Okupas PRO: el Gobierno porteño busca apropiarse de la Casona del Parque Avellaneda

El Parque Avellaneda contiene desde hace 20 años un modelo de gestión participativa bajo el protagonismo de organizaciones sociales, vecines y representantes del Ejecutivo porteño. Sin embargo, el Jefe de Gobierno quiere romper este sano equilibrio con la ocupación de la Casona para instalar oficinas gubernamentales.

Aprovechando la baja circulación de personas en los últimos meses, el Gobierno porteño decidió ocupar la Casona del Parque Avellaneda. Ésta funciona como centro de arte contemporáneo, pero además es la sede de la co-gestión que hace más de 20 años administra el parque. “Es un capítulo más en la búsqueda permanente de este gobierno para hacer negocios con lo público”, afirmó Fabio Oliva, integrante de la Mesa de Trabajo y Consenso (MTyC), en diálogo con El Grito del Sur.

La antigua Casona de los Olivera fue construida durante el siglo XIX para ser la residencia de la familia propietaria de la entonces Chacra de los Remedios. Hoy en día, es el único casco de estancia que se mantiene en pie en la Ciudad de Buenos Aires. La Casona combina elementos característicos de distintas corrientes arquitectónicas: del estilo italiano, columnas y una fachada ornamentada; del estilo francés, un volumen de mansardas.

El Parque Avellaneda contiene desde hace 20 años un modelo de gestión participativa que, de la mano de organizaciones sociales, vecines y representantes del Gobierno porteño, logró imprimir un gran crecimiento cultural e identitario tanto en el barrio como en el espacio verde. Como resultado, algunas de las principales construcciones que formaban parte de la antigua estancia de la familia Olivera fueron reutilizadas para retribuir al barrio. Entre otras cosas, un centro de arte contemporáneo, una escuela secundaria y numerosas actividades culturales. Pero este equilibrio empezó a complicarse hace 8 meses.

Tras producirse la reelección de Horacio Rodríguez Larreta, el puesto de administrador del Parque Avellaneda quedó vacante. Al comenzar la cuarentena, el bloque oficialista de la Junta Comunal Nº 9 también dejó de formar parte de las reuniones de la Mesa. En paralelo, los vecinos empezaron a ver trabajadores circulando regularmente por la casona. Allí supieron que había nuevas dependencias del Gobierno porteño funcionando en este lugar. “Nos dimos cuenta que estaban cumpliendo horario ahí, esto nunca se había hablado. Y el último detonante fue cuando nos enteramos de que no habían dejado entrar al coordinador de cultura”, explicó Oliva.

El respeto a los canales de decisión colectiva en el Parque Avellaneda fue una realidad desde 1997. Ese año fue nombrado el primer administrador del parque, representante del Gobierno porteño y brazo ejecutor de las decisiones construidas en la mesa de consenso. Además, el funcionamiento de la Mesa fue avalado por la Ley 1153, sancionada en forma unánime por la Legislatura porteña: “se reconoce la organización social e institucional que se viene desarrollando en forma continua en dicho espacio, mediante prácticas consolidadas de gestión asociada que promocionan la participación ciudadana corresponsable en la planificación y el manejo del espacio público”. Desde la Mesa sostienen que actualmente esta ley está siendo eludida.

La Casona, que solía ser la cabeza de estancia de la familia Olivera, sigue manteniendo esa centralidad en el Parque. Desde hace dos décadas existen fuertes tensiones respecto a su utilización. El proyecto consistía en convertirla en una casa para visitantes ilustres. A partir de la presión de los vecinos y las vecinas, se terminó inaugurando como centro de arte contemporáneo y sede de la gestión asociada, tal y como se mantiene hasta el día de hoy. Un nuevo embate tuvo lugar en el año 2015. La casona había estado cerrada varios años por un incendio y, al momento de reabrirla, el Gobierno porteño propuso empezar a cobrarle a los artistas que expusieran en sus salas. Nuevamente, gracias a la red social tejida, se organizó una gran movida cultural que logró mantener el espacio como la comunidad pretendía.

“Sabemos que estamos tratando con un gobierno al que le molesta el tipo de gestión que hemos logrado establecer en el Parque Avellaneda, en los últimos años nos mantuvimos en un estado de alerta permanente”, sostuvo Oliva. “Lo que hemos construido es el futuro, la democracia no tiene otro camino que ir hacia una mayor participación ciudadana. Por eso llegamos a la denuncia, porque tenemos algo para decir y un modelo por defender”, concluyó.

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Julián Rodrigo Valdez

Estudiante de comunicación social (UBA), cronista y periodista, músico