El decreto que declaró «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a la telefonía celular, Internet y otras Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) puso en el centro del debate el acceso de los sectores populares a lo que la ONU ya declaró como un derecho humano en julio de 2016. El propio Alberto Fernández se refirió al tema para justificar su decisión: «Lo que más me decidió fue una charla que tuvimos con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde me explicaba que había 6.000 chicos que tenían que volver a estudiar a las escuelas, porque la conectividad de Internet les llegaba mal», dijo. La explicación del Presidente puso el dedo en la yaga en el conflicto abierto que Horacio Rodríguez Larreta mantiene con la comunidad educativa porteña, que rechaza la propuesta oficial de volver a abrir las escuelas e insiste en su reclamo de que el Estado provea las computadoras y la conexión necesaria para que les pibes y pibas puedan estudiar desde sus casas. En ese marco, un conjunto de organizaciones sociales y ONGs vinculadas a la problemática lanzaron una plataforma que permite visibilizar en tiempo real el déficit de las conexiones a Internet en villas y asentamientos no sólo de la Ciudad, sino de todo el país y del resto del continente.
La plataforma se llama «Acá no hay Internet» y fue impulsada por las organizaciones WINGU, Red comunidades, TECHO, Diversidad Rural y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). «La plataforma es un primer paso para evidenciar el problema del acceso a Internet en América Latina e incidir en acciones que garanticen que más personas cuenten con este derecho. Ante la pandemia de COVID-19 y las medidas de aislamiento social obligatorio, se dispuso que la escolaridad y la mayoría de los trámites continuarán por vías virtuales. Estas medidas pusieron en evidencia la situación de desigualdad que atraviesan las comunidades rurales y asentamientos informales en lo que se refiere al acceso a Internet sumamente deficitario», explicaron desde ACIJ sobre la iniciativa.
Los primeros datos del mapeo colectivo (que puede completarse en www.acanohayinternet.org) describen el panorama que las organizaciones populares y los sindicatos docentes vienen denunciando hace meses: las zonas rojas, que marcan las denuncias de los usuarios ante la falta del servicio, se concentran en la Villa 31 de Retiro, la 21-24 de Barracas, el barrio Zavaleta en Pompeya y los barrios de Lugano y Villa Soldati, entre otros. «Contar con conexión a Internet resulta una precondición para poder acceder a otros derechos, como a la educación, a la salud, a realizar trámites y reclamos, a la información, a la cultura e incluso a vincularse con otras personas», resaltaron desde ACIJ.
La problemática ya fue judicializada en junio y el juez en lo Contencioso Administrativo Andrés Gallardo le ordenó al Gobierno porteño a proveer Internet y computadoras a les estudiantes de los barrios populares sin conectividad. La Ciudad apeló y logró que la Cámara del mismo fuero mantuviera la sentencia original respecto de las computadoras, pero le liberara de garantizar la conexión.
La Garganta Poderosa, por su parte, ya había lanzado la campaña #contagiáconectividad, que apuntó a la solidaridad de artistas y dirigentes para visibilizar la situación. «Miles y miles de infancias en los barrios populares continúan a la espera de alguna respuesta certera que al menos intente titubear algún tipo de continuidad escolar, aquí donde no llega la conectividad. Aquí, donde falta invertir todavía el 50% del presupuesto para «Infraestructura y equipamiento», el 53% para «formación tecnológica» y el 67% del «Plan Nacional de Educación Digital», denunciaron. En un texto publicado a través de redes sociales, La Garganta ventiló las internas entre el ministro Nicolás Trotta y la ex viceministra Adriana Puiggrós, que terminó por renunciar en el marco del conflicto por la falta de conectividad como trasfondo.
Cuando la pelea comenzó a escalar, la Secretaría de Innovación Pública y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM – encargado de reglamentar el decreto del Presidente) entregaron unas 18 mil tarjetas para Internet en las comunas 4 y 8 de la Ciudad, lo que fue leído como una primera aceptación oficial de un problema que había empezado el primer día de la pandemia.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
https://elgritodelsur.com.ar/2020/08/cronica-fallido-regreso-a-las-aulas-operacion-desarticulada.html
