La Ley de Urgente Consideración (LUC) es un proyecto socio-económico de corte liberal y punitivista que se esconde y disfraza en una ley. Dicha aprobación supone un giro represivo y la construcción de un Estado restrictivo donde se censura el derecho a la huelga, se otorgan nuevas facilidades para la acción represiva de las fuerzas policiales y vuelve más frágil la ya delicada situación de muchos sectores populares.
Vamos por partes. Primero, la restricción temporal que supone que sea “de urgente consideración” implicó que el Poder Legislativo contara con plazos cortos para decidir si se aprobaba o rechazaba. Además, la situación pandémica en que se presentó la Ley no es la ideal porque, si bien Uruguay no está en aislamiento, el COVID-19 repercutió en la cotidianidad. Así, la atención pública no está en la agenda legislativa sino en la verdadera urgencia: el coronavirus y el deterioro de la calidad de vida de una gran parte de la población uruguaya. También la imposibilidad de un correcto análisis respecto de la LUC parte de que, si bien es una sola ley, en ella se incluyen más de 400 artículos. Además de englobar temas tan diversos que no son “urgentes”.
La LUC no es ni popular ni justa como intentó instalar el Gobierno. Es una ley que extiende el tiempo de detención sin contacto con el exterior, como también establece la duplicación de las penas actuales de les menores privades de libertad (violando principios internacionales de los Derechos del Niño de la ONU y UNICEF) e incluye un inciso que admite la prisión en caso de “resistirse al arresto” o “atentar contra la autoridad pública”. La LUC no solo obliga a las personas a identificarse cuando la policía lo requiera, sino que también hace ilegal la protesta social y, si llegase a existir una huelga o manifestación, da vía libre a la represión policial.
Respecto a la cuestión laboral y de la formalidad, desde hace unos años el Estado obliga a les empleadores/as a pagar a través de algún medio electrónico para registrar las transacciones, evitar la evasión y garantizar mayores tasas de formalidad. Ahora, la LUC habilita la posibilidad de pagar en efectivo permitiendo que no todes declaren sus ingresos. Esto implica un retroceso para la República Oriental del Uruguay, que tiene una de las tasas más altas de formalidad de la región.
Asimismo, si hay algo que puso sobre la mesa la pandemia, es que los cuidados son una parte fundamental e intrínseca del sistema de socio-producción. Sin embargo, generalmente los mismos no están remunerados y muchas veces tampoco reconocidos. Además, las desigualdades de género se acentúan en los hogares de menores ingresos porque las demandas del cuidado son más altas. La LUC no sólo deja afuera la esfera del cuidado, sino que también desatiende las problemáticas de la vivienda que suelen afectar en mayor medida a las mujeres y a las personas de bajos ingresos. En esta ley monstruo, se fundamentan las nuevas medidas sobre vivienda: se establecen las garantías jurídicas para desalojar a les inquilines tras 15 días de retraso del pago del alquiler y para considerar deudores a quien demore 3 días en la cancelación de la renta.
Más allá de la murga, Uruguay hoy
Luego de 30 años, la derecha uruguaya volvió a ganar las elecciones nacionales en 2019. Luis Lacalle Pou se convirtió en Presidente con la promesa de la vieja receta: ajuste presupuestario y reducción del déficit fiscal. La idea de fondo es hacer a los salarios reales en Uruguay «competitivos» con el resto del mundo.
Hoy en día, como consecuencia de la crisis del COVID-19, el FMI estima una caída del PBI de Uruguay del 3%. Si bien es cierto que estos valores van por debajo de la media de Latinoamérica (donde se calcula una caída del 10% en términos generales, según la CEPAL), ya al día de la fecha Uruguay se encuentra exportando casi un 15% menos de lo que exportaba el año pasado. Y lo importante acá es que la situación económica no es “producto de la pandemia”, sino que la pandemia viene a acelerar la crisis de un modelo de acumulación que no puede dar garantías a la vida de todes. Así, la derecha apuesta a que el mercado resuelva las ineficiencias que el mismo mercado genera. La receta liberal del nuevo Gobierno no puede -o no quiere- brindar respuestas ante la emergencia económica: reduce programas sociales, recorta el presupuesto de los ministerios en un 15%, aumenta las tarifas de los servicios en un 10% y desincentiva a la demanda interna. Ante un mundo que tiende a la participación estatal para garantizar la vida, la LUC busca un modelo desregularizado y represivo donde parece que “lo urgente” son les pibes/as detenides pero no el desempleo que viene en aumento desde principios de año, llegando al 10% de la población económicamente activa. Tampoco parece ser urgente la escalada de la violencia intrafamiliar intensificada con el encierro: se registró un aumento del 80% en el seguimiento de la línea de atención por violencia de género.
¿Qué es lo urgente?
Las preguntas acá son: ¿qué es lo urgente? ¿qué es lo popular? La LUC no es una ley para el pueblo: es una ley en función de un modelo de país que es claramente coherente con los intereses del capital y de la agroindustria. La Ley de Urgente Consideración no es otra cosa que una reforma estatal disfrazada. El gobierno de Lacalle Pou encontró la oportunidad en el medio de una crisis mundial donde todas las desigualdades se profundizan. En más de 400 artículos, no hay una sola respuesta al desempleo y a la emergencia de salud.
Organizando la lucha, los y las manifestantes concentraron gran parte de sus reclamos anti-LUC con perspectiva social clara: la emergencia es la gente. Así lo denunciaron el jueves pasado y exigieron presupuesto nacional para satisfacer las necesidades del pueblo. Existe otro camino posible a la LUC pero para ello, es fundamental reconocer que el presupuesto tiene que ser para las personas y para una renta básica. Quizás mirando la historia reciente de Argentina, también sea momento de entender que lo que sí es urgente es buscar la construcción y la solidificación de una democracia directa. Ya no es solo cuestión de que se escuche al pueblo, sino también que el pueblo participe.
