Esta vez es en serio, no estamos mintiendo, algo (mejor dicho, bastante) se prende fuego. Básicamente se prende fuego la mitad de América Latina, literal. ¿Por qué se incendia todo? ¿Quién es responsable? Para empezar, tenemos que diferenciar los dos grandes focos de incendios que ocurren hoy en nuestro país: por un lado, la región del Delta del Río Paraná (con fuego descontrolado hace meses) y, por el otro, las sierras de Córdoba. Si bien son ecosistemas y procesos diferentes, probablemente encontremos denominadores comunes.
En el caso de las islas del Delta, vale decir que el fuego es una práctica productiva común en la actividad ganadera, y su origen se asocia a su potencial para regenerar los pastizales naturales y así darle de comer al ganado. Es importante destacar que cuando hablamos de producción ganadera en las islas no necesariamente estamos hablando de la Sociedad Rural, sino que en la mayoría de los casos hablamos de pequeñas producciones y población isleña que viven hace tiempo en un delicado equilibrio con el ecosistema.
El problema es que estos incendios, que se iniciaron a principios del 2020, continúan como si nada importara. Esto se debe fundamentalmente a dos factores: la falta de capacidad para frenar el fuego producto de malos sistemas de alerta temprana y la enorme sequía que estamos teniendo en este año -sumado a la bajante histórica del Río Paraná-. Ahora bien, parece irracional que habitantes locales hayan utilizado esta práctica en un año como éste, poniendo en riesgo su producción y su vida; nadie entiende las dinámicas del ecosistema como la gente que vive y habita las islas.
En este contexto, a principios de mes se conoció la noticia de que un grupo empresario de Rosario acudió al Concejo Deliberante de Victoria solicitando lotear las islas para un emprendimiento privado. Con total impunidad moral y sin carpa, mientras el humo llega a la ciudad rosarina afectando la salud de los y las vecinas, hay grandes grupos inmobiliarios decididos a especular con lo que queda de las islas. Nada nuevo por estas latitudes: la presión inmobiliaria sobre los ambientes menos antropizados es común en distintas regiones de nuestro país y resulta que el fuego es un aliado estratégico.
Por su parte, en las últimas semanas se desataron distintos focos de incendios en la Provincia de Córdoba que ya arrasaron aproximadamente con 30 mil hectáreas, lo que llevó al gobierno provincial a declarar el área como «zona de desastre agropecuario». Una cosa es clara: los incendios son intencionales. Tanto en Córdoba como en el Delta hay personas detenidas por haber iniciado alguno de esos focos que hoy se propagan descontroladamente poniendo en peligro la fauna, la flora y las viviendas de la población cercana. Del mismo modo que en el Delta, las organizaciones sociales cordobesas denuncian el avance de la frontera inmobiliaria como una de las principales causas de estos incendios que incluso perjudican de gran manera a productores agropecuarios y comunidades rurales de la región.
Sin querer profundizar en las consecuencias ambientales de estos eventos (sólo digamos que, entre otras cosas, la pérdida de bosques nativos o la destrucción de humedales aumentan las probabilidades de que ocurran graves inundaciones que afecten a sectores vulnerables de la sociedad), debemos entender que los problemas de fondo no son el fuego ni la sequía (que, sin dudas, complejizan el panorama), sino la falta de planificación y de un ordenamiento ambiental del territorio por parte del Estado. La ecuación es la misma en todos los ámbitos de la vida: cuando se corre el Estado, gobierna el mercado, y si lo que está en juego es el ambiente (o como nos gusta decir, nuestros bienes comunes naturales) las consecuencias están a la vista.
Dicho esto, nos gustaría resaltar algo que es central para discutir estos temas: el ambiente SIEMPRE incluye a la gente de cada territorio. En este caso, no podemos pensar a las islas del Delta (o humedales) sin les productores y les isleñes. Tenemos que evitar caer en la idea de un ambiente natural prístino, impoluto y donde no haya rastros de un ser humano. Esa romantización de la naturaleza cierra sólo con la gente afuera, es excluyente y es hacia donde quieren llevar la discusión los sectores concentrados de la economía. Entonces, si no cuidamos al ambiente afectamos a la gente (generalmente a los sectores más vulnerados e invisibilizados), porque somos parte de un mismo ecosistema. Mientras todo este desastre ambiental avanza, soportamos las consecuencias de una pandemia que azota al planeta entero y tiene sus orígenes también en el avance de las actividades antrópicas sin la planificación adecuada. Ante todo este escenario, el gobierno nacional tiene además la responsabilidad de resolver el dilema de cómo conseguir divisas para mejorar los índices socio-económicos y volver a promover la movilidad social ascendente luego de 4 años de macrismo que sometieron a grandes sectores de la población dejando sólo tierra arrasada.
Por otro lado, hay sectores del ambientalismo que estigmatizan a quienes buscan (buscamos) compatibilizar producción con conservación; al mismo tiempo, otros sectores de la sociedad reniegan de los reclamos conservacionistas caracterizándolos como una traba para el desarrollo. Ni una cosa, ni la otra; si comprendemos que el ser humano es parte del sistema natural y que modificándolo altera sus condiciones de vida actuales y futuras (para bien o para mal), deberíamos entender que quien debiera compatibilizar las acciones de la gente con las necesidades del ecosistema es el mismo Estado.
Para sortear esta falsa dicotomía entre producción y conservación (sólo funcional a los sectores concentrados de la economía), necesitamos más y mejor presencia del Estado. Más organización, más planificación territorial, más instancias de co-creación de políticas públicas, más diálogo con los actores territoriales y menos lobby de los grandes capitales (inmobiliarios, agropecuarios, energéticos). Una vez más, como ocurrió con el Amazonas hace unos pocos meses, los incendios en distintas regiones de la Argentina dejan en evidencia los intereses de un sector que representa a pocxs y que sólo busca acrecentar sus ganancias a costa del conjunto de la población.
¿Y cómo les ganamos a estos lobbistas? Con organización y militancia. Resulta esencial exigir políticas públicas y un Estado presente, pero los grandes cambios vienen acompañados de conciencia social y demanda popular. No está de más mencionar que, en el contexto del ASPO, las movilizaciones colectivas contra las quemas en el Delta (convocadas por quienes sufren actualmente en carne propia las consecuencias en su salud) no generaron tanto eco en los medios como las que acontecieron por quienes priorizan sus derechos individuales.
Debemos sumergirnos en esta incómoda discusión que nos demanda un cambio de paradigma. Pensar políticas públicas que generen empleo, incluyan a los sectores más postergados y nos brinden herramientas para superar las consecuencias de la pasada noche neoliberal es hoy una urgencia. Pero hacerlo sin incorporar la dimensión ambiental a la discusión sólo profundiza las desigualdades y beneficia a unos pocos.
La tarea consiste, entonces, en construir un ambientalismo popular y desarrollista, que desafíe esta falsa dicotomía que nos quieren imponer y que vaya tras un verdadero crecimiento con inclusión social. El ambientalismo se puso en marcha y el cambio es inevitable: realmente no va a haber justicia social sin justicia ambiental. El ambientalismo popular llegó para quedarse, cuidarnos y cambiarlo todo.
Hernán Hougassian (@hhougassian) es Licenciado en Ciencias Ambientales (UBA) y
Julieta Liftenegger (@j_lifte) estudiante avanzada de la Licenciatura en Ciencias Ambientales (UBA)
