Primero fueron 90 millones de pesos para reparar veredas de la Costanera. Luego 28 millones de pesos para máquinas expendedoras de bebidas y snacks. Se le sumaron 1.300 millones para reparaciones y mantenimiento de edificios de policías. Luego 220 mil dólares para el equipamiento de bowling del Club de Tiro de CABA. Y, por si fuera poco, se le suman 34 millones para botas tácticas policiales. Todo esto al calor de la pandemia.
Los gastos del Gobierno de la Ciudad en pleno auge del coronavirus revelan no solamente su falta de vocación sanitaria sino sus prioridades. En un momento donde resulta imperante fortalecer el sistema de salud, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta sigue empeñada en hacer dos tipos de gastos: en seguridad o profundamente banales. Pero lo de ayer fue la gota que rebalsó el vaso: según se publicó en el Boletín Oficial, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, aprobó la contratación de la empresa Telecom para complementar el Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces de Uso Oficial (SRCEO), con fines policiales.
Esta contratación llamó la atención, ya que atenta contra todas las normativas vigentes: las contrataciones directas del GCBA poseen un monto límite que, para el corriente año, se ubica en 405 millones de pesos. Una cantidad seis veces menor que la empeñada por el vicejefe de Gobierno para contratar el servicio de la compañía recientemente adquirida por el Grupo Clarín.
En plena emergencia, el Gobierno porteño se ha valido de la Ley de Emergencia Económica para validar ciertas compras. Sin embargo, dicha ley no permite saltear procedimientos de compra. La contratación se suma a una serie de irregularidades que ha evidenciado la administración porteña en el manejo de la pandemia. La más recordada es la compra de barbijos vencidos a 3 mil pesos la unidad a una empresa de Singapur sin página web ni domicilio fiscal.
En ese marco, la oposición legislativa del Frente de Todos señala que la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia está presidida por el propio oficialismo, que ha frenado el avance de los procesos de auditoría sobre compras y contrataciones en el marco de la pandemia.
