Que la justicia es patriarcal, racista, clasista y misógina está claro hace tiempo. Bajo este ansia punitivista, el sistema penal y todo el aparato estatal divide a la población entre amenazados y amenazadores, vulnerables y peligrosos, inocentes y culpables, y previsiblemente, las mujeres de clase baja siempre quedan del segundo lado del par. Eso mismo le pasó a Cristina Vázquez, quien luego de pasar once años presa por un crimen que no cometió, fue encontrada muerta ayer en su casa de Posadas, Misiones. El cuerpo sin vida de Cristina (38 años) fue hallado por su hermana María Alejandra, quien alertó a la policía luego de varios días sin que le contestara el teléfono. Si bien aún no está confirmado, algunos medios ya hablan de que se trataría de un suicidio.
El calvario de Vázquez parecía haber terminado el año pasado, cuando a finales de diciembre obtuvo su libertad tras once injustos años de encierro. La historia es larga. En el año 2001, Vázquez y su amiga Cecilia Rojas -quien pasó 14 años en cautiverio y también fue liberada en 2019- fueron acusadas de matar a Erselida Dávalos de Insaurralde, de 79 años, jubilada del Poder Judicial provincial, quien fuera asesinada a martillazos en su casa. Aunque no hubo testigos del hecho y faltaban pruebas -la alarma no se activó y ni las puertas ni las ventanas estaban rotas-, la policía dictaminó que se trataba de un asesinato por robo. A partir de esto y con el testimonio de una sola mujer que dijo haber visto a Ricardo Jara -pareja de Cecilia Rojas- vendiendo unas pertenencias de la anciana, la pareja quedó imputada y con ellos Vázquez, tan solo por conocerlos y ser vecina de la víctima. La testigo no se volvió a presentar en ninguna instancia de la investigación ni dio detalles. Según manifestó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “no hubo pruebas ni testigos suficientes que la relacionen con el caso y el tribunal construye la culpabilidad de Cristina Vázquez en base a rumores, cargados de prejuicios de género y de clase”.
Si bien tanto la mujer como su defensa aseguraron durante todo el proceso que en medio del episodio la muchacha de entonces 19 años estaba a 8 kilómetros del lugar, la justicia decidió hacer oídos sordos a las pruebas que lo constataban. En el año 2002, tanto Cristina como Cecilia fueron presas para ser liberadas un tiempo después y detenidas nuevamente en 2008. Dos años después, en 2010, fueron condenadas a prisión perpetua por homicidio calificado. El fallo fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones y, aunque en 2016 la Corte Suprema apeló ordenando que se lo revisara íntegramente, esto no sucedió y volvió al STJ.
En 2019, la mujer fue absuelta por la Corte Suprema de Justicia al dictaminar que la manera en que se había tratado la causa contra Vázquez y Rojas no había sido justa. Para ello la Corte se basó en que la revisión del fallo que reafirmó la sentencia había sido deficitaria, sesgada e injusta, sin considerar la garantía de inocencia presunta, el derecho a ser oído ni la garantía de la defensa, entre otras fallas.
“Yo quiero que esta causa, que estos 11 años que estuve presa siendo inocente, sirvan para que los jueces, la Justicia misionera y la del país cambien, que simplemente hagan lo que tienen que hacer: que cumplan con la ley, con la Constitución y los códigos”, había expresado Cristina a la prensa luego de obtener la libertad.
Al conocerse la noticia, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, posteó en su cuenta de Twitter: “Cristina Vázquez pasó 11 años presa por un crimen que no cometió y fue absuelta por la Corte SJN recién en diciembre pasado. Víctima de un sistema patriarcal, condenada por ser mujer y pobre. Lo seguimos diciendo: necesitamos una reforma judicial con perspectiva de género”. Esto último en referencia al proyecto a tratarse hoy, que incluye dos artículos donde se habla de la necesidad de contemplar la integración de mujeres y diversidades a la Justicia.
Desde la colectiva misionera SOMOS PARTE -Red en Defensa de los Derechos Humanos- exigieron justicia y respuesta por parte del Estado. “Desde SOMOS PARTE repudiamos enérgicamente la criminalización de la pobreza, de la juventud y de la feminidad de la que fueron parte Cristina y Cecilia, pero también alzamos nuestras voces en pedido de justicia. Porque esta ministra (Liliana Picazo, la fiscal que instruía la causa y hoy es Ministra del Alto Cuerpo del Superior Tribunal de Justicia misionero) es la cara de un Estado que para Cristina estuvo ausente. […] Porque el Estado provincial avanzó en la revictimización constante de la figura de Cristina y, lejos de ofrecerle soluciones, sólo puso a su disposición un ‘trabajo’ bajo la órbita de la organización Cáritas”.
La historia de Cristina también llegó a la pantalla grande a partir del trabajo de la directora Magda Hernández Morales y la productora Gabriela Cueto, que realizaron la película “Fragmentos de una amiga desconocida”. Ayer la directora del largometraje escribió en su cuenta de Twitter: “Exigimos que los y las responsables de que Cristina haya pasado tantos años en la cárcel injustamente, reciban algún castigo y que no sigan ascendiendo en la estructura del poder judicial. Exigimos que la vida de Cristina y su sufrimiento no sean en vano”.
