzar con la reforma judicial, si no lo hubiera hecho muchos estarían reclamando por esa promesa de campaña. La situación exige cada vez más esta propuesta de reforma.
