El día que Señorita Bimbo habló desde el piso de Intrusos de la necesidad de informarse sobre las maneras de realizar abortos seguros, “misoprostol” fue una de las palabras más googleadas en Argentina. Si bien este medicamento fue ganando visibilidad a partir de las luchas feministas, aún está atravesado por el tabú y la desinformación, lo que dificulta su acceso y puede generar consecuencias negativas en caso de no utilizarse en forma adecuada. Además, muchas de las personas que se acercan al servicio de salud para conseguirlo son maltratades y estigmatizades, como si el “bancate la pelusa” siguiera vigente.
Las pastillas de misoprostol son el método más utilizado en nuestro país para interrumpir embarazos durante el primer trimestre y, en caso de usarse de manera correcta, tienen un 85% de efectividad. Este medicamento fue considerado esencial por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el propio Protocolo Nacional de ILE lo recomienda durante los primeros tres meses de gestación si no hubiera complicaciones previas. Los feminismos lo reivindican por ser menos invasivo, ambulatorio y no requerir anestesia, lo que permite desmedicalizar la práctica, ganando autonomía sobre los cuerpos gestantes.
En Argentina hay solo dos medicamentos que contienen misoprostol: el Oxaprost, de Laboratorios Beta -que hasta el 2018 reunía el monopolio de la droga-, viene combinado con diclofenac y está indicado para patologías gástricas. El Misop 200, de Laboratorios Domínguez, se aprobó con fines gineco-obstétricos en 2018 y salió a la venta ese año en presentaciones de 12 comprimidos con un precio 13% más bajo por pastilla. Además el Oxaprost viene de a 16 comprimidos, lo cual -considerando que para cada aborto se necesitan 12- supone pagar 4 de más.
Si bien la posibilidad de acceder al medicamento depende de muchas variables -la predisposición de les profesionales de la salud, el acompañamiento o no que se tenga, el acceso a la información, las barreras culturales e incluso idiomáticas-, la brecha de clase es una de las más marcadas. Según los datos del informe “Misoprostol: ¿accesible para quiénes?”, lanzado ayer por MISObservatorio, en 2011 la caja de pastillas rondaba entre los $240 y $320 y en 2015 ya llegaba a los $ 611. Sin embargo, cuatro años más tarde alcanzaría los $8400 para estar actualmente en $8600.
Entre los años 2011 y 2015, el precio del Oxaprost tuvo una evolución nominal del 91%; si esto se compara con la inflación acumulada del período (198,1%), el aumento fue bastante por debajo de ésta. Sin embargo, los siguientes cuatro años no tendrían la misma suerte. Durante el gobierno macrista esta marca sufrió 47 aumentos, teniendo una evolución nominal de 1280,49% que, comparada con la inflación acumulada -que llegó a un 278,2% en el período-, da un resultado de 256,5% por encima de la suba general de precios. Es decir que la manera más accesible para abortar se infló dos veces y medio por encima de su valor original durante el macrismo, mientras los sueldos se licuaban, la desocupación se agudizaba (los porcentajes de desempleo e informalidad laboral castigan en mayor medida a las mujeres) y muchas mujeres tenían que salir a buscar otros trabajos para parar la olla, una realidad que se recrudece en el caso de lesbianas, travestis y trans. Mientras el feminista menos pensado se arrogaba democracia y perspectiva de género, en el palacio legislativo la posibilidad de interrumpir embarazos de forma segura se disolvía como los pesos en los bolsillos. Este aumento sólo se frenó cuando, a días de asumir, Alberto Fernández firmó un acuerdo con los laboratorios para bajar un promedio del 8% en el precio de los medicamentos hasta el 1 de febrero de 2020. El arreglo se mantuvo hasta junio, cuando ambas marcas lo subieron alrededor de un 4% y volvieron a ajustarlo en julio.
«Hacer un seguimiento del precio de las presentaciones comerciales de misoprostol es importante por dos motivos: primero, porque permite analizar la evolución de su costo a lo largo del tiempo. Y en segundo lugar, para poder comparar la evolución de los aumentos en relación con otras variables, como la inflación y los ingresos. Si el precio aumenta y los ingresos caen, el misoprostol se torna cada vez más inaccesible y eso lesiona el derecho a la salud de las personas que necesitan utilizarlo», explica Candela García, coordinadora del MISObservatorio.
Según el relevamiento de Socorristas en Red, que acompaña a personas gestantes a interrumpir embarazos a lo largo y lo ancho del país, durante el año pasado -de los 12.575 casos acompañados- el 85% se realizó un aborto medicamentoso. En el 96,5% de los casos resultó efectivo, lo que representa 12.181 personas gestantes. Si bien sabemos que el aborto lejos está de ser una cuestión de clase, la cara más hostil del sistema médico y la industria farmacéutica la siguen enfrentando les pobres: las Socorristas en Red relevaron que del total de personas que se acercaron a recibir información el año pasado (14.802), el 42% no tenía trabajo remunerado, y del otro 58% que sí tenía, 30,2% estaba en la informalidad. Los números del Observatorio son aún más desgarradores: si en 2010 la caja de Oxaprost representaba un 20% del salario mínimo vital y móvil, hoy -considerando que éste es de $16875- llega casi a la mitad. La injusticia solo recrudece si se sigue ahondando: mientras el costo mínimo del misoprostol en marzo del 2020 fue de $4828, el ingreso promedio de las mujeres del decil más bajo en el primer trimestre de este año fue de $3949, es decir, un 18,2% por debajo del costo del medicamento. Este sector de la sociedad abarca alrededor de 1,2 millones de mujeres que son empujadas a los márgenes del sistema, exponiéndolas a procedimientos riesgosos e insalubres. Una vez más, el peso de la clandestinidad se paga con la vida de las más pobres.
Desde MISObservatorio creen que controlar el precio, la distribución y el acceso al medicamento puede generar grandes progresos. Entre las propuestas que impulsan está incluir el misoprostol en el Plan Médico Obligatorio, alentar la producción pública para generar alternativas competitivas, evitar los sobreprecios y habilitar convenios entre los laboratorios y la Nación. Además resaltan la importancia de promover un registro de seguimiento de precios en torno a la inflación. Si las redes de socorristas, profesionales por el derecho a decidir y agrupaciones feministas supieron -y saben- contener las necesidades de las mujeres, lesbianas, travestis y trans que eligen abortar, es hora de que el Estado tome en sus manos la tarea de socializar el acceso a métodos seguros -medicamentosos o no- para saldar la deuda de la democracia con las personas gestantes y lo antes posible garantizar que sea ley.
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