Escalada represiva contra la venta ambulante

La Policía de la Ciudad desata otra cacería de senegaleses

Mientras el Jefe de Gobierno avanza con la reapertura de algunas actividades, otras son penalizadas a través de operativos violentos. Esta semana ya fueron detenidos seis vendedores ambulantes senegaleses, en una cruzada represiva que fue definida por las organizaciones como "xenófoba y racial".

La reapertura progresiva de actividades en la Ciudad de Buenos Aires está provocando una grieta entre quienes pueden volver a desarrollar sus labores en la «nueva normalidad» y quienes tienen aún vedada la vuelta. Uno de los sectores más golpeados a lo largo de estos cinco meses ha sido el de los vendedores ambulantes, que sintieron desde un primer momento la falta de recursos, la ausencia del Estado y una fuerte necesidad de salir a la calle para ganarse el mango del día.

Esta situación viene siendo aún más difícil para los manteros senegaleses, doblemente afectados porque no fueron contemplados en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y tampoco recibieron asistencia alternativa. Frente a la necesidad de trabajar, el Estado porteño les respondió con violencia institucional y racismo. En el marco de una denuncia de Fecoba y Came, esta semana la Policía de la Ciudad profundizó la represión y detuvo a seis vendedores ambulantes senegaleses que trabajaban en la zona de Once y Flores. ¿Los motivos de la detención? Ley de Marcas y Resistencia a la Autoridad, con golpes de por medio en operativos violentos que conllevaron el decomiso de la mercadería. La maniobra fue definida como «ilegal» por las organizaciones que acompañan a estos trabajadores.

«El problema es que la mayoría de los compañeros senegaleses no tiene DNI y muchos ni siquiera tienen residencia precaria. En el año 2013 se regularizó por última vez la documentación para migrantes. De esa forma, no pueden tener acceso a ninguno de los programas de contención del Estado para las personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad. Hoy no tienen mucha más opción que salir a trabajar», explicó a El Grito del Sur Agustina Mayansky, militante del MTE-CTEP.

Desde esta organización denuncian que «hay un componente xenófobo y racial muy fuerte en los operativos policiales para el desalojo de la venta ambulante». Actualmente, el MTE tiene una mesa de diálogo con los ministerios de Espacio Público, Desarrollo Humano y Seguridad, donde se llevaron tres propuestas para resolver la situación de irregularidad en que se encuentran estos trabajadores: ferias fijas o itinerantes -que actualmente no contemplan los circuitos de comercialización popular-, permisos para trabajar en la calle con puestos fijos por cuadra, y la apertura de mercados populares en lugares de buena circulación. Hasta el momento, no hubo respuestas del Gobierno porteño.

«El problema es que el Estado no permite una regularización y ordenamiento de la actividad, tanto los comerciantes como los vendedores ambulantes pueden convivir porque no venden lo mismo. Se tienen que dar herramientas y derechos para que tantos compañeros y compañeras dejen de trabajar en condiciones nefastas», concluyó Mayansky.