Más subsidios a la educación privada y abandono de los CPI

El Gobierno porteño promueve infancias de primera y de segunda

El flamante "Programa de Apoyo Económico a la Primera Infancia" destina fondos únicamente a los jardines maternales de gestión privada. Mientras tanto, los Centros de Primera Infancia (CPI) se encuentran a la deriva poniendo en riesgo la educación de 12 mil niños y niñas.

Todo indica que para la Ciudad de Buenos Aires existen primeras infancias y segundas; o dicho de otro modo: infancias de primera e infancias de segunda. A comienzos de este mes, el jefe de Gabinete Felipe Miguel brindó su informe de gestión en la Legislatura porteña y anunció que se implementará un “Programa de Apoyo Económico a la Primera Infancia”. Un título rimbombante pero, al leer la letra chica del proyecto, inmediatamente se descubre que la inversión de 150 millones de pesos está destinada únicamente a jardines maternales de gestión privada. Según Felipe Miguel, este apoyo económico se hará efectivo a partir de septiembre y apunta a pagar una parte de los sueldos del personal: 1.600 docentes y 300 no docentes.

En contraste, se encuentran los 76 Centros de Primera Infancia -CPI-, que dan acompañamiento y contención a chicos y chicas de entre 45 días y 3 años. La totalidad de estos CPI están manejados por diferentes organizaciones barriales, ONG´s, asociaciones civiles y mutuales, que el Gobierno porteño terceriza y delega en ellos, lo que tendría que ser potestad del Ministerio de Educación de la Ciudad. Según el artículo 24 de la Constitución porteña, el Ejecutivo está obligado a dar una vacante en la educación pública de gestión estatal a partir de los 45 días de vida hasta la educación superior.
Estos Centros de Primera Infancia están subsidiados por el Ministerio de Desarrollo Humano y contienen alrededor de 12 mil pibas y pibes, donde reciben desayuno, almuerzo y merienda. La pregunta es: ¿en qué situación están los Centros de Primera Infancia durante la pandemia?

En enero de este año, la mayoría de los CPI iniciaron reclamos de aumentos al Gobierno porteño porque la inflación que se venía acumulando desde el año 2017 los dejó a un paso del cierre. Un mes después consiguieron un incremento de apenas el 16,6% bajo la advertencia de no dar inicio al ciclo lectivo 2020, si es que no se obtenían un nuevo monto que alcanzara a la inflación acumulada. La administración de Rodríguez Larreta dilató varias reuniones durante todo febrero y el conjunto de los CPI realizó movilizaciones hacia la Jefatura de Gobierno para visibilizar su situación y entregar un nuevo petitorio. Ya en el mes de marzo, el confinamiento escolar y el aislamiento obligatorio fueron el argumento principal para que el Ejecutivo porteño sepultara definitivamente cualquier encuentro, incluso virtual, para llegar a un arreglo con los CPI.

“Somos espacios educativos, que además brindamos asistencia y contención a las y los niños y sus familias, y durante la cuarentena continuamos brindando educación de manera virtual y acercando material didáctico a las familias”, señala Mariela Lagar, responsable de la Asociación Civil Rayuela que tiene dos centros de primera infancia en la Ciudad. Muchos de los CPI luchan para que el Gobierno de la Ciudad los reconozca bajo el ala de la cartera educativa. “Peleamos permanentemente para que estos espacios no se conviertan en guetos de niñas y niños pobres y que sean reconocidos por el Ministerio de Educación”, asegura Lagar.

El 22 de noviembre del año pasado, el Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley para que los CPI pasen a ser parte del Sistema Educativo y dejen de estar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano porteño. El proyecto es de autoría de la exlegisladora Laura Marrone. “La crisis actual de las escuelas privadas -debido a la falta de ingresos de las familias- plantea la urgencia de garantizar que ningún niño, niña o adolescente, se quede sin escolaridad y que ningún docente sea despedido. Aquella escuela privada que despida, cierre o prive de matrícula por falta de pago debe ser estatizada y pasar a formar parte del sistema público estatal”, plantea Laura Marrone, licenciada en Ciencias de la Educación, y legisladora mandato cumplido de la Ciudad por Izquierda Socialista en el FITu. “Lo mismo ocurre con los Centros de Primera Infancia. El proyecto que presentamos el año pasado propone que pasen al sistema educativo público de gestión estatal. La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de esta propuesta del FITu: recuperar la unidad del sistema educativo, de carácter único sin fragmentación. En lugar de seguir subsidiando y, aún peor, aumentarlos, de lo que se trata es de unificar el sistema educativo, aumentar el presupuesto y construir nuevas escuelas, especialmente en el nivel inicial”, agrega Marrone.

Según las últimas cifras oficiales del Ministerio de Desarrollo porteño, en la Ciudad hay 22 Centros de Desarrollo Infantil –CeDI-, que maneja directamente esta cartera y donde cada uno alberga de 18 a 86 pibas y pibes de 45 días a 3 años de edad; y 76 CPI, que contienen a más de 11 mil niños y niñas bajo el ala del ministerio que dirige María Migliore. Entre ambos centros hay aproximadamente 100 establecimientos que el Gobierno de la Ciudad pretende hacer pasar por jardines de infantes, que alojan alrededor de 12 mil niños y niñas. Actualmente los CPI reciben 6000 pesos por cada niño/a y de allí deben abonarse salarios y cargas sociales del personal, alquileres de los inmuebles, y gastos de impuestos y servicios. Todos los Centros de Primera Infancia coinciden que en la actualidad necesitan 10 mil pesos por alumno/a para poder costear los gastos y seguir funcionando. Si no hay una respuesta rápida por parte del Gobierno porteño, corren peligro alrededor de 1.520 fuentes de trabajo.

@MDSuarez

 

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