Dos fallos de la justicia administrativa porteña, separados entre sí por un lapso de dos semanas, lograron frenar -al menos por ahora- el avance de dos proyectos inmobiliarios que pintan de cuerpo entero el modelo urbanístico que se impuso en la Ciudad de la mano de las sucesivas gestiones del PRO. La Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, hace dos semanas, y el Juzgado Nº 24 de primera instancia del mismo fuero, el jueves pasado, le dieron cada uno la razón a las agrupaciones de vecinos que en San Telmo y en Caballito se opusieron a resignar calidad de vida y a entregar el patrimonio histórico e interpusieron recursos de amparo para evitar el avance de la construcción de sendos edificios de varios pisos de altura en sus barrios. Ambos fallos declararon la ilegalidad de las obras que venían desarrollando las empresas TGLT e IRSA, respectivamente, por encontrarlas en clara violación del Código Urbanístico vigente. Pese a todo, las empresas tenían el aval del Ejecutivo para seguir construyendo, por lo que los fallos también pueden interpretarse como un revés para los intereses del Jefe de Gobierno.
“Para nosotros fue un triunfo, la demostración clara de que la obra era ilegal, pese a que el Gobierno porteño la había habilitado, insólitamente. Ahora le toca a la empresa, en todo caso, adecuar el diseño a lo que marca la ley”, celebró en diálogo con El Grito del Sur la arquitecta María Rosa Martínez, vecina de San Telmo organizada en Casco Histórico Protege, una de las agrupaciones que impulsaron el amparo contra el “Mamotreto”, el nombre con el que bautizaron el megaproyecto de TGLT, ubicado en las calles Caseros y Bolívar. Los vecinos no sólo lo rechazan por feo, sino porque el plan original de la empresa era levantar una torre de más de 26 metros, a pesar de que no está permitido edificar por encima de los 13 metros en esa zona.
El “Mamotreto”, pese a la oposición de los vecinos y las vecinas, se siguió construyendo con la venia del Gobierno de la Ciudad, que les dio igual el permiso para levantar hasta 29 metros de altura. Hubo dos reuniones entre los gerentes y los vecinos, que desde 2016 se oponen a la obra: la última terminó con una posición dura de la empresa y empezó el camino legal, de la mano de la ONG Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. El fallo de Cámara, a favor de los vecinos, parece darles la razón de forma definitiva: el amparo está vigente, las obras frenadas y la empresa interpuso un pedido de inconstitucionalidad casi como último recurso, pero incluso si lograse llegar hasta el final, perdería mucho tiempo hasta poder volver a poner un ladrillo. “Nunca les interesó cuidar el patrimonio de la zona ni atenerse a la ley. Su ambición desmedida los llevó a esta situación”, concluyó Martínez.
En Caballito, los vecinos y las vecinas se enfrentaron a un gigante. A IRSA, de capitales multinacionales y comandada por el banquero Eduardo Elsztain, se la relaciona fuertemente con la administración porteña. De hecho, se quedó con el viejo edificio del Banco Ciudad sobre la 9 de Julio (a precio ganga), donde funcionaron durante años oficinas estatales porteñas, y más tarde logró el permiso de la Legislatura para ampliarlo. En el epicentro de la Comuna 6, por ahora, no está teniendo tanta suerte. El fallo del Juzgado 24, a cargo de Darío Reynoso, le rechazó el avance de las obras de Caballito. La empresa apeló y ahora definirá la Cámara.
La cautelar a la que el juez dio curso surgió a partir de que los vecinos detectaron que IRSA seguía construyendo en plena cuarentena. Pese a las múltiples irregularidades de la obra, el Gobierno porteño la había aprobado. “Tenían todo atado con pinzas: el certificado de impacto ambiental mal hecho, con datos falsos, y confundían una parcela de un terreno con otra, por ejemplo”, describió la abogada Nadia Solodkow, que acompañó en el amparo a los vecinos y comuneros de la Comuna 6 por el Frente de Todos.
El conflicto entre los vecinos y la empresa –y el Gobierno porteño, que la apoya– se concentra en el destino que deben tener los terrenos conocidos como “Playón de Caballito”, tierras públicas cedidas por Nación a Ciudad pegadas a la estación del tren Sarmiento. Mientras el Gobierno porteño entrega las tierras al sector inmobiliario y alienta la construcción de torres, los vecinos se juntaron para hacer una propuesta alternativa, que tiene que ver con que el barrio tenga el parque verde que necesita. Lo hicieron de forma colaborativa, sobre la base del cuidado de la salud y la calidad de vida: a quien quiera escucharlos, le repiten que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda que cada barrio tenga entre 15 y 20 metros cuadrados de verde; en Caballito cuentan con 1,5. Larreta todavía no los escuchó.
El fallo del juzgado de Reynoso estableció que IRSA no tiene un proyecto integral para el terreno, sino por cada parcela tomada en sí misma, por lo que de alguna manera desnudó la trampa de la empresa para no presentar un plan ambiental acorde. Además, concluyó que si no hay una resolución pronta de fondo habrá “una afectación al medio ambiente, y a otros derechos también fundamentales como consecuencia de éste, como la vida, la salud y la integridad física de los habitantes del barrio de Caballito, en particular, y de todos los habitantes de la Ciudad en general”.
La empresa, en el tiempo que construyó, logró hacer uno de los pozos de la obra. Ya apeló el fallo de Reynoso y habrá que esperar lo que diga la Cámara. Mientras tanto, “los vecinos van a seguir pidiendo por el parque, por el espacio verde que necesitan y les corresponde, haciendo acciones de visibilización dentro del territorio, hablando con los medios, con los legisladores; hasta que no esté el parque no van a parar”, aseguró Solodkow.
